En el insólito de la temporada, sin haberse finiquitado aún un pleito de 10 años entre Petróleos Mexicanos y el consorcio coreano Comproca, funcionarios de la paraestatal acaban de viajar a Corea... ¡para promover contratos de ésta con las empresas de ese país!
Se diría, pues, al margen, naturalmente, de aprovechar la menor coyuntura para derrochar el raquítico presupuesto de la empresa pública, que ésta pretende tropezarse con la misma piedra, a soslayo de las firmas nacionales de mayor experiencia y mejor capacidad.
Total, ya se tiene callo.
La manzana de la discordia en el largo conflicto en que afloró la ligereza con que se contrata con las firmas extranjeras y las argucias de éstas para obtener ganancias ilegales, es la reconfiguración y modernización de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, pactada en el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo.
El contrato, fanfarrias al vuelo por una oferta inaccesible para cualquier empresa nacional, se le otorgó a un consorcio integrado originalmente por las empresas coreanas SK Engineering & Construction, como líder; la alemana Siemens y la mexicana Tribasa. El marco eran los tristemente célebres Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto, que le permitían a Pemex cubrir la factura hasta la terminación total de las obras. De hecho, la teoría planteaba que se saldaría con los recursos generados por la operación de la refinería.
El costo pactado era de mil 800 millones de dólares. El caso es que los coreanos incumplieron, de entrada, con los tiempos para la construcción de una coquizadora de petróleo, lo que obligó a la empresa pública a indemnizar en especie a Cementos Mexicanos, quien había adquirido por adelantado la producción del producto utilizado como combustible para generar energía eléctrica. El coque se debió importar de Estados Unidos, en tanto se le pasó la estafeta para concluir la planta al Grupo ICA.
El hecho es que los coreanos, en afán de cubrirse frente al raquítico costo pactado, utilizaron materiales de segunda, en algunos casos usados o, como diría algún peladito de barrio, "de doble cachete", y mano de obra de tercera, al habilitar como soldadores a 400 jóvenes que habían trocado por trabajo la exigencia de cumplir con un servicio militar que obligaba a encuartelarlos dos años.
Lo inaudito del asunto es que en la agonía del sexenio zedillista, no fuera a ser la de malas que otro se lleve la gloria, se decidió cortar el listón de una obra inconclusa.
Las goteras saltaban por todos lados. De entrada, las plantas de transformación de petróleo crudo en gasolina apenas podían trabajar a la sexta parte de su capacidad instalada, sin perspectiva a la vista para la operación integral de sus 32 unidades.
Y si le seguimos, aún no se concluían las plantas refinadoras de petróleo ligero, hidrousulfatadora de naftas y transformadora de naftas... por más que la paraestatal había obligado a cambiar 300 válvulas que a juicio de los peritos no reunían la calidad requerida.
Y para qué le seguimos.
Lo inaudito, otra vez, es que teniendo a la vista un escenario más que justificado para demandar a los coreanos, Petróleos Mexicanos se colgó la soga al cuello, o mejor dicho la colgó la corrupción galopante, al aceptar la firma de un finiquito que le obligaba a pagar la factura a partir del 2001, es decir, cuatro años después de la firma del contrato.
El documento lo avaló el propio ex director general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos.
Ahora que meses antes la empresa pública, en este caso bajo la administración de Rogelio Montemayor Seguy, había firmado el 7 de julio y el 15 de noviembre de 2000 documentos en los que aceptaba un posible adeudo a favor de Comproca, "por trabajos complementarios y ajuste de eventos críticos".
El hecho es que a pesar del doble regalo de la empresa pública los coreanos emplazaron a ésta a un arbitraje ante la Corte Internacional con sede en París, en reclamo de 648 millones de dólares, según ello por vicios ocultos en el contrato.
En patadas de ahogado, a su vez, la paraestatal colocó por su parte un reclamo de 788.9 millones por la entrega incompleta de las obras y el uso de materiales de segunda.
Naturalmente, Comproca ganó el recurso cuyo proceso culminó en 2008, por más que hasta hoy no se ha hecho efectiva la resolución ante el temor del funcionario de Pemex que firme el cheque de ser procesado.
En el camino, paradójicamente, los coreanos han negociado un ni-tú-ni-yo, que no ha cuajado ante la instrucción a la paraestatal de no pagar más de los 220 millones en que un valuador externo calculó como monto real de los daños que alega Comproca.
El paréntesis, pues, sigue vivo.
¿Nos metemos en otro lío igualito?
BALANCE GENERAL
Preocupados en pintar su raya frente a la posibilidad de un escándalo sin precedente si se llegara a revocar la megamulta impuesta a Telcel, los integrantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia que participarán en la discusión frente al recurso de reconsideración planteado por la empresa de telefonía celular, se visten de blanco. De entrada, Luis Alberto Ibarra, uno de los que votaron por la exclusión del presidente del organismo, Eduardo Pérez Motta, de la crucial sesión, señala que el voto diferenciado planteado frente a dos solicitudes de recusación contra éste colocadas por la firma hegemónica, fue resultado de la consistencia de las pruebas presentadas por ésta, por más que en ningún caso se utilizaron como evidencia notas periodísticas, por carecer de valor probatorio, aunque sí las grabaciones exhibidas.
Dicho con todas las letras, en un caso sí había certeza de inclinación del comisionado presidente contra la causa de Telcel, y en otro no, al margen de si estaban en la mesa una resolución aprobada y otra en vías de discusión.
De acuerdo a éste, el criterio de recusación se fundamenta en el artículo 26 de la Ley Federal de Competencia Económica, y en el 40 del Reglamento Interno de la instancia.
A su vez, Rodrigo Morales Elcoro, quien votó en contra de la exclusión, anota que Pérez Motta no hizo público de manera explícita el sentido de su voto en caso de que se formulara el recurso de reconsideración contra la megamulta por parte de Telcel, aunque sí argumentó en contra de la posición supuestamente manifestada por la firma.
GOLPE A AEROMÉXICO
La Comisión Permanente del Congreso discutirá esta semana el sí o no a un punto de acuerdo solicitado por el senador perredista Tomás Torres para exigir al Gobierno corregir lo que se califica de "serias irregularidades y distorsiones en el servicio que presta Aeroméxico".
El dardo apuntaría al director general de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Héctor González Weeks, y al procurador Federal del Consumidor, Bernardo Altamirano Rodríguez.
Lo interesante del caso es que se acusa a la empresa de monopolizar las rutas que tenía Mexicana de Aviación, en cuyo trono existen retrasos y suspensión constante de vuelos.
El texto plantea también que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, abra una mesa de trabajo para definir una nueva política aeronáutica que garantice la competitividad, seguridad y eficiencia del sector.
