Organizaciones de derechos humanos afirmaron el viernes que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de juzgar a un militar en un tribunal civil es un gran logro para la justicia en México.
Organizaciones de derechos humanos afirmaron el viernes que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de juzgar a un militar en un tribunal civil es un gran logro para la justicia en México.
Los activistas sostuvieron que la resolución demuestra que los ministros de la Corte están dispuestos a establecer precedentes que limiten a los tribunales militares en otros 29 casos que tratarán en las próximas semanas.
"Es una decisión histórica de la Suprema Corte", dijo José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch en el continente americano. "Por muchos años, hemos concluido que la justicia militar juega un papel fundamental en encubrir a fuerzas de seguridad que cometen atrocidades en materia de derechos humanos.
El máximo tribunal resolvió el jueves por mayoría de ocho votos a favor y dos en contra que un coronel que encubrió la tortura y asesinato de un hombre a mano de dos tenientes de infantería deberá enfrentar el juicio en una corte federal ordinaria.
Los familiares de la víctima Jethro Ramsés Sánchez siguen dolidos por la muerte de su hijo, pero se declaran satisfechos con el fallo de la Suprema Corte, informó su abogado Octavio Amezcua.
"Lo que les interesa es que lo que le pasó a Jethro no le vuelva a pasar a otros jóvenes. Si esto puede servir como una medida para que otros hechos no se repitan, lo ven como un aspecto positivo", dijo Amezcua el director de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
El abogado agregó que además, servirá como advertencia a otros soldados.
"Sabían que en caso de cometer un atropello iban a ser juzgados en tribunales militares. Ahora ya van a saber que sus casos van a ser ventilados en tribunales civiles. Van a poner más cuidado en su labor de seguridad pública", dijo Amezcua.
Jethro Ramsés Sánchez, de 27 años, fue detenido por policías municipales el 1 de mayo de 2011 después de una pelea en una feria de Cuernavaca, al sur de la capital. Los agentes lo entregaron a él y a un amigo a elementos militares por sospechas de nexos con el crimen organizado. En el cuartel, otros soldados testificaron que oyeron gritos de Sánchez, quien aparentemente era torturado. Amezcua dice que Sánchez murió poco después y el coronel acusado, José Guadalupe Arias Agredano, presuntamente dijo a los tenientes que no hablaran y que se llevaran el cuerpo para enterrarlo en otro lugar.
Más de dos meses después, la policía encontró el cadáver y lo entregó a la familia. Ambos tenientes de infantería están presos. Un juez militar declinó resolver el caso y lo turnó a un juzgado federal ordinario.
Para que el fallo del jueves tenga un impacto mayor, la Suprema Corte tiene que resolver cinco o más casos similares de la misma forma.
Los jueces de la Suprema Corte ya habían resuelto en julio de 2011 que se restringiera el fuero militar conforme a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2009 que concluyó que se debía enjuiciar en tribunales ordinarios a militares que vulneraran derechos humanos de civiles. Sin embargo, el criterio jurídico de tal corte no es obligatorio, sino una recomendación.
Desde hace años se critica a México por la manera como lleva a la justicia a efectivos militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Las denuncias de abusos, torturas y asesinatos de civiles a manos de soldados se incrementaron desde que el presidente Felipe Calderón desplegó tropas para combatir el narcotráfico en varias regiones de México en diciembre de 2006.
Los tribunales castrenses han condenado apenas unas cuantas decenas de militares en los últimos años.
En 2010, el gobierno estadounidense retuvo 26 millones de dólares en ayuda a México porque entre sus preocupaciones señaló que el país asignaba casos relacionados a civiles a tribunales militares. En mayo, Estados Unidos declaró que seguía preocupado por la situación que afectaba los derechos humanos y evaluaría si retendría fondos comprometidos a la Iniciativa Mérida, un tratado que data del 2008.
El experto en derechos humanos Alejandro Anaya Muñoz, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dice que aunque ahora las víctimas tendrán mas oportunidad de testificar y ser parte de juicios, los tribunales civiles también enfrentan problemas para condenar a acusados de crímenes.
"Son mejores en términos de que son más transparentes y accesibles a abogados de derechos humanos y activistas, pero en la práctica no funcionan", expresó Anaya.
