El comité de supervisión gubernamental de la Cámara de Representantes presentó un reporte en el que acusa a agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de haber solapado el tráfico ilegal de armas a México, de fracasar en todas las medidas de salvaguarda y de contribuir a la violencia y a la muerte de ciudadanos de ambos países.
En un informe de más de 50 páginas, redactado por colaboradores del presidente del poderoso comité de supervisión, Darrel Issa, se desgranan los testimonios de los agentes que han decidido dar un paso al frente para acusar a sus superiores de haber actuado con "insensibilidad" y de haber optado por una estrategia arriesgada que permitió el tráfico de más de mil 800 armas entre el 2009 y el 2010.
El informe acusa al Departamento de Justicia no sólo de escamotear la información que se ha solicitado de forma reiterada, sino de mantenerse en una posición de negación cuando se le ha confrontado con los testimonios de algunos de los agentes de ATF que acusan a sus superiores de haber actuado de forma insensible y de incluso haber echado mano de expresiones como "para hacer un omelette, hay que romper huevos", en alusión a los daños colaterales que provocaría la operación de Rápido y Furioso".
Entre ellas, la muerte del agente Brian Terry, en diciembre del 2010, cuyos familiares estarán presentes durante la audiencia que realizará este miércoles en el Capitolio.
El reporte, un compendio de las denuncias y declaraciones de agentes como Pete Forcelli, Olindo Casa, Larry Alt y John Dodson, establece que en el otoño del 2009 la oficina de ATF en Phoenix decidió usar una nueva estrategia bautizada bajo el sobrenombre de "Gunwalkin". El objetivo de este esquema arriesgado era permitir que testaferros compraran armas en Estados Unidos con el fin de revenderlas en México.
"El liderazgo de ATF y el Departamento de Justicia estaba interesado en ver dónde terminaban estas armas de fuego al final. Ellos esperaban establecer una conexión entre los compradores locales en Arizona y los cárteles de las drogas en México", asegura el reporte.
"Desafortunadamente, el ATF nunca logró la meta loable de desmantelar a un cártel de las drogas. De hecho, ATF nunca estuvo cerca. Luego de meses y meses de trabajo de investigación, Rápido y Furioso resultó sólo en acusaciones contra 20 compradores locales", añade el informe.
En el texto se hace mención a la situación de constante "tensión" de los agentes cuando veían las imágenes que llegaban desde México, con la violencia y las muertes provocadas posiblemente con las armas que se habían permitido cruzar y a las que posteriormente se les perdió la pista, por fallas en los sistemas de rastreo y salvaguardas.
A pesar de ello y de las constantes protestas de algunos agentes contra esta estrategia, el jefe de grupo de la ATF en Phoenix, David Voth, decidió mantener el operativo contra viento y marea:
"Creo que estamos en lo correcto en nuestro plan de desmantelar esta organización entera y el apresurarnos al arresto de cualquier persona sin tomar en cuenta el alcance entero de la conspiración sería malo para el beneficio global de la misión", aseguró Voth según el contenido de un correo electrónico de abril de 2009.
"La operación de Rápido y Furioso contribuyó al aumento de la violencia y de muertes en México", se asegura en el informe que promete seguir requiriendo al Departamento de Justicia todos los documentos relativos a este operativo y a las investigaciones en curso con el fin de esclarecer responsabilidades y evitar que las tragedias que han tenido lugar por haber autorizado un esquema ilegal de tráfico de armas hacia México se vuelvan a repetir.
