Juicio. Representantes de la sociedad civil realizaron un acto ciudadano en el zócalo capitalino, por el caso de la guardería ABC, donde murieron 49 niños en un incendio el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora.
Un modesto templete se erigió en la plancha del Zócalo Capitalino, entre las carpas del plantón permanente del SME. Por varias horas, la esquina que conforman las sedes del Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia albergó al Juicio Ciudadano contra el Estado Mexicano por el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
El jurado ciudadano sentenció como culpables al Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo; al Poder Judicial y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por las acciones que llevaron a la muerte de 49 niñas y niños en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009.
A la cita llegaron Emilio Álvarez Icaza, quien fungió como juez, y Mónica González Contró, la fiscal defensora de los derechos de los padres.
Los ausentes fueron quienes son señalados como culpables, es decir, el Estado Mexicano además de Juan Francisco Molinar Horcasitas, secretario de Elecciones del PAN; Daniel Karam, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social; el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours. En su lugar, sillas vacías y un oficio de la Secretaría de Gobernación donde se disculpó al presidente Felipe Calderón por la ausencia.
El documento asienta que "dada la naturaleza del evento (el Juicio Ciudadano), resulta absolutamente improcedente la asistencia del Titular del Ejecutivo, así como la designación de representante alguno".
Sin embargo reiteraron la disposición del Gobierno Federal al diálogo. Finalmente se nombró a Daniel Márquez González como defensor de oficio de las autoridades ausentes.
En el juicio no hubo novedades. Se reiteró que el Estado Mexicano fue omiso en atender la tragedia, que los culpables, funcionarios estatales y federales, no han sido castigados y que por el contrario se les premió políticamente.
Después de deliberar por 15 minutos, el jurado, en voz del politólogo Lorenzo Córdova, encontró culpable al Poder Ejecutivo como responsable de las acciones y omisiones del IMSS y la PGR, dependencias a su cargo; culpable al Poder Judicial por denegar el acceso a la justicia a las víctimas y establecer el criterio que las niñas y los niños no son sujetos de derechos; culpable al Poder Legislativo por la omisión en su responsabilidad de legislar a favor de la infancia; y culpable a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por negligencia y desatención a las víctimas y por no ejercer su atribución de defensa y protección de los derechos humanos.
La sentencia fue contra el Estado Mexicano para que modifique el esquema de subrogación de guarderías, que acate e implemente las resoluciones del Comité de Derechos de los Niños en lo que se refiere a la privatización de servicios de cuidado infantil; y a que concluya de inmediato los juicios pendientes para determinar la responsabilidad de servidores públicos involucrados en el caso.
Esta manifestación ciudadana además, exigió como reparación del daño que nunca más se vuelva a presentar una situación similar.
Que se bride atención económica, médica, psicológica y de cualquier otra índole a las familias de las víctimas, que se construya un memorial en el local que ocupó la guardería ABC, se apruebe y entre en vigor la ley 5 de junio y que se establezca esa fecha como día de luto nacional.
ES POSIBLE LLEVAR EL CASO ABC A CIDH La falta de justicia y los oídos sordos en el caso de la guardería ABC podría modificar la estrategia de los padres de las 49 niñas y niños que perdieron la vida en un incendio el 5 de junio de 2009. Emilio Álvarez Icaza, consultor en derechos humanos aseguró que se puede llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo la hipótesis que se han agotado los recursos al interior del país para garantizar la justicia, dijo que "si no hay respuesta en materia penal, entonces nos vamos a las instancias internacionales".
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