Apretada la pinza del Gobierno, en afán de evitar un sexenio en blanco, para un periodo extraordinario de sesiones del Congreso que le diera cauce a las propuestas de reformas estructurales en la mesa, se está planteando una alternativa que en el papel provocaría una carambola de tres bandas.
De un solo golpe, pues, habría reforma hacendaria, laboral y de pasadita social, con anexos al calce de mayor productividad, mayor inversión pública, mayor bienestar social, mayor ahorro en el gasto público…
Casi el paraíso.
La fórmula mágica, cuyo punto central sería generalizar la tasa del Impuesto al Valor Agregado, cancelaría las aportaciones obrero-patronales para seguridad social; rompería el círculo vicioso que permite subsidiar a la informalidad, y le abriría la puerta, ahora sí, a la posibilidad de seguro universal.
El autor de la alternativa con perfil de panacea es el ex subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Santiago Levy, a quien se ubica como el principal estratega del país en materia de programas de combate a la pobreza.
El ex funcionario trabaja actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo.
El punto de arranque de la propuesta se centra en una paradoja: Aunque México aumentó entre 1960 y 2008 en 24% su fuerza de trabajo, el ingreso per cápita respecto a Estados Unidos cayó 14%.
La razón es simple: Nuestra productividad bajó en 31% respecto a la del país de allende el Bravo, por más que en México se trabaja más horas en promedio que en las naciones afiliadas al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico.
El diagnóstico habla de inversión en empresas de baja productividad con empleos también de baja productividad, la mayor parte de ellos bajo el cobijo de la informalidad, cuya explosión se explica por distorsiones del régimen fiscal y de seguridad social.
El gobierno subsidia a la precariedad laboral en tanto castiga a los empleos de alta productividad.
De hecho, mientras el Seguro Social afilia sólo a 795 mil 466 empresas, el Censo de 2008 registraba a tres millones 736 mil 347, la inmensa mayoría de las cuales tenía menos de cinco empleados.
Bajo el marco actual los trabajadores formales pagan una contribución para seguridad social de 4 mil 587 millones de pesos, a la que se agregan la patronal de 2 mil 579 y la gubernamental de 2 mil 952.
Del otro lado de la moneda, la posibilidad para los informales la lleva sólo sobre sus hombros el gobierno.
De crearse el Sistema de Salud Universal que plantea Levy, en el que cabrían 39 millones de trabajadores, frente a los 13 que afilia actualmente el IMSS, el peso total del financiamiento correría a cargo del gobierno, con una factura de 10 mil 118 millones… cuya parte medular llegaría con la homologación de la tasa del IVA.
De acuerdo con el cálculo del ex funcionario, con la medida se incrementaría la recaudación del tributo de 3.8% a 7.1% del Producto Interno Bruto.
El remanente sería canalizado hacia un Fondo de Seguridad Social con candados para evitar que el gobierno lo toque.
Y aunque se reconoce que la medida provocaría una reducción del salario real de 4%, la recuperación llegaría al reducirse la tasa de seguridad social contributiva en 22%.
En el caso de los segmentos más desprotegidos habría una compensación para intentar el equilibrio, por más que tendrían la posibilidad de acceso a mayores beneficios de seguridad social.
Ahora que el gancho para jalar a la formalidad a las empresas clandestinas sería una oferta de seguro de riesgos de trabajo igual al que reciben los trabajadores afiliados al IMSS; contribuciones complementarias para pensiones de retiro, invalidez y vida, y garantía de pensión mínima de retiro después de 25 años de trabajo.
Los servicios de salud serían proporcionados por el IMSS y los gobiernos estatales.
En la cauda, el gobierno absorbería el pesado pasivo laboral del IMSS, y se eliminaría el Impuesto Especial a la Nómina, compensando a las entidades federativas por la merma en sus ingresos.
En la carambola, los recursos públicos para la salud crecerían de 200 mil 100 millones de pesos a 394 mil 900, es decir, 52%, y los trabajadores formales incrementarían su ingreso per cápita en 106%.
La polémica está abierta.
BALANCE GENERAL
Pese a la reducción de los flujos de exportación a Brasil y la cancelación de las ventajas arancelarias en Argentina, la industria automotriz sigue rompiendo marcas de producción y exportación.
En junio pasado el número de vehículos que salieron de las plantas alcanzó 268 mil 388, frente a los 235 mil 667 en el mismo lapso del año pasado.
El acumulado en el año alcanza un millón 916 mil 583 unidades, es decir, 12.8% más que en 2011. El problema que podría frenar las ventas internas ante el encarecimiento de los costos, es la expedición de la norma 163 contra emisiones de bióxido de carbono.
LIMPIO BORJA CHICO
Acusado, junto con Arturo Bastón, integrante del Consejo de Administración, de propiciar una defraudación fiscal de la línea aérea por 54 millones de pesos, el ex director de Mexicana de Aviación, Manuel Borja Chico, fue exonerado hace unos días.
Más aún, planeada por la Procuraduría General de la República una segunda orden de aprehensión en su contra, el juez décimo cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, Rubén Darío Noguera Gregoire, negó la posibilidad al considerar que no había elementos suficientes.
De acuerdo con la Procuraduría Fiscal la firma omitió el pago de Impuesto sobre la Renta previamente cobrado a los trabajadores.
Sin embargo, se libró una orden de aprehensión contra otro de los integrantes del Consejo de Administración en la época en que presidía ésta Gastón Azcárraga Andrade. Estamos hablando de Jorge Eduardo Gómez Martínez, quien se encuentra prófugo.
Las denuncias planteadas por los sindicatos de la empresa aérea contra el ex accionista mayoritario de ésta siguen dormidas.
CUARTO DE JUNTO
Los integrantes de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Concamin participarán, desde el "cuarto de junto", en la negociación para ingresar al Acuerdo de Asociación Transpacífica.
Esta tendrá cinco grandes capítulos: Inversión, protección de propiedad intelectual, mecanismos frente a disputas comerciales, compras de gobierno y nación más favorecida.
