No es Joaquín Guzmán, "El Chapo", jefe del cártel de Sinaloa, quien sigue en libertad después de 12 años de su fuga; pero sí el segundo capo más buscado en México y Estados Unidos. La aprehensión de Miguel Ángel Treviño, el "Z-40", es el mayor golpe contra el crimen organizado en los meses que lleva esta administración.
Justo cuando las malas noticias se acumulaban; cuando la "nueva estrategia" de seguridad superaba un semestre sin ofrecer resultados que convencieran a la opinión informada; cuando los nubarrones en la economía anticipan bajo crecimiento para este año y el siguiente; cuando la aplicación del gasto público generaba sospechas de manejo inexperto (subejercicios "negados" por el secretario de Hacienda) y la popularidad de Enrique Peña Nieto muestra una caída de 10% en la "aprobación presidencial", según la encuesta Gea-isa levantada en junio, el gobierno federal da el campanazo. Imposible regatear mérito al operativo de la Marina Armada, y, menos aún, a la estrategia de comunicación política para dar cuenta de un episodio relevante y delicado por sus eventuales repercusiones. Sobriedad y precisión sin alardes que marca una enorme diferencia con el estilo y la visión estratégica del anterior gobierno.
Golpe de precisión que, sin "disparar un tiro", responde al clima de suspicacia en sectores del gobierno y la opinión pública estadounidense sobre el "compromiso" del gobierno de Peña Nieto en la lucha contra los cárteles. Aunque, en el frente interno, ratifique la percepción de que son más los puntos de continuidad que dé ruptura con el pasado inmediato en la "nueva" estrategia de combate al crimen.
Seguramente hay mucho qué decir y analizar al respecto. No obstante, sería difícil encontrar argumentos para cuestionar la decisión de continuar -y afinar- la batalla contra la organización criminal más violenta y sanguinaria que opera en el país. En esa perspectiva, la captura del "Z-40" podría señalar el principio del fin de la organización. Posibilidad que, lamentablemente, no se traducirá de forma inmediata en la reducción de los niveles de violencia. Es previsible, por el contrario, que el "descabezamiento" genere batallas intestinas por el mando vacante y aliente la beligerancia de los cárteles enemigos.
No parece haber, en este sentido, ninguna novedad. A la caída del capo seguirá la fragmentación, pulverización, dispersión de operadores y sicarios en busca de mantener y continuar el negocio. Es la historia vivida a lo largo del sexenio pasado. Lo inédito, sin embargo, podría registrarse en dos flancos: primero, en la información "privilegiada" que pueda soltar Treviño Morales en los interrogatorios; sobre todo, en lo referente a la estructura para el lavado de dinero en la economía formal y en la espesa red de protección política, policiaca y militar que hasta hoy garantizó la operación y expansión de "Los Zetas"; segundo, en la eficacia de las acciones preventivas del Gobierno federal para controlar e inhibir los brotes de violencia en territorios dominados por la banda.
"Los Zetas" nacieron de una traición: una treintena de oficiales desertaron del Ejército Mexicano; después de su entrenamiento en Estados Unidos, en la que fuera Escuela de las Américas, se integraron al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. De ahí saltaron al Cártel del Golfo, liderado por Osiel Cárdenas, para integrar su brazo armado. Más tarde, tras la captura del capo, formaron casa aparte e impusieron la lógica "militar": el control de territorios a través de sobornos e intimidación y, a partir de ello, la obtención de rentas derivadas de crímenes horrendos: extorsión, secuestro, trata de blancas… Para no hablar de torturas infames y homicidios masivos, como en San Fernando, Tamaulipas.
"Los Zetas" nacieron de una traición. Pero hay muchas otras traiciones que explican la descomposición que se vive en amplias zonas del país. Sobre todo de aquellos que, teniendo la responsabilidad de perseguir a los criminales, decidieron jugar a su favor: policías locales, estatales y federales; efectivos de las Fuerzas Armadas; fiscales y agentes del Ministerio Público; jueces y magistrados; autoridades municipales; directivos y funcionarios del sistema carcelario; políticos y burócratas del sistema de seguridad pública en todos sus niveles.
El "Z-40" ya está en la cárcel y es una buena noticia. Pero lo que sigue es más duro y complejo: desarticular a las bandas -criminales, políticas, empresariales- que han secuestrado la tranquilidad de millones de familias.
(Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario)
Twitter: @alfonsozarate
