Legislan sin prisas tráfico de armas

El Senado y la Cámara de Diputados mantienen congeladas diversas reformas y puntos de acuerdo para endurecer el castigo contra el tráfico de armas y presionar al Gobierno de Estados Unidos para combatir el problema.

Desde abril de 2009, los diputados conservan en comisiones de trabajo dos reformas impulsadas por la bancada del PRI en el Senado, en las que se obliga al Ejecutivo a incorporar las amenazas en materia de seguridad en la Agenda Nacional de Riesgos y se incrementan los castigos contra los funcionarios involucrados en tráfico de armas.

En el segundo caso, la reforma -aprobada por el Senado-- modificó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para incrementar las sanciones penales en contra de los funcionarios que permitan el tráfico de armas, que podrán ser castigados hasta con 90 años de cárcel.

La minuta, congelada en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Baja, establece que los funcionarios que permitan el ingreso y la transportación ilegal de los artefactos también serán sancionados con la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Según los legisladores, la iniciativa tiene como propósito principal impedir la introducción ilegal de armas a México, al endurecer las penas contra servidores púbicos.

Con las modificaciones al Artículo 84 de la Ley, se establece una pena mínima de 15 y una máxima de 45 años a los servidores que no impidan el tráfico de de armas a México. La sanción podría aumentarse hasta el doble.

Fernando Castro Trenti, senador del PRI, condenó la parálisis legislativa y demandó a los diputados acelerar el dictamen y aprobación de las leyes pendientes, con la finalidad de dotar al Ejecutivo de más instrumentos para hacer frente a ese tipo de delitos.

Por otro lado, también a petición del PRI, el Senado envió una excitativa a su propia Comisión de Relaciones Exteriores para que se dictamine, a la brevedad, un llamado al congreso federal y legislaturas locales de la región fronteriza de Estados Unidos para que legislen para combatir el tráfico de armas hacia México y evitar su "fácil adquisición".

Castro Trenti dijo que 2009 fue el año más violento, pues concluyó con un total de 7 mil 800 ejecuciones, cometidas, en su mayoría, con armamento que proviene de Estados Unidos y que ingresó de manera ilegal por la frontera Norte.

Recordó que en el caso del asesinato de tres personas relacionadas con el Consulado estadounidense en Ciudad Juárez, se vieron involucradas bandas criminales que utilizaron justamente ese tipo de armamento, que pudo provenir de alguna de las más de 12 mil tiendas localizadas en la zona fronteriza.

 APURAN A EU

Mientras el Legislativo evade la discusión de leyes contra el tráfico de armas, el Gobierno mexicano urge al de Estados Unidos emprender medidas en la materia.

El jueves pasado, funcionarios federales recordaron al país vecino su responsabilidad en la lucha antinarco.

"Es indispensable detener el flujo de armas ilícitas a través de la frontera Norte, en particular las armas automáticas de asalto cuya venta estaba prohibida en Estados Unidos hasta 2004", dijo Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación.

Piden comparecencia sobre seguridad

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados solicitará la urgente comparecencia del Gabinete de seguridad pública, para que rinda cuentas sobre la reunión que sostendrá esta semana con un grupo de funcionarios de Estados Unidos, encabezados por la secretaria de Estado de esa nación, Hillary Clinton.

En un comunicado, el diputado Jesús Zambrano aseguró que la delegación mexicana deberá informar sobre los acuerdos alcanzados con las autoridades norteamericanas, sobre todo ante la fallida guerra contra el narcotráfico en el territorio nacional, que ha causado la muerte de 18 mil personas en lo que va del sexenio. El legislador exigió además que las autoridades mexicanas mantengan una actitud digna frente a las autoridades norteamericanas, aún cuando exista la intención de solicitar más ayuda para enfrentar el problema de la delincuencia.