CALIFORNIA, EU.- El senador estatal Kevin De León convocó una junta comunitaria para abordar el rol de California en el tráfico de armas y municiones dirigido a los cárteles de la droga en México y tratar de buscar soluciones a este flagelo.
El foro realizado en Los Ángeles contó con el testimonio de funcionarios mexicanos, estadounidenses y de varios países centroamericanos.
"Las armas no solamente son utilizadas para cometer delitos y fortalecer el narcotráfico, sino que también se están usando para amedrentar y debilitar al gobierno", advirtió Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, México.
Capella aseguró que el 70% de las casi 2 mil 200 armas decomisadas en los últimos tres años por la Policía Municipal proviene de Estados Unidos.
Igualmente, destacó que en los últimos 10 meses se han decomisado 461 armas en Tijuana.
Por su parte, Pablo César García Sáenz, cónsul general de Guatemala en Los Ángeles, indicó que países como el suyo también se han visto afectados por el tráfico de armas.
"El gobierno de Guatemala constituyó un Comisión Especial que está dando seguimiento a esta situación para presentar un informe y buscar soluciones", explicó García.
Durante el foro se destacó que los cárteles de la droga que operan en México, así como pandillas de Centroamérica, reciben armas enviadas de contrabando desde Estados Unidos, parte de las cuales cruza por California.
Capella señaló que una de las acciones que los alcaldes del norte de México han tomado es presentar al Gobierno federal medidas preventivas para mejorar el control de la venta de armas en las ferias que se realizan en la zona.
En el foro -que también contó con la presencia del alguacil del condado de Los Ángeles, Lee Baca, y del cónsul general de El Salvador, Walter Durán, entre otros-, se explicó un programa de intercambio de información en tiempo real entre autoridades mexicanas y estadounidenses en caso de detectar posibles acciones de contrabando de armas y municiones.
El senador De León, demócrata por Los Ángeles, presentó un informe que indica que "en mayo de 2010 el Gobierno mexicano declaró que de las 75 mil armas decomisadas en los últimos tres años, alrededor del 80 por ciento provenía de Estados Unidos".
De León resaltó la importancia de que otros estados y el Gobierno Federal tomen medias similares a las adoptadas por California, que ha aprobado leyes para limitar la venta de armamento y municiones incluyendo la prohibición de la venta de armas de asalto de alto calibre.
En la discusión también se hizo énfasis en la prevención de la compra -con fines de contrabando- frente a la fallida operación "Rápido y Furioso", que permitió que cientos de armas cruzaran a México y que es objeto de investigaciones por parte del Congreso y del Departamento de Justicia. El objetivo de "Rápido y Furioso" era permitir la venta de armas de alto calibre a compradores intermediarios para rastrearlos hasta su destino final y así arrestar a los cabecillas de los cárteles del narcotráfico.
Sin embargo, los agentes le perdieron el rastro a unas 2 mil armas, muchas de las cuales han aparecido en más de un centenar de escenas de crímenes en México.
Niega EU acciones directas contra crimen
El Gobierno de Estados Unidos negó que participe en acciones directas en contra de la delincuencia organizada en México, aunque dijo que coopera contra el crimen trasnacional en la región.
"En acuerdo con las leyes mexicanas, el Gobierno de los Estados Unidos no realiza operaciones de procuración de justicia en México.
Ese es un trabajo para las autoridades mexicanas", precisó la embajada estadounidense en México en un comunicado.
La prensa mexicana reprodujo un artículo del diario New York Times que afirma que la Agencia Estadounidense Antidrogas había infiltrado a bandas mexicanas de narcotraficantes para lograr la captura de sus líderes. De acuerdo con el diario estadounidense, las corporaciones de ese país lograron infiltrar algunas de las organizaciones más peligrosas de México, lo que ha permitido que las autoridades mexicanas pudieran capturar o eliminar a unas dos docenas de capos de mediano y alto nivel. En su texto, la embajada estadounidense destaca que su Gobierno comparte la responsabilidad en promover la resolución de estos problemas.
