Estrategias. Se contempla el establecimiento de estrategias que permitan detonar el crédito formal.
Luis Gómez Garay, secretario general colegiado del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, propuso al Gobierno del presidente Felipe Calderón impulsar un "gran acuerdo por la producción y el rescate de la soberanía alimentaria de nuestro país" que incentive el desarrollo del sector rural, que en los últimos 30 años ha perdido el 60 por ciento del mercado interno.
Este acuerdo está basado en el incremento de la competitividad de sus sectores productivos con estrategias de transferencia tecnológica, modernización y fortalecimiento de la infraestructura productiva, precisó.
Señaló que se contempla el establecimiento de estrategias que permitan detonar el crédito formal, la rearticulación de la red de servicios, la distribución de insumos y el relanzamiento de la capacitación de los agricultores.
El problema, dijo, es que el aumento en los niveles de pobreza en el país y la apertura comercial indiscriminada que permite la importación de una gran cantidad de productos ha tenido como primer efecto el que el sector agropecuario haya venido perdiendo sistemáticamente el mercado interno nacional.
Gómez Garay explicó que en los últimos 30 años la agricultura nacional ha perdido lenta e inexorablemente su capacidad de competir en el mercado interno afectándose los sectores de granos y oleaginosas, el de los productos pecuarios como las carnes y lácteos además de "un largo rosario de sectores productivos que están inmersos en una crisis estructural que no parece tener solución".
Dio como ejemplo el arroz y leche que constituyen un verdadero drama cotidiano para los productores integrados en esta cadena de producción que parece tener como futuro su inminente desaparición y el abandono de la estructura productiva.
Paradójicamente, continuó, mientras los productores rurales están empeñados en producir y disputar el mercado interno, el Estado mantiene una postura de abandono de sus agricultores, sin fomentar políticas públicas que regulen las prácticas de comercio justo en la estructura de distribución de los diversos productos primarios.
