Algo peor puede ocurrir todavía: dejar que grupos radicales -auténticos o no- y quienes se regocijan ante el incendio de las instituciones definan el curso de la crisis que cimbra al país.
La falta de liderazgo y organización de los sectores activos de la sociedad, así como la miopía y pusilanimidad de la élite política están rindiendo la plaza a esos grupos. Es hora de enarbolar demandas, no sólo reclamos; de actuar desde el gobierno bajo vigilancia de la sociedad, de evitar que la energía social se desvanezca en rabia y la élite política se refugie en el tiempo y el olvido.
Gritar y no hacer nada es dejarle el campo a la violencia. Sería una pena que el doloroso y -por absurdo que suene- saludable golpe de conciencia recibido al saber del paradero de los desaparecidos cuando crimen y política se asocian, lo consuma el fuego que sólo deja ruinas y cenizas.
Si los Poderes de la Unión quieren mostrar sensibilidad ante el reclamo social y conciencia de la circunstancia, urge que actúen de manera clara y contundente. Y dejar que esa actuación la vigilen representantes de la sociedad.
Esos representantes sociales, integrados en una Comisión de Seguimiento y Vigilancia -obligados a informar pública y semanalmente-, podrían ser: los rectores de la UNAM y la Ibero, José Narro y David Fernández; el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza; el vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, Bernardo Sepúlveda; el obispo Raúl Vera; el presidente de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, Carlos Aguiar Retes; el politólogo José Woldenberg; los empresarios Carlos Slim y Manuel Arango; así como Dulce María Sauri Riancho, Cuauhtémoc Cárdenas y Ricardo García Cervantes.
Doce mexicanos reconocidos por su compromiso, y en los cuales se puede confiar para seguir y vigilar las acciones que los Poderes de la Unión deben emprender cuanto antes para darle perspectiva al país. ¿Qué acciones podrían ser ésas?
Uno. El presidente Enrique Peña Nieto podría anunciar la devolución, a su presunto propietario, Juan Armando Hinojosa, de la residencia no oficial que ocupa. El anuncio incluiría la eliminación de ese empresario en el concurso de licitación de obras gubernamentales a lo largo del sexenio.
Dos. Crear, de inmediato, un gabinete de emergencia que incluya en el área social, política y económica a quienes repongan credibilidad en el gobierno. A guisa de ejemplo, es insostenible en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, un funcionario que, en horas, cambia de opinión sobre su propio trabajo y, sin informar a fondo la causa de ello, lejos está de ser un secretario de Estado. Hoy, se requieren secretarios de Estado.
Tres. Instar al Instituto Nacional Electoral y al Cisen a señalar aquellos distritos o municipios donde la elección es un peligro y, en ese sentido, anularla y proceder a tomar acción inmediata para reincorporarlos a la vida institucional. Simular que el territorio nacional es dominio del Estado de derecho abona la posibilidad de repetir lo ocurrido en Iguala.
Cuatro. Ratificar en su puesto -con título de procurador o fiscal general- a Jesús Murillo Karam con la encomienda, sí, de concluir la indagatoria de los cuarenta y tres jóvenes de Ayotzinapa, pero ampliándola a los vínculos de José Luis Abarca (y su esposa) con los políticos que lo postularon, encumbraron y encubrieron, beneficiándose de recursos derivados del crimen.
Más allá del cuestionamiento al trabajo del procurador Murillo, por primera vez -por primera vez, hay que repetirlo- se informa a la sociedad del paradero de un grupo de desaparecidos. La crudeza del relato hecho por el funcionario al rendir cuentas de su investigación permitió a la sociedad asomarse al fondo de una fosa. Una fosa de cientos o de miles. Entonces, es menester atender a los familiares de los millares de desaparecidos que viven una angustia superior a la de los familiares de los normalistas. Si es preciso, solicitar apoyo a organismos multilaterales y a la misma sociedad para acabar con la incertidumbre del destino de millares de mexicanos.
Convocar, de inmediato, a un periodo extraordinario con término al 15 de diciembre, con la siguiente agenda.
Uno. Anular los fondos donde los propios legisladores se emparentan con el crimen al cobrar moches que, en el hampa, es extorsión. Si los partidos quieren mandar señales de rectificación, ésa es importante.
Dos. Reducir en cien el número de diputados plurinominales y eliminar a los senadores de primera minoría, tal cual era al principio. Se demostraría, así, que la intención no es simple ardid; que la democracia puede reducir su costo y que el partido en el poder tiene palabra.
Tres. Reducir las prerrogativas de los partidos tanto porque su elevadísimo monto no ha evitado el uso de dinero sucio en las campañas y porque aquellas son simple botín de las dirigencias que aleja a los partidos de la ciudadanía.
Cuatro. Resolver el instrumento idóneo para abatir la corrupción que una y otra vez lleva al fracaso a grandes y pequeños proyectos.
DEL PODER JUDICIAL.
Uno. Resolver, este mismo mes, la sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, perfilando en esa posición a un ministro formado dentro y fuera del Poder Judicial: capaz de romper la endogámica característica de ese Poder, dispuesto -por lo mismo- a instrumentar el nuevo sistema de justicia y tener acreditada su independencia.
Dos. Depurar su institución. Salir de los jueces al servicio del crimen y la corrupción, no con la justicia.
Reclamar sin formular demandas no llevará a superar la circunstancia. No hacer nada desde el gobierno, dejando al olvido enterrar los muertos y a la violencia justificar el autoritarismo, es apostarle al fracaso.
Con las acciones y los nombres propuestos, sólo se quiere alentar darle sentido y contenido al reclamo. Evitar una tragedia superior a la vivida.
