Los árbitros electorales evaden y minimizan las irregularidades en los comicios presidenciales. ¿Qué hacer?
Los números cuentan. Cincuenta y cinco por ciento de la población adulta piensa que las elecciones fueron limpias; cuarenta por ciento cree que hubo graves irregularidades. Si se toma como referente a la lista nominal de electores los insatisfechos sumamos unos 32 millones de personas (Encuesta del Reforma, 12 julio de 2012). No somos mayoría, pero tampoco se trata de una minoría insignificante y marginal. ¿Por qué el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral violan nuestro derecho a la información?, ¿por qué nos tratan como idiotas?
Dos precisiones. La primera es rechazar el reduccionismo intelectual que atribuye la inconformidad al discurso de Andrés Manuel López Obrador. Estoy entre los indignados por el cúmulo de irregularidades que vuelven a quedarse en la bruma y sin castigo. La segunda tiene que ver con el IFE y el Tribunal. Es injusto e impreciso descalificar el trabajo de los integrantes de ambas instituciones. Es legítimo criticar a quienes las dirigen porque tuvieron la opción de hacer una investigación seria e integral y se fueron por una narrativa blandengue y superficial sazonada con el autoelogio cursilón. Si fueran profesores universitarios estarían dando 10 y menciones honoríficas a quienes copiaron en el examen frente a ellos.
La excepción es el consejero del IFE Alfredo Figueroa, quien marcó públicamente su posición frente a la manera como el Consejo General resolvió la queja promovida por el PRD contra Peña Nieto, el gobierno del Estado de México, Televisa y otros. Figueroa ha asegurado -sin ser desmentido- que el IFE se autolimitó. Ni investigaron en serio, ni hicieron las preguntas pertinentes, ni solicitaron la información que hacía falta.
Los frenos y censuras que se imponen los organismos públicos son uno de los grandes fallos de nuestra democracia. El país se ha llenado de comisiones e institutos de todo tipo, cuyo mandato teórico es defender a las víctimas y al interés general frente a quienes gobiernan. Son dependencias estratégicas porque median entre ciudadanía y gobernantes y porque tienen la capacidad de frenar o corregir abusos. Lo trágico es que la tibieza caracteriza a la mayoría y terminan sirviendo al poderoso, lo cual es una nociva y añeja tradición mexicana. Cito un antecedente ejemplar.
Hace poco más de un siglo, el 1º de septiembre de 1910, Federico González Garza encabezó a un grupo de maderistas que presentaron ante el árbitro electoral un Memorial de más de 600 páginas documentando las irregularidades en la elección presidencial de aquel año. Pedían la anulación de los comicios. Tres semanas después los diputados erigidos en el Colegio Electoral dedicaron unos cuantos minutos para aprobar un escuálido párrafo en el cual concluían que "no ha lugar a declarar la nulidad de las elecciones".
Los organismos domesticados son un ingrediente fundamental en la arquitectura del abuso y la impunidad. Quienes gobiernan entienden perfectamente la importancia estratégica de nombrar a personajes controlables o seducibles en esas dependencias. Despiden o nulifican a quienes muestran independencia y un caso paradigmático fue la destitución, en 2003, de todo el Consejo General del IFE que presidía José Woldenberg. Los sumisos prosperan y saltan de cargo en cargo, aunque carezcan de la formación profesional que se requiere. El Estado de México es campeón en estas lides.
Miguel Ángel Contreras Nieto tiene una carrera paradigmática bajo cuatro gobernadores mexiquenses. César Camacho y Arturo Montiel lo mandaron a dirigir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; después de defender personas Peña Nieto lo envió a cuidar árboles nombrándolo procurador del medio ambiente; el actual gobernador, Eruviel Ávila, decidió que tenía el perfil para perseguir delincuentes y lo designó procurador general de justicia.
Un rasgo del PRI mexiquense es el empeño puesto en controlar los flujos de información. El razonamiento previo me lleva a pensar que si Enrique Peña Nieto quiere ampliar de cinco a siete el número de comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, un organismo que ha estado a la altura, es porque quiere diluirlo extirpándole su garra. Si tiene éxito no debería sorprendernos que proponga a Contreras Nieto o a alguien con su perfil como nuevo comisionado.
Una parte de la sociedad está a la búsqueda de "algo" qué hacer para frenar el deterioro democrático y defender los avances logrados. El movimiento #YoSoy132 es uno de los grupos empeñados en construir una agenda para la acción.
Por el historial reciente del IFE y el Tribunal y por el poco peso de otros organismos es prioritario conceder más atención a quienes serán nombrados a partir de este otoño para dirigir los organismos públicos que tutelan los derechos en nuestro país. Liberémonos de vasallos e improvisados, exijamos especialistas comprometidos con sus temas.
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Colaboró: Paulina Arriaga Carrasco
