Nada da más pena que ver cómo los grupos políticos aprovechan las muertes para promover sus filias y fobias. Ahora vemos el caso de Ángel Aguirre Rivero, el gobernador perredista de Guerrero, cuya renuncia exigen varios grupos por la matanza de Iguala.
¿Debe renunciar el gobernador? No estoy de acuerdo. Aguirre fue electo de manera democrática y su responsabilidad es cumplir con su mandato. La única excepción sería si se presentara una acusación formal en su contra por la comisión de un ilícito. Pero no ha sido el caso hasta ahora.
Tiene razón el nuevo presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, cuando advierte que si se considerara la renuncia de Aguirre en Guerrero habría que exigir también la del priista Eruviel Ávila del estado de México, donde se registró la matanza de Tlatlaya, También se ha pedido la renuncia del panista Rafael Moreno Valle de Puebla por la muerte de un niño en una acción de desalojo de la policía estatal durante un bloqueo de la Autopista Puebla-Atlixco.
Estos gobernadores podrán ser buenos o malos, cuestionados por razones políticas o personales, pero tienen una responsabilidad que surge de las urnas y debe ser respetada. De hecho, en México se consideró durante mucho tiempo que los cargos de elección popular eran irrenunciables, pero ahora tenemos mecanismos para licencias y renuncias por razones de todo tipo.
Los activistas tienen derecho a expresar su insatisfacción con un gobernante e influir en el ánimo de los votantes para que su partido no se mantenga en el poder. Pero cuando exijan una renuncia la respuesta debe ser siempre la misma: los cargos de elección popular no son renunciables. Permitir que los grupos de presión puedan forzar la renuncia de un gobernante a través de manifestaciones equivale a poner fin a la democracia y abrir las puertas al fascismo que operaba precisamente de esa manera.
He visto muchas críticas al gobierno de Aguirre, pero ninguna indicación de que haya participado en los hechos del 26 y 27 de septiembre en que policías municipales de Iguala y miembros del crimen organizado llevaron a cabo una matanza. Pedir su renuncia me parece, en consecuencia, un perverso aprovechamiento de la muerte de unos jóvenes para promover una causa política.
Guerrero necesita mantener un gobierno surgido del voto popular. Nunca ha sido fácil gobernar este estado, que tiene índices de homicidios que se encuentran entre los más altos del país y una tradición de rebeldía que se remonta a los tiempos de la colonia.
En una democracia los ciudadanos regresan a las urnas cada determinado tiempo. Los guerrerenses lo harán en junio de 2015. Los aspirantes a las distintas candidaturas se están ya moviendo y buscando apoyos y visibilidad en los medios. El año que viene los ciudadanos podrán escoger a un nuevo gobernador así como a los presidentes municipales y diputados que lo acompañarán en sus tres primeros años de gestión.
La Procuraduría de Justicia de Guerrero y la General de la República tienen obligación de investigar la matanza de Iguala y castigar a los responsables, aun cuando uno sea el presidente municipal con licencia José Luis Abarca. Si se encuentra alguna complicidad del gobernador Aguirre, entonces él también debe ser procesado. Pero mientras no haya indicios de ello, su responsabilidad es cumplir con el encargo de gobernar el estado. Serán los guerrerenses quienes emitan su juicio final en junio de 2015. Mientras tanto el gobernador no debe ser destituido ni por manifestaciones ni por presiones.
JEAN TIROLE
El ganador del Premio Nobel de Economía, el francés Jean Tirole, ha sido reconocido por su trabajo sobre "el poder de mercado y su regulación". Los monopolios y oligopolios tienen el poder de imponer sus condiciones al mercado. Los análisis de Tirole demuestran que las intervenciones gubernamentales para controlarlos pueden ser positivas, pero también negativas.
Twitter: @SergioSarmiento
