En las últimas declaraciones que hizo Murillo Karam sobre los 43 estudiantes normalistas, asegura que en este caso existen claros indicios de desaparición forzada y de homicidio, pero no de crimen de Estado.
"Mire usted yo hablo del primer caso en cuanto a policías y presidente municipal, seguramente así dirá la consignación de un caso típico de desaparición forzada y luego si hay muertos es un homicidio. Usar las palabras así nada más es un poco peligroso, un Crimen de Estado es una cosa mucho mayor, Iguala no es el Estado Mexicano", respondió a la reportera de la APF.
Entre los argumentos que intentan sustentar deslinde del gobierno federal, encontramos justificaciones federalistas o diferenciaciones partidistas. Éstas no son suficientes para dejar de responsabilizar al Estado y por lo tanto al gobierno federal que ha permitido que la desaparición forzada sea un evento "típico" y cotidiano de nuestro país. Si se busca deslindarlo de sus competencias ejecutivas en materia de procuración de justicia, basta reparar en los delitos contra la salud que le atañen a la federación y se vinculan con el comercio ilícito de drogas, acopio y tráfico de armas, "lavado" de dinero, tráfico de indocumentados, extorsión y secuestro.
"Iguala no es México", dice Murillo Karam obviando las recientes desapariciones y muertes en el resto de la República. De acuerdo con estadísticas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), cinco entidades concentran 50 % del número de desaparecidos, que hasta agosto pasado ascendía a 22,322 personas. Ese porcentaje lo conforman Tamaulipas, con 4,875 casos; Jalisco, con 2,113; Estado de México, con 1,554; Distrito Federal, con 1,450, y Coahuila, con 1,332. El Partido Revolucionario Institucional ha sido el único que ha gobernado durante ocho décadas en Tamaulipas, Coahuila y el Estado de México.
Eduardo Guerrero Gutiérrez advertía en su artículo "La dictadura criminal" que aunque parecía que el gobierno federal tenía recursos para contener la crisis en Michoacán, había que atender con urgencia el estado de Guerrero. Subrayaba el repunte de la violencia en Chilpancingo y en Ciudad Altamirano, así como la extrema pobreza de sus municipios. (Revista Nexos, abril 2014).
Ahora, el gobierno federal debe mirar de cerca a estas tres entidades: Tamaulipas ocupa el primer sitio con el mayor número de desapariciones. Por lo que respecta a homicidios está en el segundo lugar con 1,029, detrás del Estado de México que tiene 1,324 y en donde según el Programa de Apoyo a Familiares de Personas Extraviadas, Sustraídas o Ausentes de la PGR, hay 164 menores desaparecidos en lo que va del año. O recordemos el silenciado caso de la masacre de Allende en Coahuila que registra 300 desaparecidos.
Definitivamente Iguala no es México, es una muestra de los vacíos que el Estado ha dejado para que sean ocupados por el crimen organizado. Aunque Enrique Peña Nieto siga sin dirigirnos la palabra a los ciudadanos comunes que exigimos respuesta o pese a los esfuerzos del procurador para negarlo, sabemos que las omisiones y complicidades así lo demuestran: falló el Estado.
Analista política y activista ciudadana
