La demacrada figura de Franklin Brito se convirtió en un símbolo para los opositores de Chávez, que se sumaron a la familia para acusar al gobierno de violar los derechos del activista. (EFE)
Un agricultor venezolano que realizó varias huelgas de hambre para protestar contra la invasión de su finca por decisión gubernamental, murió el lunes en un hospital militar, iniciando una serie de acusaciones entre los críticos del presidente Hugo Chávez y el gobierno.
La demacrada figura de Franklin Brito se convirtió en un símbolo para los opositores de Chávez, que se sumaron a la familia para acusar al gobierno de violar los derechos del activista.
La familia de Brito anunció el deceso en un comunicado la noche del lunes, en el que informaron que su cuerpo "dejó hoy de realizar funciones vitales".
El campesino, de 49 años, había dicho que sus protestas tenían como fin obligar al gobierno de Chávez a reconocer que violó sus derechos de propiedad al dar permiso a vecinos para que se mudaran a su granja. Esa estrategia se ha repetido en muchos lugares a medida que el gobierno de Chávez apoya la toma de granjas que considera no productivas.
Brito pasó los últimos meses en el hospital militar de Caracas debido a su condición deteriorada. El agricultor fue llevado allí, en contra de su voluntad, por las autoridades que lo recogieron en su zona de protesta, frente a las oficinas de la Organización de los Estados Americanos.
El gobierno ha disputado la versión de Brito diciendo que actuó de forma correcta en el caso y a veces ha puesto en entredicho la salud mental del campesino. Los funcionarios aseguran que su único objetivo al llevarle al hospital era preservar su vida.
Activistas de los derechos humanos y políticos opositores condenaron la actuación del gobierno en el caso.
"La muerte de Franklin Brito es consecuencia de la intransigencia, de la manera prepotente como se está gobernando en Venezuela, y de la falta de abrir espacios de diálogo para resolver conflictos", dijo a The Associated Press Marino Alvarado, dirigente del grupo de derechos humanos Provea.
"Este es un caso que pudo haberse resuelto con un poco de voluntad para dialogar y para resolver", agregó.
El ministro de Agricultura de Chávez, Juan Carlos Loyo, dijo que Brito siempre tuvo el apoyo del gobierno y que los funcionarios nunca se propusieron expropiar sus tierras.
En declaraciones transmitidas por la estatal Agencia Venezolana de Noticias, Loyo recordó que visitó recientemente a Brito en el hospital sin "ningún tipo de estridencia periodística".
Se trató de una visita "con espíritu de ver, una vez más, como podemos ayudar por razón humanitaria", sostuvo.
El también presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI) consideró que de sectores opositores se aprovecharon de la "buena voluntad" de Brito para fines políticos y que eso había "llegado a poner en riesgo su vida".
La hija de Brito, Angela, dijo el martes al canal de televisión venezolano Globovisión que la familia estaba esperando que les devolvieran su cuerpo y que les habían dicho que se estaba llevando a cabo una autopsia.
El hermano del campesino, Héctor Brito, dijo el lunes por la noche que la familia estaba molesta porque no se les había entregado el cuerpo.
Angela Brito destacó que la lucha de su padre "era una lucha por los derechos humanos".
No hubo una reacción inmediata por parte de funcionarios del gobierno.
El gobierno de Chávez ha dicho que durante los últimos ocho años ha obtenido más de cinco millones de acres (dos millones de hectáreas) de granjas. Los terrenos que controla son de barbecho, poco usados o de los que no se puede demostrar que hay dueño a través de documentos, señalan los funcionarios.
El gobierno asegura que espera reforzar la producción de alimentos y ayudar a los que no tienen tierras, pero los críticos dicen que las autoridades controlan granjas que funcionan bien y eso acaba dañando la producción de alimentos.
La lucha pública de Brito — la cual, su familia asegura, incluyó ocho huelgas de hambre — empezó en noviembre de 2004 en una plaza de Caracas. Brito no comió durante nueve días para exigir el retorno de su granja, que había sido requisada más de un año antes. Finalizó la huelga después de que las autoridades dijeran que examinarían su caso.
En julio de 2005, Brito se cosió la boca para protestar lo que su familia describió como el fracaso del gobierno en cumplir su promesa. Más tarde el campesino se cortó un dedo frente a las cámaras de televisión.
Intensificó sus protestas en el último año.
Alfredo Romero, un abogado que representó a Brito algún tiempo, dijo a Globovisión: "Estuvo allí contra su voluntad en todo momento, y eso lo expresó en cada oportunidad que tuvimos para conversar con él".
"El gobierno nacional, tenía la responsabilidad de negociar con él y no utilizar esquemas de manipulación", añadió.
