El Gobierno federal, sumido en una serie de conflictos armados con narcotraficantes, ha puesto al gasto público al borde de una economía de guerra.
En un contexto general de austeridad, los fondos que van a parar a la contabilidad del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México están garantizados y son crecientes, mientras otras áreas del gasto federal experimentan aumentos modestos, en el mejor de los casos.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2012 el gasto en materia de seguridad es la prioridad del Gobierno federal, dejando al crecimiento económico, la infraestructura energética y la inversión agropecuaria como temas de segundo plano.
El proyecto de presupuesto que presentó el Gobierno federal propone un aumento real de 10.7% al gasto en materia de seguridad, cuatro veces más de lo que aumentó el presupuesto general en el presente año.
El aumento se traduce principalmente en más soldados y más policías. La propuesta busca agregar casi 20 mil elementos más a las Fuerzas Armadas, además de otros 8 mil elementos a la Policía Federal. De aceptarse el presupuesto de egresos para el año fiscal 2012, la fuerza pública federal, incluyendo soldados y policías, aumentaría a casi 622 mil efectivos, quizá la fuerza más numerosa en América Latina.
De ese número, las Fuerzas Armadas forman 43% del total, con más de 211 mil integrantes, lo que refleja, también, la importancia que el Gobierno federal le concede al brazo militar en sus políticas de seguridad.
El paquete de seguridad en la propuesta de presupuesto público federal para 2012 es consistente con un patrón sostenido de aumento de personal en las fuerzas de seguridad, principalmente en la Armada de México y en la Policía Federal, desde que el presidente Calderón tomó posesión en diciembre de 2006.
Apresurado por reducir la crisis de seguridad en los últimos meses de su gobierno, el presidente Calderón amplía las prerrogativas que los militares exigen para seguir adelante en la lucha contra el narcotráfico y otras variedades de la delincuencia organizada. Una de esas prerrogativas es la definición del presupuesto militar. Aunque la Cámara de Diputados tiene la potestad de decidir el monto final del gasto militar, los legisladores suelen aprobar el presupuesto militar por default, sin grandes modificaciones.
Hasta ahora no sabemos si el aumento de personal o la adquisición de sistemas de armas está teniendo un impacto real en la seguridad del país. La violencia aumenta, las drogas siguen pasando hacia EU, cada vez hay más consumo de drogas en algunas regiones del país, y las cantidades de cocaína decomisada y plantíos de amapola y mariguana destruidos van a la baja. ¿Por qué?
Un factor que podría contribuir a explicar esta discrepancia es la organización de las instituciones de seguridad. Quizá la Cámara de Diputados nos deba decir si 211 mil militares es realmente el número que el país necesita. Quizá ellos también tengan que explicar por qué entregan recursos a aparatos administrativos que tanto en la Sedena como la Semar absorben casi la tercera parte de su personal. En el caso de la PGR la proporción administrativa es aún mayor.
Lo único que parece guiar el crecimiento de las Fuerzas Armadas, y en general el de nuestros cuerpos de seguridad, es la discreción de los generales, almirantes y comandantes de la policía. La violencia tiene lo suyo, pues está empujando a la milicia a armarse más y mejor y a tener más soldados. Pero esto de poco servirá si los recursos no se administran de manera eficiente. El problema es que, en materia de presupuesto militar, ese conocimiento está aún en cajas negras.
