"Esta Ley General de Víctimas que se nos entrega no debió de haber sido", dijo el poeta y activista Javier Sicilia en el marco de la ceremonia acontecida ayer miércoles en la Residencia Oficial de Los Pinos con motivo su publicación en el Diario Oficial, e indicó que abre una esperanza de justicia y paz de un Estado que rompa la brecha de gobierno y ciudadanos. Sobre la guerra en contra de los cárteles del hampa emprendida por la pasada administración, Sicilia destacó cuán absurda e innecesaria fue. En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto consideró que dicha ley es muestra del consenso político que existe en el país y el cual, dijo, no se había tenido en décadas. Además señaló que el primer eje del Gobierno de la República es un México en paz.
Pero permíteme refrescar tu memoria. Por si no lo recuerdas, querido lector, la Ley General de Víctimas consta de un ordenamiento de alrededor de 189 artículos y transitorios en los cuales se establecen los derechos que tienen las víctimas del delito y aquellos que han sufrido violaciones a sus derechos humanos. Dicha ley contempla las medidas de ayuda inmediata que deben aplicar las autoridades, así como la reparación integral del daño, con asistencia jurídica, médica y económica. La Ley ya había sido aprobada por el Senado de la República hace alrededor de ocho meses, sin embargo el gobierno calderonista interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, aduciendo que contenía imprecisiones para evitar que fuese promulgada. Fue hasta su toma de posesión el pasado primero de diciembre, cuando Peña Nieto advirtió que se desistiría de dicho recurso legal y ayer ante diversos actores de la sociedad civil y representantes de derechos humanos presentó, finalmente, dicha ley.
Son miles de voces las que han manifestado su beneplácito por la entrada en vigor de la largamente postergada Ley General de Víctimas, al considerar que será garante de las personas cuyos derechos esenciales se han visto afectados por la violencia en todos sus ordenes pues, afirman, obliga al gobierno en sus tres niveles -federal, estatal y municipal- a acatar sus obligaciones de carácter jurídico cuando de proteger a los ciudadanos se trata. Y es que precisamente el olvido y el desdén que señalan mostró Felipe Calderón y su gobierno hacia las víctimas de la violencia es algo que, tal parece, busca resarcir la actual administración con la entrada en vigor de la ley.
En su discurso, el presidente Peña Nieto aseguró que México ha dado un importante paso hacia un estado de derecho y de pleno respeto a la integridad del ser humano. "Esto es el inicio de toda una red de protección por parte del estado mexicano para las víctimas. La ley reconoce el derecho a recibir ayuda y asistencia", asevera.
Este columnista ha tenido acceso a la ley y cree que si bien se precisa hacerle diversas adecuaciones y modificarla, en lo general significa un avance importantísimo a favor de las víctimas del delito. Y es que a mi juicio lo que a Felipe Calderón le faltó, y por lo cual fue justamente criticado durante su sexenio, fue una mucho mayor sensibilidad hacia los muertos y sus familias. Torpemente, Calderón creía que con un memorial se iba a zanjar el agravio que para millones de mexicanos representó su cruzada en contra de las organizaciones criminales.
Sin embargo, no todas las voces de este coro llamado sociedad civil cantan en el mismo tenor la misma melodía cuando a La Ley General de Víctimas se refiere. A través de su cuenta de Twitter, Alejandro Martí, presidente y fundador de la organización México SOS, dijo que para acceder a los beneficios de la ley, la víctima se encuentra obligada a pasar por una serie de trámites que la victimizan. Agregó que ya existen instituciones de atención, pero no les han dado las herramientas jurídicas y financieras para su óptimo funcionamiento. "Se necesitan homologar las leyes secundarias y reglamentos para que estén en concordancia con esta Ley General. Los contribuyentes pagaremos las fechorías de los delincuentes", sentenció el empresario.
Posturas encontradas las habrá siempre. En tanto, debemos reconocer la intención del Gobierno Federal de resarcir a las millones de personas que hasta hace poco se encontraban en el olvido por parte de un país y de un gobierno que a todas luces les falló. Ojalá tales buenas intenciones no se queden en eso. Cuando el Estado no nos garantiza derechos y la protección de sus ciudadanos, entonces estamos fritos.
Hoy, promesas más promesas menos, así seguimos: fritos. Y en aceite…
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