Lo último que salió a la luz es la falta de comunicación entre los federales.
Cconforme avanzan las investigaciones del Congreso de Estados Unidos sobre el operativo "Rápido y Furioso", la falta de coordinación entre las agencias involucradas y los errores que cometieron se vuelven más evidentes.
Lo último que salió a la luz es la falta de comunicación entre los federales. Y es que uno de los principales personajes que la Oficina para el Control de Armas (ATF) trataba de identificar como parte de la operación a un informante confidencial de la Agencia Antidrogas de EU (DEA) que colaboraba también con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
La cadena CBS News dio cuenta del caos interagencias basado en una nueva carta que los congresistas Charles Grassley y Darrell Issa enviaron directamente al fiscal general Eric Holder. Ambos legisladores han encabezado desde hace meses las diligencias para determinar quiénes y a qué nivel autorizaron el plan "Rápido y Furioso".
La misiva detalla la falla de la DEA y el FBI en compartir información crucial con la ATF que, según los congresistas, hubiera culminado en el fin del operativo por lo menos 10 meses antes de lo esperado.
Según la comunicación enviada al fiscal general, mientras la ATF intentaba identificar al financiador detrás de Manuel Celis Acosta, líder de un círculo de tráfico de armas, la DEA y el FBI ya conocían la identidad de este financiador y hasta lo habían convertido en informante confidencial.
Además al financiador se le permitió seguir comprando armas de Celis Acosta por un periodo de un año, sin que la ATF supiera que el hombre que intentaban identificar era ya un informante del gobierno federal.
Otro de los puntos que toca la carta fue que antes de que dicha persona fuera adoptado como informante confidencial, pudo haber utilizado hasta 3 mil 500 dólares de los contribuyentes para financiar el tráfico de armas a México.
Presuntamente el sujeto recibió el dinero -sin saber que provenían del gobierno de Estados Unidos- mientras vendía narcóticos a otros informantes confidenciales del gobierno.
