Los modos y términos de su trabajo y desempeño no hablan de la reivindicación del Poder Legislativo, sino de su abdicación en favor del Ejecutivo y las dirigencias partidistas... a costa de la democracia y la ciudadanía.
Cada vez son más los indicios de que, en aras de sacar adelante la reglamentación de la Reforma Energética a su gusto, el Ejecutivo está dejando al Legislativo hacer un galimatías jurídico del régimen electoral sin renunciar a invadir, por debajo de la mesa, la esfera de las atribuciones de este último. Y los legisladores, con la mira puesta en llevar agua a su partido y arrojar migajas a los agentes colaterales a su servicio, abdican de sus funciones. Coinciden ambos poderes, sin embargo, en un punto: estrechar la puerta de la participación ciudadana ya que, en su concepto, política es patrimonio exclusivo de ellos, monopolio de su capricho.
En ese esquema, valga el absurdo, los legisladores no legislan: transan con las leyes, con los nombramientos de consejeros, comisionados, magistrados y ministros, con su propio voto en las sesiones, con su próxima ambición, con las partidas presupuestales, con el pago del servicio recibido o por recibir, con el orden del día... denigran su mandato, desgarran la dignidad de su investidura y, en su vesania, aseguran su prevalencia en una democracia vacía de contenido.
Salvo contadas excepciones, los legisladores tienen por único horizonte el del interés personal y del grupo partidista donde militan. Bajo esa óptica, poco les importa azolvar aún más los canales de participación civilizada y alentar la espiral de la violencia social y criminal que cada día se manifiesta.
En el reino del cinismo, la pusilanimidad política comparte territorio con la impunidad criminal y la inestabilidad social se precipita. En ese pantano con o sin petróleo, la certidumbre jurídica y la estabilidad política se derrumban.
¿Cuáles son los indicios de la abdicación del Poder Legislativo a legislar, debatir y representar?
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Uno. Un legislador no puede consagrar un derecho en la Constitución y abrogarlo en el reglamento. Tal perversión convierte a la Carta Magna en un catálogo de anhelos y a la ley en un articulado de frustraciones.
A título de ilustración de tal engaño, vale mencionar sólo dos. Uno, en la pretendida reglamentación de la Reforma de Telecomunicaciones se limita lo consagrado en la Constitución. Dos, en la Reforma Electoral se garantiza en la Constitución el derecho ciudadano a postularse como candidato independiente, pero en la reglamentación se anula.
Es un engaño sin par, una traición a la ciudadanía, el impulso de la cultura del "acátese, pero no se cumpla", de la simulación.
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Dos. Si bien cada fracción parlamentaria debe contar con un coordinador y éste debe negociar y acordar con los integrantes de su grupo, con la dirección de su partido y con sus pares, no puede aceptar a un supercoordinador de un poder distinto al Legislativo por encima de él o de la dirección de su partido. La operación legislativa y parlamentaria del Poder Ejecutivo, a través de Aurelio Nuño y Alfredo Castillejos, exhibe la abdicación del Legislativo en favor del Ejecutivo y borra el equilibrio entre los poderes.
Puede entenderse que los coordinadores parlamentarios del partido tricolor lo acepten, pero no los de las fracciones opositoras. Si los coordinadores parlamentarios y los dirigentes partidistas de la oposición están en ese enjuague, deben deponerlos porque, en el fondo, y pese a criticarlo, reconstruyen un modelo presidencialista con participación de la dirección de los partidos. No reponen la dictablanda, sino la dictapartidista con dominante del Ejecutivo.
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Tres. La dignidad de un congresista deriva del arte de conjugar cuatro valores: representar, debatir, negociar y legislar. Se dice fácil, pero no es sencillo. Cuando un legislador olvida a quienes representa y subasta su voto al mejor postor, cuando renuncia al debate y vitupera a quienes le reclaman y reduce su tarea legislativa a aprobar lo que recibe, el congresista abdica en favor de interés particular. En estos días, se denigra el quehacer legislativo hasta convertir al congresista en un siervo de la nación invertido. Cuando eso ocurre se disuelve el Congreso, con todo lo que ello implica.
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Cuatro. Cuando un legislador asume su incapacidad de legislar ante la materia que debe normar y regular, debe abrir su función y consultar públicamente a los especialistas.
Cuando ocurre lo contrario y el legislador cierra su función, anula el debate y se somete al interés que debe regular o al poder que ha enviado la iniciativa, no enriquece la ley, la debilita.
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Cinco. La función parlamentaria exige, verdad de Perogrullo, parlamentar. Cuando el parlamento se borra y se limita a recibir y aprobar dictámenes elaborados fuera de su seno o sin la participación de los integrantes de la comisión dictaminadora, el legislador renuncia a su función y, por lo mismo, pierde su razón de ser. Eso está ocurriendo, si bien hay excepciones, el grueso de los legisladores no parlamenta, calla; el grueso de los legisladores no dictamina, aprueba.
Obviamente, aun cuando en las sesiones plenarias suban a la tribuna decenas de oradores a hablar o fijar postura, eso no constituye un parlamento. En el mejor de los casos, constituye un concurso de desahogos, un desfile de discursos inconexos o una aburrida competencia de esgrima oral.
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Seis. Cuando un Congreso convoca un período extraordinario su labor queda limitada exclusivamente al asunto para el cual fue citado. Esa es la regla. Si ésta se viola y se introducen temas no previstos -como regalar la pensión vitalicia de los magistrados-, el Congreso se traiciona a sí mismo y vicia de origen su decisión.
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De tanto trabajar hincados y sobre las rodillas, el Poder Legislativo terminará por atrofiarse los meniscos. Y los meniscos, vale recordarlo, distribuyen el peso, sirven de freno, amortiguan y estabilizan. Sin ellos cualquiera se derrumba.
Si hace tres semanas se preguntaba si se fraguaba un golpe al parlamento, hoy puede decirse que está en curso y que los golpistas llevan por disfraz el de los legisladores. Increíble.
