P Ocas acciones del Gobierno de Felipe Calderón han merecido un aplauso tan generalizado como fue la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. El Gobierno no debe vacilar en completar la obra iniciada.
Mantener a Martín Esparza Flores como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sería confirmarle su control sobre los cuantiosos bienes patrimoniales y los dineros en efectivo del sindicato y sostenerle su poder político en una fase particularmente importante en la historia nacional como es la de los comicios del 2011 y del año siguiente.
Como resultado de la extinción la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el SME no es ya sino un fantasma, cascarón legal pero que es titular de un millonario patrimonio que según datos oficiales tiene un valor en libros de 8 mil millones de pesos. Según algunos, el valor comercial de los inmuebles podría dispararse a más de 30 mil millones de pesos. De acuerdo con información oficial, el Sindicato es propietario de al menos 22 inmuebles en el D.F., los Estados de México, Morelos e Hidalgo. Las propiedades incluyen la sede central del Sindicato en la Ave. Insurgentes, las viejas oficinas de la calle de Antonio Caso, donde por cierto hay un mural de David Alfaro Siqueiros, el gimnasio, canchas de baloncesto, deportivos en Villa Coapa, Azcapozalco, Cuernavaca y Pachuca, albercas, canchas de squash, balompié, salones de fiestas, una escuela técnica y varios predios en Toluca, D.F. y Pachuca. A todo esto habría que añadir el importe de las cuotas, los fondos de pensiones y de vivienda cuyas cuentas están congeladas.
Los estatutos del SME establecen que sus bienes, propiedad de sus afiliados, son administrados por el secretario general y el tesorero que para vender alguna de ellos, requieren un poder notarial avalado por los secretarios del interior y del trabajo del gremio, previa aprobación de una Asamblea Extraordinaria. El producto de la venta se repartirá entre los miembros con derechos y se estima que cada trabajador podría recibir en promedio 90 mil pesos.
Esto es lo que está en juego en las negociaciones que están en curso en la Secretaría de Gobernación y de Trabajo. Es obvio que Martín Esparza y los suyos defenderán a ultranza, amenazando con las movilizaciones más extremas, incluso el bloqueo del Aeropuerto de la Ciudad de México, su urgencia de obtener de la autoridad laboral el reconocimiento de su calidad de secretario general, lo que le permitiría manejar a su entero arbitrio una Asamblea Extraordinaria dominada por su grupo disponiendo así totalmente del patrimonio sindical. Una cuestión que implica los miles de millones de pesos antes mencionados, bien vale la pena hacer de su ambición un asunto de dimensión nacional.
El que el Gobierno, por cualquier circunstancia o conveniencia pasajera electoral, cediera en estos momentos a los chantajes de un líder reconocidamente corrupto y manipulador, sería un grave retroceso. De hacerlo, el presidente Calderón avalaría un caso más en el sistema de manipulación sindical que tanto atraso le ha costado al país en términos de competitividad económica y desarrollo democrático. Desde hace varios años se ha venido corrigiendo este mal. La Suprema Corte, por ejemplo, dio un paso trascendental al definir como anticonstitucional la Cláusula de Exclusión que durante tanto tiempo ató los sindicatos a las conveniencias electorales de un partido político.
Los pasos dados en el asunto que nos ocupa son base firme para continuar el proceso iniciado, primero con el Decreto de Extinción perfectamente convalidado por la Suprema Corte, luego la más que generosa liquidación de los trabajadores que así lo solicitaron, y el ofrecimiento de trabajo en la CFE a los trabajadores liquidados que acrediten su capacidad laboral.
Es conocida la relación que Martín Esparza guarda con Andrés Manuel López Obrador desde que éste era el jefe del Distrito Federal. La confirmación de Martín Esparza como secretario general del SME y la plena autoridad que se le otorgaría en evidente perjuicio de los intereses de los trabajadores, sobre el vasto patrimonio del Sindicato, no tendría otro resultado en la práctica que regalarle una determinante fuente financiera a Andrés Manuel López Obrador en su campaña presidencial recién lanzada en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo pasado.
No hay pues razón alguna que pudiera justificar que la Secretaría de Trabajo expida la "toma de nota" a la directiva encabezada por Martín Esparza Flores por mucho que el Gobierno Federal pudiera desear mantener para los agitados tiempos que vienen una relación de entendimiento y hasta de coordinación con alguna de las fuerzas de izquierda.
