El diputado Julio César Godoy no acudió el viernes a su cita con la sección instructora. Adujo un problema familiar (la salud de su madre) que lo obligó a viajar a Michoacán. El órgano legislativo que dictaminará si procede su desafuero lo convocó para hoy lunes. Se incriminará a sí mismo en caso de ausentarse de nuevo, pues dará lugar a la conjetura que ha huido para ponerse a salvo de la prisión con que se le amenaza. Si se presenta este mediodía, podrá desarrollar su defensa contra el segundo pedido de la Procuraduría General de la República, que solicita retirarle su inmunidad parlamentaria a fin de llevarlo ante la justicia por sus presuntos nexos con el narcotráfico, y más específicamente con Servando Gómez, apodado La Tuta, a quien se tiene como jefe de La Familia Michoacana, la banda delincuencial con pretendidos pujos moralistas que ha extendido su presencia hacia el Estado de México.
Temprano el jueves por la mañana el periodista Carlos Puig dio a conocer en W Radio la grabación de una conversación telefónica entre Gómez y Godoy, donde se manifiesta el nexo entre el entonces candidato y La Tuta, en el supuesto caso de que en efecto de este último se trata. Se aportó como elemento de referencia, a fin de identificar a Gómez, un telefonema que él mismo hizo el año pasado a la televisora del Gobierno michoacano. Pero es una referencia insuficiente, pues nada hay que corrobore que la persona que llamó al conductor de un programa en Morelia sea efectivamente La Tuta.
La conversación grabada tuvo lugar el 12 de junio, cuatro días antes de que se expidiera la orden de aprehensión contra Godoy, que no pudo ser cumplida aún porque el ahora diputado se mantuvo prófugo por más de un año, hasta que en septiembre rindió protesta en la Cámara y quedó investido del fuero del que la Procuraduría busca desposeerlo.
Filtrar la grabación, difundirla antes de que la conociera la sección instructora, tuvo un contundente efecto político y mediático, que era el propósito de la infidencia. Salvo que privadamente se les diera a conocer alguna evidencia adicional, dirigentes del PRD que hasta ese momento defendieron la inocencia de Godoy (como tiene que ser, pues lo asiste la presunción respectiva, que beneficia a todo inculpado hasta que una sentencia firme lo declare culpable), se distanciaron de él. Si lo hicieron sólo por el efecto de la grabación difundida, habrían caído en el juego de la PGR, urgida de recobrar credibilidad después de su colosal fracaso en las acusaciones contra 35 funcionarios estatales y municipales (incluidos diez alcaldes) en una vasta operación de que forma parte la persecución penal contra Godoy y que se conoce como el michoacanazo.
Si la grabación del diálogo entre La Tuta y Godoy fue ilegal, carece de valor jurídico, pero lo tuvo ya en el orden político y de opinión pública, donde ya se da por hecho que existe un nexo entre ambos. El propósito de mostrar al público antes que a la Cámara de Diputados la prueba de la culpabilidad de Godoy se perfeccionaría si el imputado no se presenta hoy ante la sección instructora, pues si en efecto mantuvo ligas con La Familia Michoacana y sabe que la PGR puede probarlo, su ausencia del viernes, confirmada hoy significaría que ha huido. Habrá que esperar poco para saberlo.
El diputado priista Arturo Zamora, uno de los cuatro integrantes de la sección instructora (los restantes son César Augusto Santiago, que la preside y es también priísta; la perredista Thelma Guajardo y César Octavio Madrigal, del PAN) está obligado, como sus compañeros, a abordar el desafuero con imparcialidad y objetividad. Pero no podrá dejar de aportar su propia experiencia a la valoración del expediente y de la filtración con la que se pretende corroborar los cargos contra el diputado michoacano.
Zamora fue víctima del uso político de la PGR hace cuatro años, cuando era candidato al Gobierno de Jalisco. Dos semanas antes de los comicios, el Grupo Reforma publicó un informe de la DEA que involucraba con el narcotráfico al entonces alcalde de Zapopan con licencia. Personalmente el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, avisó que el ministerio público federal tenía en curso una averiguación previa contra Zamora, por ese asunto. Se informó también que había otra, por un presunto fraude al IMSS, denunciado el 30 de mayo por Manuel Espino, a la sazón presidente del PAN. Se abundo en pormenores: se dijo que Zamora poseía nueve predios y edificios obtenidos con fondos de procedencia ilícita.
En vísperas electorales, el revuelo que provocaron esas informaciones se reflejó en la opinión de los ciudadanos. Hasta ese momento, las preferencias electorales eran favorables al candidato del PRI. Pero en la jornada electoral el resultado le fue adverso, si bien por una mínima diferencia. Aunque sea imposible probarlo, no es una conjetura extravagante suponer que la acusación divulgada por la PGR mermó votos al aspirante priista, porque una porción menor del público atendió la secuela, que consistió en que la oficina de Cabeza de Vaca se desdijera de las imputaciones, y reconociera que Zamora era propietario no de nueve, sino de dos casas cuya dominio había acreditado plenamente.
Si Godoy llega este mediodía a San Lázaro y enfrenta la segunda acusación con base en los fallos de jueces que desestimaron la grabación de marras, será difícil que la Cámara lo desafuere, porque en la bancada priista se percibe un ánimo contrario a ese propósito gubernamental.
