Los problemas financieros de varios estados de la República, entre los que destacan Coahuila y Nuevo León, aparte de poner al descubierto la pésima gestión administrativa de los gobiernos de esas entidades, también ponen de relieve que sus requerimientos crecientes de gasto no pueden seguir siendo cubiertos en su mayoría con las participaciones federales.
Menos aún cuando la fórmula de reparto favorece a las entidades más necesitadas en detrimento de las demás. Cuando el monto a repartir es fijo, no hay poder humano que pueda hacer que unos ganen sin que otros pierdan.
No es extraño, por tanto, que la salida "fácil" sea buscar un mayor monto de las participaciones. Lo "ideal" para los gobiernos estatales en problemas sería que la Federación las aumente para subsanar su faltante de ingresos y ayudar a pagar sus deudas, contraídas con la expectativa de cubrirlas precisamente con más participaciones.
En principio esta opción, si bien hace sentido político, no tiene sentido económico. La realidad económica del país y la situación financiera de la Federación indican que no es posible modificar de manera significativa el monto de las participaciones, sin desatender otros compromisos prioritarios.
Mucho más importante que eso, sin embargo, es el hecho de que una asignación eficiente de recursos y la modernización económica de México requieren, por un lado, de un papel más activo de las comunidades en el financiamiento de su crecimiento y, por el otro, de una menor dependencia de las participaciones federales.
Las transferencias del gobierno central son utilizadas en todos los países para financiar una parte del gasto de los gobiernos locales. En México, bajo cualquier indicador que se utilice, son similares o superan a las que existen en otros países, no obstante que nuestra carga fiscal federal es bastante menor.
Una preponderancia de transferencias trastorna las finanzas federales, desarticula la política de estabilización macroeconómica, afecta negativamente los esfuerzos de recaudación local, distorsiona la asignación de recursos (la población no paga directamente el costo del crecimiento urbano), así como reduce la disciplina en el gasto de los gobiernos locales, que muchas veces caen en un irresponsable endeudamiento público, como son los casos de Coahuila y Nuevo León.
Este comportamiento perverso es posible porque la comunidad no vigila ni pide una rendición detallada de cuentas a sus gobernantes, ya que la mayor parte del financiamiento de ese gasto proviene de fondos federales y deuda, en vez de afectar inmediatamente los bolsillos de los ciudadanos de la entidad.
En particular, las transferencias federales financian en México un porcentaje del gasto estatal y municipal muy superior al promedio internacional. La evidencia comparativa muestra que nuestros gobiernos locales desaprovechan sus fuentes de ingresos (cobro por servicios, impuesto predial, etc.) y carecen de facultades para ampliar sus potestades tributarias.
La experiencia internacional muestra que los estados que ejercen potestades tributarias reducen su dependencia financiera del gobierno central. Esta menor dependencia contribuye, a su vez, a que los gobiernos locales sean más transparentes y responsables en el ejercicio de su gasto, así como que los ciudadanos estén pendientes y exijan rendición de cuentas a sus gobernantes.
La nueva administración debe abordar este tema como parte de la tan traída y llevada reforma fiscal. Su discusión política puede llevarse tan lejos como se quiera, pero no eludirá la realidad económica. La insuficiencia de recursos de los estados y municipios en México, así como la irresponsabilidad en la gestión de los mismos, no se resolverá con más participaciones federales.
Es necesario que se modifique la relación entre la federación y los estados y municipios, creando los medios necesarios para que éstos cobren directamente por los servicios que proporcionan, adecuen el impuesto predial a niveles más acordes con la práctica internacional, y recuperen potestades tributarias que cedieron al adherirse al convenio de coordinación fiscal, de manera que nuestros gobiernos mejoren su calidad administrativa y rindan cuentas a sus habitantes.
Para esto último son necesarios cambios legales en las entidades federativas, que transparenten la actividad gubernamental y otorguen a los habitantes medios para bloquear los caprichos de gasto de sus gobernantes, así como la aplicación de gravámenes que distorsionan la asignación de recursos, como el recién propuesto incremento al impuesto sobre nóminas en Nuevo León, que desalentaría aún más la creación de empleos en la entidad.
