La decisión de un Tribunal Colegiado de declarar infundada una queja planteada por el gobierno panista de Sonora contra una declaratoria de desacato de una jueza federal tras ordenar suspender las obras del acueducto Independencia, que despojaría de agua al fértil Valle del Yaqui, coloca a éste de espaldas al callejón.
De mantenerse en rebeldía el gobierno encabezado por Guillermo Padrés Elías, la fuerza pública obligará al cumplimiento de la orden derivada de un amparo interpuesto por los agricultores afectados.
Más aún, habría consecuencias penales para el vocal Ejecutivo del Fondo Sonora Sí, Enrique Martínez Preciado, en cuyo ámbito recae la responsabilidad frente al desacato... con posibilidad de rebote hacia su jefe inmediato.
El pleito, como usted sabe, lleva más de un año en el ring, en un escenario en que la obsesión de Padrés por la obra, en complicidad con la Comisión Nacional del Agua, lo ha llevado a los peores excesos, desde amenazas contra los jueces que se le han opuesto, hasta auditorías fiscales y detenciones arbitrarias contra los opositores al proyecto, pasando por una guerra de desplegados en medios impresos y otra de calumnias en los electrónicos.
El punto álgido del conflicto llegó con una manifestación de protesta en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, a la que concurrieron 40 mil sonorenses.
Más aún, la posibilidad del despojo para atenuar un problema de abasto del líquido en Hermosillo, ha colocado en pie de guerra a las tribus yaquis.
Por lo pronto, polarizadas las posiciones ante la virulencia del gobierno, las organizaciones de agricultores del municipio de Cajeme están presionando al Congreso local para presentar una denuncia contra el gobernador de la entidad federativa por un supuesto fraude en perjuicio de las arcas públicas.
La presunción se sustenta en que la Comisión Estatal del Agua adquirió en mayo del año pasado supuestos derechos de asignación del líquido por parte de agricultores asentados en la cuenca del río Yaqui... que habían caducado en el 2008.
El monto, según lo reconocería en una comparecencia ante el Senado el presidente de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, fue de 52 millones de metros cúbicos... por más que más tarde la propia dependencia reconocería que los derechos eran inexistentes.
El precio nunca se especificó, aún cuando el Secretario de Hacienda local aseguró que la operación se había finiquitado.
El problema, decíamos, es que los títulos tenían una vigencia de 10 años contados a partir del 24 de julio de 1998. Y el problema, además, es que ninguno de los vendedores recibió copia del contrato... ni tampoco los recursos correspondientes.
Naturalmente, la vela en el entierro del Congreso local es que previamente debió autorizar la partida correspondiente, al margen de si se le hubiera o no pagado a los beneficiarios.
Entre las pruebas que se exhiben está un dictamen técnico de la propia Comisión Nacional del Agua en que se reconoce que los títulos que garantizarían el traspaso de parte del agua almacenada en la presa "El Novillo", concretamente de las unidades de riego Granados y Huásabas, se extinguieron en el 2008... con la novedad de que los beneficiarios omitieron presentar un trámite de prórroga de derechos.
La extinción de éstos se decretó el 18 de mayo de 2010.
La paradoja del caso es que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales había expedido un boletín de prensa el 28 de julio de 2010 en el que se daba cuenta de la entrega al gobernador de Sonora de Títulos de Asignación de Derechos del Agua por un total de 52 mil metros cuadrados, para abastecer a la ciudad de Hermosillo, vía el acueducto Independencia que conectaría la presa "El Novillo".
La obra del 152 kilómetros, según ello, tendría un costo de 3 mil 800 millones de pesos.
El caso es que en la obstinación por el proyecto el gobierno local no sólo ha reprimido manifestaciones de descontento utilizando a supuestos jóvenes panistas, o sembrando pruebas de presuntos delitos contra opositores, sino desacató amparos contra la publicación de la licitación para el acueducto; se he negado a transparentar el proceso de adjudicación del contrato a una empresa de Baja California, y soslayó la posibilidad de otras opciones para aliviar la sed de Hermosillo.
De entrada, existen estudios del Instituto Tecnológico de Sonora y la empresa israelita Tahal, que avalan la posibilidad de una desalinizadora, que permitiría producir agua potable a un costo de 10.50 pesos el metro cúbico, con una inversión inferior en 500 millones a la del acueducto.
Desde otro ángulo, se plantea que el problema del agua en la capital de la entidad federativa obedece más a deficiencias de la red que a escasez real del producto.
Ahora que también se desechó la posibilidad de una serie de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Por lo pronto, los agricultores del Valle del Yaqui siguen ganando batallas a la arbitrariedad.
BALANCE GENERAL
Aceptada por el Departamento de Transportes de Estados Unidos la solicitud "extrabilateral" de la Dirección General de Aeronáutica Civil de México para permitir a Volaris llenar "temporalmente" tres rutas que mantenía Mexicana de Aviación, es decir México-Las Vegas, México-Los Ángeles y Monterrey-Chicago, ahora resulta que American Airlines le está pidiendo reciprocidad al país.
La empresa estadounidense quiere una ruta México-New York, en redundancia de la que opera Aeroméxico, y en redundancia de la que explota Delta Airlines.
La posibilidad, sin embargo, la objeta ésta, argumentando que de aceptarse se rebasaría el límite de operaciones para empresas de su país.
De acuerdo con el convenio marco bilateral, si una compañía nacional vuela a los Estados Unidos, otra de ese país tiene derecho a hacer lo propio.
El problema es que Volaris no está abriendo nuevas rutas, sino aprovechando las existentes ante la inoperabilidad de Mexicana.
LARREA ENRACHADO
A contrapelo de la amenaza de los tenedores de las acciones A o de control del Grupo Aeroportuario del Pacífico, es decir la Controladora Mexicana de Aeropuertos y las empresas españolas Abertis y Aena, de demandarlo por violentar los estatutos internos de la firma, que impiden a un apostador en lo individual adquirir más del 10 por ciento de las acciones B colocadas en los mercados internacionales, el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco ya compró otro paquete.
Su tenencia alcanza casi el 27 por ciento, es decir cerca de la tercera parte de los papeles representativos del 85 por ciento del capital de la compañía que administra 12 terminales aéreas.
Como usted sabe, la firma encabezada por Germán Larrea Mota Velasco mantiene una oferta hostil por el 100 por ciento del capital del grupo, que ya ha sido aceptado por algunos fondos estadounidenses que mantienen el resto de los valores.
CARGADA CONTRA EL IFE
Pendiente la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frente a la queja planteada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión contra el Instituto Federal Electoral por instrumentar, a su juicio, un reglamento para la difusión de spots electorales que coloca a sus socios de espaldas a la pared, la Asociación Internacional de Radiodifusión está terciando en el pleito, advirtiendo que el escenario coloca en graves riesgos la libertad de expresión.
Según ello, los plazos fijados para recibir y colocar en el aire los promocionales, "lindan en lo imposible".
