En convocatoria al inaudito, tras una guerra de 18 años que le provocó pérdidas calculadas en 30 mil millones de pesos; que obligó a cruzar más de 60 demandas entre las partes, y colocó en entredicho a funcionarios públicos y privados, Petróleos Mexicanos prepara carpetazo a su conflicto con Mexicana de Lubricantes
Borrón y cuenta nueva en una relación atropellada cuyas aristas hablan de corrupción, complicidad, contubernio y canonjías a granel para la contraparte de la paraestatal en una sociedad mixta que se inició en 1993, a la privatización de las plantas productoras de aceites y lubricantes de Pemex.
La firma Impulsora Jalisciense, encabezada por Salvador Martínez Garza, ex dueño del equipo de futbol Guadalajara, asumió 51% del capital y la empresa pública el resto, en un escenario en que las circunstancias, léase las deudas de la primera, provocaron la llegada del Banco Mercantil del Norte (Banorte) con un fragmento de 4.38% arrebatado a las dos partes.
La posibilidad del nuevo escenario, que dejaría en calidad de "cuates" a los rijosos, se discute esta mañana en una sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la paraestatal, con base al oficio CA-143-2010 elaborado por el Comité de Auditoría y Evaluación de Desempeño de Pemex, encabezado por Fortunato Álvarez, alguna vez cabeza del órgano de auditoría interna del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
El documento registrado con la clave CAED-122-2011 y dirigido al secretario del Consejo de Administración, Juan Alexei Alemán Loza, señala que el órgano aprobó por unanimidad la alternativa para establecer una nueva relación comercial y corporativa con su socio en Mexicana de Lubricantes.
Los puntos principales del borrón y cuenta nueva hablaban en principio de la obligación de la administración de la empresa pública de entregar una información completa de Mexicana de Lubricantes en las materias financiera, legal, contable y corporativa; del costo-beneficio de la trayectoria de la inversión, "considerando tanto la etapa litigiosa como la correspondiente a la nueva relación comercial y corporativa".
Además, se pedía informar sobre el posicionamiento de Pemex Refinación en el mercado de lubricantes de manera directa e indirecta, y las medidas adoptadas para asegurar el conocimiento oportuno de la información en marcha.
Concluida esta etapa, lo que se presupone ya se agotó, se analizaría la conveniencia o no de conservar la participación accionaria de Mexicana de Lubricantes.
El asunto, decíamos, está agendado para hoy.
De aprobarse la continuación de la sociedad, el órgano encabezado por Fortunato Álvarez habla de promover la "normalización" sobre la base de los siguientes puntos:
- Celebración de una Asamblea General de Accionistas para la aprobación de los estados financieros.
(Estaríamos hablando de la primera en 10 años, en cuyo marco están en el aire las cuentas de 2003 al 2010).
- Desistimiento de todos los juicios sin reserva de acción alguna de las partes.
- Firma de un nuevo contrato de suministro y terminación de los contratos de maquila y exclusividad de licencia de uso de marca.
(Como usted sabe, la primera prebenda se canceló al ganar Pemex un largo juicio, en tanto la segunda se vence en 2013, dado que su vigencia se pactó para 20 años).
- Apertura del mercado de estaciones de servicio, lo que obligaría a modificar el contrato de licencia de uso.
(En otra de las inauditas prebendas otorgadas a la privatización parcial de sus plantas, Pemex le concedió a Mexicana de Lubricantes la exclusividad en la venta de sus productos en su red de gasolineras durante 20 años que se vencen en el 2013. El regalo fue objetado en su momento por la Comisión Federal de Competencia, y existen resoluciones judiciales promovidas por la competencia que obligan a desmantelarlo).
- Restablecimiento de la vida corporativa bajo parámetros de transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno.
El puntuario plantea también explorar la entrada de la marca Pemex Refinación de manera directa e indirecta en las más de 9 mil 500 estaciones de servicio o gasolineras que existen en el país, lo que presume desde ya el sí del Consejo de Administración al borrón y cuenta nueva.
El problema es que la salida fácil que se prevé no es tan simple como parece. De entrada, la Procuraduría General de la República promovió la apertura, desde el 2006, de un proceso contra la Impulsora Jalisciense por administración fraudulenta, que difícilmente se podría parar con el clásico "usted dispense".
Más allá, existe una investigación de la Fiscalía de Delitos Fiscales y Financieros que establece un daño patrimonial de 25 millones 828 mil pesos a Pemex Refinación, además de que la Secretaría de la Función Pública ha determinado que en la relación de Pemex con la firma privada se provocó un daño al erario público por más de 630 millones de pesos... hasta 2001.
¿Total, qué tanto es tantito?
BALANCE GENERAL
En más de lo mismo de un largo periplo para desarrollar una terminal de contenedores en el puerto de Tuxpan, Veracruz, la Secretaría del Medio Ambiente le negó a la firma SSA México la Manifestación de Impacto Ambiental reclamada, alegando que se destruirían los manglares de la zona.
Lo curioso del caso es que el proyecto planteaba justo lo contrario. De hecho se realizaron estudios oceanográficos, hidrológicos y ecológicos para apuntalar el respeto al entorno de un terreno de 40 hectáreas.
El documento planteado era de 200 cuartillas y sus respectivos anexos.
En paralelo, SSA México cumplió con todas las condiciones impuestas por la Subsecretaría de Protección Ambiental, que encabeza Eduardo González.
Lo curioso es que el dictamen se desahogó en menos de 10 días, lo que constituye una marca.
Y lo curioso, además, es que en septiembre del año 2006 se le otorgó el visto bueno a la Terminal Marítima Tuxpan para construir una terminal privada en la misma zona del manglar.
LLUVIA SOBRE MOJADO
En paralelo a la demanda que enfrenta el Grupo Posadas por supuestas violaciones a la Ley del Mercado de Valores a su paso como socio mayoritario de Mexicana de Aviación; en paralelo a la presión que enfrenta para bajar el precio en una eventual venta de sus activos, ahora resulta que su vicepresidente, Pablo Azcárraga Andrade, está en problemas.
Hete aquí que la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles lo está desconociendo como presidente de la Confederación Nacional Turística, dado el entredicho en que se encuentra la familia.
A su vez, Gastón Azcárraga Andrade, el presidente del consorcio, enfrenta la ira de los inversionistas que financian la expansión de la red hotelera, vía una apuesta de 500 millones de dólares, ante el anuncio de que ésta requiere 50 millones para capitalizarse.
