La Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) llegó a la conclusión el 21 de mayo pasado que la muerte de la niña Paulette Gebara Farah -ocurrida en marzo anterior, entre la noche del domingo 21 y la mañana del lunes 22- fue accidental y que, por lo tanto, no había culpables ni proceso en contra de nadie. Determinó así que era un caso cerrado. Pero ahora han brincado algunos elementos que indican que la investigación del crimen permanece abierta o fue reabierta, a menos que así se diga como parte de un ardid para ocultar información.
Siete días antes de que se diera a conocer los resultados de las pesquisas, la ciudadana Shamballa Itzia Cambrón Ortiz -quien había solicitado a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México (Inofem) copias de los peritajes realizados por el FBI y las autoridades ministeriales mexicanas sobre el crimen- recibió la respuesta de que esa información había sido clasificada como "reservada por nueve años", ya que uno de los supuestos legales para determinarlo así, es el de no entorpecer procesos o investigaciones judiciales en curso.
Pero el mismo día en que el ex procurador Alberto Bazbaz daba a conocer la conclusión del accidente, otro ciudadano, José Luis Moyá, interpuso una solicitud de información pública para conocer los referidos peritajes, y aunque el caso ya estaba cerrado y el conocimiento de los expedientes ya no entorpecía investigación alguna, le respondieron que la reserva por nueve años seguía vigente. Moyá recurrió ante el Inofem el 17 de junio pasado y hasta ahora no ha recibido respuesta, no obstante que la ley de transparencia del Estado e México marca 30 días hábiles como máximo para hacerlo, plazo que se debería haber cumplido el 9 de agosto, incluso si descontamos el periodo vacacional oficial de julio.
El recurrente acudió al Inofem, donde lo recibió la comisionada del caso, Miroslava Carillo Martínez, quien -asegura- le informó que el recurso tenía un mes de resuelto, pero que no se había enviado porque faltaba la firma de uno de sus colegas. Le adelantó, sin embargo, que la resolución respaldaba la reserva de los peritajes por nueve años y que cuando en una de las audiencias con el Infoem se preguntó a la Procuraduría estatal por qué seguía reservada información sobre un caso cerrado, ésta respondió que la investigación sobre el homicidio de la niña Paulette permanecía abierta.
Por lo pronto, el Infoem ya está violando la ley al no entregar en el plazo correspondiente el referido recurso de revisión, y la PGJEM parece haber recurrido a un ardid para posponer al máximo posible la entrega de información sobre un homicidio que ha dejado muchas dudas. Pero si el caso, como se infiere, sigue abierto, interesante será indagar sobre quién o quiénes están enfocadas las investigaciones.
1. TANGAS. ¿Se acuerda usted del escándalo que protagonizó Jorge Serrano Limón, ex dirigente del ultraconservador Comité Nacional ProVida, al conocerse que desvió a inversiones en bolsa y a la compra de diversos artículos, entre ellos tangas de mujer, los 30 millones que le asignó a esa asociación civil la Cámara de Diputados en 2003 para el combate al VIH-Sida y para la expansión de 10 centros de ayuda a la mujer en diversas partes del país? A Serrano Limón se le demandó civilmente la devolución del dinero desviado, según documentó la Auditoría Superior de la Federación. Pues bien, a través de los mecanismos de acceso a la información pública se obtuvo copia de la sentencia dictada en el caso el pasado 17 de junio. El juez 13 de Distrito en materia civil lo condena a devolver la cantidad de 14 millones 188 mil 673 pesos. Lo que no sabemos es si ya cumplió con la devolución o estarán por embargarle.
2. PERIODISTAS. El quinto visitador de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, reconoció que hay en México una deficiente atención en la justicia para periodistas. Y es que de los 65 casos de homicidios que ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sólo se han dictado 10 sentencias condenatorias, lo que constituye una muestra más de la impunidad que impera en el país.
