Unas 70 mil máquinas tragamonedas -expresamente prohibidas por el artículo 9 del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos- operan en farmacias, tiendas de abarrotes y estanquillos de las zonas marginadas y semirurales de las grandes ciudades del país. Gente muy pobre es la que alimenta este multimillonario negocio ilegal controlado desde hace 25 años por una familia de mexicanos de origen judío.
Son máquinas traídas de Taiwán cuyo costo no supera los 2 mil pesos. Se les inserta cualquier tipo de moneda en espera de que las devuelva multiplicadas. Con la expectativa de obtener el premio, vi el fin de semana pasado a un anciano de San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa, repetir la jugada unas 10 veces. Se le fueron así los cien pesos que traía. Cabizbajo se fue del changarrito que recibe a lo largo del día a decenas de jugadores miserables.
A negocios como el referido no les cuesta ni la máquina ni la instalación. Al contrario, quien se las coloca les ofrece y da 10% de lo que caiga en la tragamonedas. Quienes las instalan saben que tardarán en dar con ellas cualquiera de los 44 inspectores que tiene la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob) para todo el país. Cuando eso ocurra no le importará perder los 2 mil pesos que costó la máquina. Y se embolsó muchísimo más de lo que le costó y en un par de meses tendrá otra nuevamente trabajando.
Miles de máquinas de ese tipo puede usted encontrar en la Central de Abasto de la ciudad de México o en la estación El Toreo, por sólo citar dos ejemplos.
Las casas de juego con apuestas autorizadas por la Segob mediante el permiso correspondiente tampoco pueden operar máquinas tragamonedas ni las que premian habilidades y destrezas, categoría esta última a la que se recurría para justificar su uso antes del 17 de septiembre de 2004, fecha en que el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, expidió el reglamento, hoy vigente, que lo prohíbe expresamente. (Hay en este caso una salvedad poco conocida, ya que antes de la expedición del referido reglamento la empresa Cesta Punta Deportes, del permisionario José María Guardia, recibió del Poder Judicial Federal una sentencia que autoriza a operar máquinas de habilidad y destreza, lo que lo convierte en el único que en este momento puede operarlas, ya que ninguna ley es retroactiva y si la Segob lo impide podría caer en desacato a un mandamiento judicial).
Entre lo que sí autoriza el reglamento de marras está el sorteo de números operado electrónicamente, que básicamente sería el famoso bingo. Pero en esto se ha encontrado una ambigüedad legal que fue ampliamente explotada por el hoy investigado exdirector de Juegos y Sorteos, Roberto Correa Méndez, quien determinó -y por tanto autorizó- que ahí bien podrían caber las máquinas de ruleta, black jack o 21, dados, póker y otros juegos de azar instaladas en las casas de apuesta autorizadas.
De manera que Correa Méndez no sólo prohijó la expedición de licencias falsificadas -como aquí y en otros medios se ha denunciado-, sino que aprovechando una laguna legal inundó a los casinos de las famosas maquinitas; 53 muertos después y en medio del escándalo de corrupción provocado por el incendio del casino Royale de Monterrey, la Segob envió hace tres días un escrito a las empresas que producen, distribuyen y rentan; 90% de las que operan en México son rentadas a empresas como International Game Technology (IGT), Konami Inc., Grupo Amusgo (representante de la mexicana Alfasreet), Bally Tecvhnology, Zitro, Aristrocrat Technology, Global Draw y Multimedia Games (también mexicana). A ellas les notifica que dichas máquinas no están permitidas y les pide que las retiren del mercado.
Difícilmente las soltarán esas empresas, menos aún sabedoras que es posible permitir su aprobación mediante amparos, mismos que, sin embargo, son revisados con lupa según un acuerdo alcanzado recientemente entre la Segob y el Consejo de la Judicatura Federal. Ayer, por cierto, fueron suspendidos el juez de distrito Luis Armando Jerazano Treviño y su secretario Gerardo Tiscareño Mercado, por haber otorgado amparos que beneficiaron indebidamente a casas de juego de Monterrey y su zona conurbada.
INSTANTÁNEA
CAPO. Saúl Soliz Soliz, detenido ayer por el Ejército como presunto jefe de la organización criminal Los Caballeros Templarios, de Michoacán, fue candidato a diputado federal por el Partido Verde en las elecciones de 2009.
(Twitter: @RaulRodríguezC).
