ATF. Buscan esclarecer las responsabilidades políticas y judiciales por el esquema ilegal de tráfico de armas a México entre 2009 y 2010.
En medio del interminable intercambio epistolar que mantiene el Congreso estadounidense y el Departamento de Justicia por el fallido operativo, los congresistas republicanos Darrel Issa y Chuck Grassley acusaron ayer al Departamento de Justicia de estar protagonizando un "desastre" al bloquear los testimonios y retener "evidencias concluyentes", que buscan esclarecer las responsabilidades políticas y judiciales por el esquema ilegal de tráfico de armas hacia México entre 2009 y 2010.
Además, en sendas cartas dirigidas a los cuarteles de la agencia antinarcóticos DEA y del FBI, ambos congresistas han solicitado a estas agencias federales esclarecer su presunta participación en el esquema ilegal de tráfico de armas de "Rápido y furioso" mediante el pago de informantes, en una acción que habría sido ocultada a los responsables de la ATF, según el testimonio del propio director en funciones, Kenneth Melson.
En una misiva de 10 páginas dirigida al procurador de Justicia, Eric Holder, el presidente del Comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes, Darrel Issa, y el republicano de más alto rango en el comité senatorial de Justicia, Chuck Grassley, acusaron a funcionarios del Departamento de Justicia de haber puesto bajo "cuarentena" al director en funciones de ATF para que no compareciera ante el comité que realiza la investigación desde el Congreso.
"En lugar de aportar al Congreso las respuestas a través de las personas más indicadas, el señor Melson y su equipo fueron amordazados" por el Departamento de Justicia, se señala en la carta a Holder.
Sin embargo, en la comparecencia voluntaria de Melson ante el comité que investiga el caso desde el Congreso, el 4 de julio, el funcionario aseguró que agentes del FBI y de la DEA le ocultaron su participación directa en este esquema ilegal de tráfico de armas hacia México. Según Melson, durante el operativo se cometieron errores que intentó remediar tras descubrir que agentes del FBI y de la DEA habrían participado mediante el pago a informantes.
"El Departamento de Justicia no debería estar reteniendo lo que el señor Melson ha descrito como pruebas concluyentes" y que estarían relacionadas con algunas de las órdenes para realizar grabaciones telefónicas, asegura la misiva de Grassley e Issa.
Piden información de Zapata
La familia del agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) Jaime Zapata, asesinado en México en febrero pasado, exigió al Gobierno de Estados Unidos detalles de la investigación que se realiza en conjunto al Gobierno de México.
Raymond Thomas, abogado de la familia Zapata, declaró a periodistas que los pormenores de lo "que pasó con Jaime tienen que salir y darse a conocer".
La familia desea saber si las armas utilizadas para dar muerte a Zapata formaban parte de las que fueron ingresadas de contrabando a México bajo la operación "Rápido y Furioso" efectuada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), dijo Thomas.
"La probabilidad de que se trataba de armas de 'Rápido y Furioso' es ciertamente posible", señaló el abogado.
Ap
