La familia del agente del ICE asesinado en México, solicita a EU detalles sobre la investigación que se realiza en conjunto con el país.
La familia del agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) Jaime Zapata, el asesinado en territorio mexicano en febrero pasado, exigió hoy al gobierno de Estados Unidos detalles de la investigación que se realiza en conjunto con México.
Raymond Thomas, abogado de la familia Zapata, declaró a periodistas que los pormenores de lo 'que pasó con Jaime tienen que salir y darse a conocer".
La familia desea saber si las armas utilizadas para dar muerte a Zapata formaban parte de las que fueron ingresadas de contrabando a México bajo la operación 'Rápido y Furioso' efectuada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), dijo Thomas.
'La probabilidad de que se trataba de armas de ‘Rápido y Furioso’ es ciertamente posible', señaló el abogado.
Las autoridades mexicanas han anunciado nueve arrestos en el caso registrado el 15 de febrero pasado, cuando Zapata y otro agente del ICE fueron sorprendidos por armados cuando viajaban en una camioneta sobre la carretera federal 57 en el central estado de San Luis Potosí.
Entre los detenidos en México se encuentra Jesús Rejón Aguilar, líder del cártel de Los Zetas, quien fue capturado cerca de la capital mexicana.
En Washington, el congresista republicano Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, demandó también al gobierno federal información sobre la muerte de Zapata.
Informó haber recibido una carta la semana pasada de Nelson Peacock, secretario adjunto para Asuntos Legislativos del Departamento de Seguridad Nacional, en la que le asegura que la investigación es una prioridad del gobierno del presidente Barack Obama.
'Al igual que usted, el departamento quiere asegurarse de que sus asesinos sean llevados ante la justicia", escribió Peacock.
Issa y el republicano Charles Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, encabezan en sus respectivas cámaras la demanda de una investigación más amplia para determinar quién fue el funcionario federal que aprobó y supervisó 'Rápido y Furioso'.
Esa operación inició en noviembre de 2009 para rastrear las dimensiones de las redes de traficantes de armas a México, pero se permitió para ello que los contrabandistas que estaban bajo vigilancia adquirieran rifles y pistolas y las trasladaran a ese país.
