La distancia entre el dicho y el hecho en la oferta hostil planteada por el Grupo México para hacerse del ciento por ciento del capital del Grupo Aeroportuario del Pacífico, se ubica en que éste libre una denuncia judicial por acaparar más del 10 por ciento de las acciones en circulación del emporio.
De acuerdo al estatuto interno de éste, ninguna persona física o empresa puede alcanzar un porcentaje mayor al señalado en el marco de la colocación internacional realizada en febrero de 2006 por el 85 por ciento de sus papeles, clasificados como de la serie B.
Como usted sabe, la serie A o acciones de control por el 15 por ciento restante, la mantienen tres empresas: Controladora Mexicana de Aeropuertos y las españolas Aena (Aeropuertos Españoles para la Navegación Aérea) y Abertis.
A lo largo de los tres últimos años el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco ha ido adquiriendo los papeles de la discordia, cuyo monto alcanza el 23.5 por ciento, es decir más del doble de lo permitido.
El resto de los valores los mantienen fondos de inversión de los Estados Unidos, a quienes se dirige la oferta en la mesa.
Lo curioso del caso, frente a la querella contra el empresario conocido como el "rey del cobre", es que el Grupo Aeroportuario del Pacífico lo reclutó, o quizá haya sido al revés, para pelear por la posibilidad de construir y operar un nuevo aeropuerto en la Riviera Maya.
Los aparentes enemigos irreconciliables, pues, se volvieron "cuates" en un propósito común... del que finalmente serían descalificados al declararse desierto el concurso, con la novedad de que una de las causales esgrimidas era que el control del Grupo Aeroportuario del Pacífico estaba en entredicho por la presencia de AENA, propiedad del Gobierno español.
De acuerdo a la Ley, ningún país puede participar como tal en la propiedad de una terminal aérea... y GAP tiene 12, entre ellas las de Tijuana, Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y La Paz.
El dardo, pues, colocó en posición incómoda a los españoles frente a la disputa por la presidencia del grupo que mantienen con su socio mexicano, colocándole el último empujoncito a su deseo de vender.
De hecho, éste había sido externado desde que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había expedido un oficio en el que se reconoce como presiente del Consejo de Administración a Laura Díaz Barroso, a quien respalda la Controladora Mexicana de Aeropuertos, por más que la respuesta airada de los españoles había sido que la dependencia no tenía vela en el entierro por tratarse de una sociedad privada, además de que el Grupo no es el concesionario como tal, dado que cada aeropuerto tiene su propia firma responsable.
No sean metiches, pues.
Como usted sabe, los españoles reconocen como presidente del Consejo de Administración a Guillermo Díaz de Rivera, cuya gestión fue ratificada en una asamblea celebrada apenas en abril pasado.
Lo cierto, por lo demás, es que la querella contra el Grupo México pareciera navegar en aguas tranquilas, dado que está en chino que un juez reconozca el que el estatuto interno de una empresa está por encima de la ley, en este caso la del Mercado de Valores.
Más aún, jurídicamente pareciera misión imposible el que se le impida a un agente limitar la compra de papeles que se cotizan libremente en los mercados.
Se diría, pues, que la Oferta Pública de Adquisición (OPA), planteada por el Grupo México, está muy lejos del naufragio.
De hecho, en el cálculo de posibilidades, si su oferta de 5.3 por ciento por encima de la cotización de los papeles en el mercado el día que fue colocada, lograra convencer a los fondos de los Estados Unidos y alcanzara un 27 por ciento más, la firma de Germán Larrea estaría en opción de reclamar el control del grupo aeroportuario.
El litigio colocaría en la mesa la validez, de cara a la equidad, de los llamados paquetes de control, es decir el hecho de que existan acciones de una clase y acciones de otra.
Como usted sabe, aunque el esquema se utilizó para privatizar Teléfonos de México, en este caso con sólo el cuatro por ciento del capital, a lo largo en los años la firma ha ido comprando las acciones que a su vez se colocaron en los mercados, hasta sumar un porcentaje abrumadoramente mayoritario.
El jaque, pues, podría derivar en mate.
BALANCE GENERAL
Aunque en el papel ya sólo queda un postor en la recta final por el rescate de Mexicana de Aviación, el nombre de éste permanece en las tinieblas, lo que despierta la suspicacia de si realmente se tienen todos los amarres.
De hecho, al margen de los dos supuestas finalistas, es decir la firma Altus Port encabezado por Francisco Lanz Duret y el empresario minero Iván Barona, hete aquí que ha llegado a la carrera uno más: la firma fabricante de pinturas Lex, encabezada por Jacobo Laniado Cattan.
Por lo pronto, a la callada, el jueves pasado llegó a las pistas del aeropuerto "Benito Juárez" de la capital del país un avión fletado por una arrendadora no identificada que, según ello, engordará la exigua flota de la compañía aérea.
MÁS MULTAS A TELEFÓNICAS
Activada al máximo la pesada maquinaria burocrática ante la percepción generalizada de consigna contra el magnate Carlos Slim Helú, la semana próxima, en tiempo record, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuantificará multas a cinco empresas de telefonía celular.
Estamos hablando de Telcel y Telefónica México, es decir Movistar; Nextel, Iusacell y Unefon. Tabla rasa, pues, para que no digan.
El castigo, cuya magnitud podría alcanzar hasta un millón 100 pesos para cada empresa, lo planteó la Comisión Federal de Telecomunicaciones por incumplimiento en el llamado Plan Técnico fundamental de Calidad para Redes Móviles.
De acuerdo a éste, las empresas están obligadas a entregar un reporte mensual de fallas en sus redes, en un abanico que oscila desde llamadas caídas hasta no completadas, pasando por radiobases bloqueadas.
La posibilidad habla de 16 sanciones.
YAQUIS EN GUERRA
Ante la posibilidad, ya ve usted que la impunidad galopa sin rienda en el país, de que el gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, desacate la orden del juez Décimo de Distrito de Hermosillo de suspender las obras de construcción del acueducto Bicentenario que despojaría de parte del agua de la presa "El Novillo" que riega el fértil Valle del Yaqui, para llevarla a Hermosillo, las tribus yaquis están en pie de lucha.
Éstas acaban de firmar un pacto con las organizaciones agrícolas de la zona para realizar acciones de resistencia y desobediencia civil pacífica, en caso de no respetarse el amparo que gestionaron. El hecho es que son ya tres los jueces que ordenaron lo mismo, sin que el gobierno local mueva un dedo para cumplir las resoluciones.
SE SALVÓ WAL MART
La expectativa de que la cadena de tiendas Wal Mart fuera castigada en los Estados Unidos con una multa en dólares de al menos diez dígitos se diluyó ayer al rechazar el Tribunal Supremo de ese país una demanda colectiva de 1.6 millones de trabajadoras que se quejaban de discriminación por motivos de género.
Según ello, sus salarios no correspondían a lo que devengan hombres por tareas idénticas, y no existe posibilidad de ascender en el escalafón.
