Llevado el juez Felipe Consuelo Soto al altar de los sacrificios en calidad de chivo expiatorio, la alfombra está tendida para decretar la quiebra de Mexicana de Aviación, bajo el argumento simple de que la prolongación ilegal del concurso mercantil coloca en tela de duda la efectividad de este tipo de procedimientos.
El desgarre de vestiduras habla de que el escenario anula la efectividad de la reforma que permitió derogar la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos ante la presión de los bancos.
La zancadilla llega en medio de una coyuntura que parece inmejorable: La división de los sindicatos ante lo que califican de traición del nuevo dirigente de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores al abrirle la puerta al despacho White & Case, encabezado por Vicente Corta, para fungir como interventor… pese al conflicto de interés que enfrenta.
La firma no sólo tendría un vigilante para garantizar el interés de los grandes acreedores, sino un nuevo conciliador y administrador que permita ver las existencias reales de activos y aún de caja.
Sin embargo, de darse el paso al que se puso tenazmente el juez removido, se desataría una pelea feroz por recoger de lo perdido lo que aparezca.
De entrada, la Tenedora K, a quien le vendió el anterior dueño, Gastón Azcárraga Andrade, las acciones del Nuevo Grupo Aeroportuario que aglutinaba a Mexicana, y sus líneas de bajo costo, exigiría el 51% de la empresa de mantenimiento MRO, el único negocio en marcha de la compañía.
Más allá, mientras el Banco Nacional de Comercio Exterior tendría vía libre para vender los siete aviones que le endosaron en garantía por un préstamo de 980 millones de pesos, el Banco Mercantil del Norte exigiría a su vez el descongelamiento de los pagarés bancarios que se le pusieron en prenda.
El problema, empero, será para el gobierno y los trabajadores, pese a que tienen derecho de ubicarse "mano" en la fila de acreedores, dada la falta de activos de la firma que pudieran comercializarse.
El principal de ellos, la marca "Mexicana de Aviación" lo tienen embargado los trabajadores de confianza.
De hecho la Secretaría de Hacienda ya perdió un pleito contra el exdirector general de la línea aérea, Manuel Borja Chico, en reclamo de una suma multimillonaria de impuestos retenidos que no se enteraron al fisco.
Ahora que en la presión los trabajadores le exigirán al gobierno el acelerar las indagaciones en relación a las demandas colocadas en la mesa contra el expresidente de la compañía.
De hecho, los únicos que faltaban de colocar su reclamo, los trabajadores de tierra, acaban de hacerlo… sólo que involucrando también al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a la Secretaría de Hacienda y a Nacional Financiera.
Las tres instancias tenían una participación en el capital de la empresa, entonces integrada a Cintra, controladora también de Aeroméxico, al momento de su venta al Grupo Posadas. El primero tenía el 50.44%; la segunda el 10.6 y la tercera el 3.54.
El resto estaba en la Bolsa Mexicana de Valores.
El delito de que se les acusa es haber vendido la empresa a un precio que descontaba un pasivo laboral de dos mil 492 millones de pesos, sin que hubiera comprometido al comprador a garantizar su pago.
Es más, ni siquiera se reconoció la existencia del pasivo.
La presencia habla de fraude, al no tomar en cuenta la opinión de los acreedores, es decir los trabajadores de Mexicana.
Como usted sabe, tras una alocada administración que incluyó la apertura de rutas incosteables; la pintura de la totalidad de la flota a pretexto de un cambio de imagen, y la adquisición de préstamos cuyo uso no está totalmente claro, el accionista principal emprendió la graciosa huida vendiendo en mil pesos el 97% de las acciones.
¿Y qué tal, desde otro ángulo, si Med Atlántica le exige pago de daños y perjuicios al gobierno por obstaculizar el rescate de la línea aérea, como lo hizo con 14 posibles compradores de línea?
La quiebra, pues, le pegaría un palo al avispero.
BALANCE GENERAL
Por decisión del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, la mina de carbón VII de la Unidad Mimosa ubicada en Progreso, Coahuila, en cuyos túneles perecieron seis trabajadores, permanecerá cerrada en forma indefinida.
En el paréntesis, la empresa encabezada por Alonso Ancira presionará al gobierno para cancelar el impuesto que se cobra por la extracción de gas metano, lo que vuelve incosteable su explotación.
Como usted sabe, la caída de 100 toneladas de carbón sobre los infortunados mineros la provocó una acumulación del gas que se libera en este tipo de minas.
La paradoja del caso es que haya sido la propia empresa, no la autoridad, la que declarara clausurada la mina.
NUEVO MEXLUB
Entre las propuestas de salida planteadas por Pemex frente al diferendo con la empresa de capital mixto Mexicana de Lubricantes al no rendir cuentas desde hace 10 años a la paraestatal, está el cambio de la mitad de integrantes del Consejo de Administración, sustituyéndola por independientes.
Sin embargo, no hay claridad aún sobre las concesiones que recibió la firma fabricante de aceites y lubricantes automotrices a su privatización a medias, cuyo vencimiento llegará el año próximo.
Estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de vender en exclusiva sus productos en la red de ocho mil gasolineras de la empresa pública; del uso de la marca MexLub, y de recibir suministro por parte de Pemex a precio "especial".
Pemex, pues, le dio todo… a cambio de nada, por más que se habla de una indemnización de mil millones de pesos para quedar "tablas".
BARBAS A REMOJAR
El gobierno está demandando a las cadenas de comida rápida Mc Donald's, Burger King y Kentucky Fried Chicken por violar la ley que prohíbe entregar juguetes en sus paquetes como anzuelo para el público infantil.
Naturalmente el hecho ocurrió en Chile, considerando que en nuestro país es impensable establecer un ordenamiento similar dado el "respeto" que se tiene a las multinacionales y en general a las productoras de comida chatarra.
¿Se acuerda el fiasco que resultó de la prohibición de vender ese tipo de productos en las escuelas?
