La dirigencia nacional del PAN lanzó dos nuevas denuncias contra el Gobierno de Coahuila y quien fue su titular, Humberto Moreira, actual dirigente del PRI.
El delegado del CEN en esa entidad, Federico Döring, el diputado federal Jesús Ramírez y diputados locales denunciaron que en marzo de 2011 el titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), Javier Villarreal, solicitó mediante dos trámites la contratación de 3 mil millones de pesos de deuda pública, justificando la demanda con base en dos supuestos decretos del Congreso local.
La nueva denuncia ocurre a horas del cierre de las campañas electorales en Coahuila y apenas después de que el PAN presentara una denuncia penal ante la PGR contra Vicente Chaires y Villarreal por enriquecimiento inexplicable. A ambos los acusó de ser testaferros de Moreira.
En conferencia de prensa en la sede del partido, los panistas exhibieron ayer copias de los contratos firmados por el funcionario estatal y los respectivos acuerdos publicados en el Diario Oficial del estado.
Estos últimos, en lugar de ser autorizaciones para préstamos -como lo obliga la Ley de Coordinación Fiscal- aluden a la suplencia de una regidora y a la designación del contralor interno del instituto electoral local.
Ante ello, Döring exigió a la Secretaría de Hacienda investigar lo que consideró una falsificación de documentos.
"Falsificaron la información, le mintieron a los bancos, le mintieron al Gobierno federal y colocaron la deuda pública en nombre de la representación del Gobierno del Estado señalando decretos en un caso inexistente y en otro caso falsificado", aseguró Döring.
Señaló que la dependencia federal no es la encargada de revisar si la documentación presentada es adecuada, sino el banco al que ha recurrido el Gobierno estatal, aunque dijo que si hay funcionarios federales involucrados se debe proceder en su contra.
MINEROS En una segunda denuncia pública, los panistas acusaron a la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), que depende del SATEC, de convertirse en la caja chica de la administración estatal y cometer fraude contra los productores de carbón.
De acuerdo con el contrato de venta de carbón firmado con la CFE, la Prodemi retuvo 12.5 pesos por cada tonelada extraída, de los cuales un tercio se tenía que destinar a rubros de seguridad y obras de infraestructura.
