El anuncio del presidente del Consejo Lagunero de Iniciativa Privada, que en días pasados declaró que la representación empresarial a su cargo continuará exigiendo un mejor trato para nuestra ciudad y región en materia de inversión y apoyo al sector productivo, produjo reacciones en diputados locales recién electos, que merece la pena analizar.
Las declaraciones que son objeto de comentario, corresponden a una percepción generalizada de los laguneros que no se limita al sector empresarial, según la cual existe un trato discriminatorio de las autoridades estatales en perjuicio de La Laguna, que deriva del centralismo, vicio ancestral de nuestra vida pública nacional.
Esta percepción tiene su base de justificación en estadísticas confiables, pues el mismo Siglo de Torreón en el Suplemento Especial 2010, que corresponde al resumen económico anual de la Comarca, registra un desplome impresionante en La Laguna, que indica que mientras en Saltillo y Ramos Arizpe se concentró un 68.47 % del total de la inversión privada del Estado, en la Región Lagunera se registró apenas un 5.29 %, quedando el restante 26.24 %, repartido en las regiones Centro y carbonífera con cabecera en Monclova con un 23.93 % y en la Región Norte o fronteriza con un 12.29 %.
Las estadísticas son muy elocuentes. Lo menos que puede hacer cualquier organización empresarial o de cualquiera otra índole, que aspire a representar a un sector de la sociedad, es precisamente mantener una exigencia cívica respetuosa, pero a la vez enérgica, de trato justo frente al Gobierno del Estado.
El Gobierno no ha hecho referencia alguna al anuncio empresarial sin embargo, dos de los diputados locales electos en los pasados comicios, han surgido como defensores oficiosos a responder al reclamo. El primero de ellos es Rodrigo Fuentes Ávila, quien descalificó de modo radical las declaraciones del Presidente del CLIP, bajo el argumento de que "los verdaderos empresarios,,, no están ni en las cámaras... ni en los medios... sino trabajando...".
La intolerancia del legislador electo es inadmisible. Da a entender que los empresarios deben estar uncidos a sus negocios, trabajando como burros para crear empleos y pagar impuestos, pero eso sí con el pico de cera. Nada de opinar de las altas cuestiones del gobierno, que para eso está la clase política.
Por su parte, Antonio Juan Marcos pide que "desaparezca esta visión regionalista y separatista (atribuida a las declaraciones empresariales) que en nada beneficia..., pues genera una visión de encono entre los coahuilenses". Tiene razón el diputado electo en cuanto a que todos quisiéramos que desapareciera esa visión que sin embargo, desde la perspectiva regional no es ni separatista ni gratuita, sino integradora y producto de una desigualdad real.
No tiene razón en cambio el diputado Juan Marcos cuando dice que la queja del CLIP genera encono entre los coahuilenses, pues nadie culpa a los ciudadanos ni de la capital ni de otras partes del estado por este trato inicuo sino en todo caso, lo que existe es un desencuentro entre un sector de la ciudadanía comarcana y en particular torreonense, con el gobierno del estado y como tal, plantea un problema para las partes, que es necesario atender y resolver del mejor modo posible.
Coincide la percepción empresarial con lo declarado en su última referencia al respecto, por parte del gobernador Jorge Torres, al anunciar que las únicas obras que deja pendientes la administración estatal que está por llegar a su fin, son el conjunto de la Presidencia Municipal y la Macroplaza, así como el Hospital General, ambas de la ciudad de Torreón.
En lugar de convertirse en censores de los ciudadanos, los diputados deben actuar como representantes del pueblo, cuya misión es la de escuchar y hacerse portavoz de los reclamos de sus representados.
