Precisión. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle y la canciller Patricia Espinosa, durante conferencia de prensa la mañana de este viernes, en el marco de la visita del diplomático europeo a México.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, aseguró que la tortura en México no es una práctica de Estado y que solamente se han registrado casos aislados.
En conferencia de prensa, en ocasión de la visita a México del ministro de Relaciones Exteriores alemán, Guido Westerwelle, la funcionaria dijo: "Quiero subrayar que por supuesto no se registra como una práctica de Estado, una práctica sistemática, se registra como hechos aislados violatorios de los derechos humanos".
Esta declaración, en respuesta a lo publicado ayer, donde se da a conocer que el gobierno de México entregó a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, un informe en el que se reconocía la permanencia de esta práctica y lo que falta por hacer para erradicarla.
El informe Avances y desafíos en materia de derechos humanos, elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y otras 10 dependencias gubernamentales, revela que del año 1992 al año 2006, 74 personas cumplieron sentencias por tortura en penales estatales y a nivel federal sólo seis se encuentran purgando penas por la comisión del delito.
Espinosa Cantellano explicó que en este documento hay una serie de evaluaciones y señalamientos precisos sobre avances en distintas materias.
"Al mismo tiempo que registra muchos y numerosos avances, también señala retos. Recuerdo bien palabras de la Alta Comisionada señalando que ningún país está libre de tener retos en materia de derechos humanos, y la mejor manera de superarlos es reconocerlos y hacer un diagnóstico preciso de la situación que enfrentamos", comentó.
"El propósito es ser objetivo realista y tener diagnóstico correcto para actuar en consecuencia y poder atacar aquellos puntos que todavía representan un reto para el país", dijo.
Organizaciones de Defensoras de Derechos Humanos rechazaron las consideraciones de la canciller mexicana, porque aseguraron que más allá del número de casos de tortura, México en general cuenta con un sistema de justicia penal que permite la tortura.
"Es un hecho sistemático, porque no sólo es que la Policía lleve a cabo tortura, sino que el propio sistema afianza esta posibilidad. La figura del arraigo y el hecho de que los jueces acepten como prueba las confesiones del inculpado lo propician", dijo José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
"Mientras no se acate las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, en el sentido de que la medida de mantener al Ejército resguardando las calles debe ser excepcional y temporal, la tortura seguirá siendo una práctica de Estado", aseguró Silvano Cantú de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
