Aquí sólo una muestra de las detenciones arbitrarias en las que participan policías, jueces y autoridades
Alejandro Cabrera estudia Administración en la UNAM, tiene 22 años y se sumó a la convocatoria de su facultad para ir a la marcha del 20 de noviembre por Ayotzinapa. Era día inhábil en su trabajo y quedó de iniciar su recorrido con un amigo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Al salir comenzaba una trifulca entre granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF y algunos estudiantes. Alejandro fue detenido junto a otros 14 hombres, un adolescente y una mujer. Cuenta que cuando los policías se disponían a arrestarlo, alcanzó a esquivar a dos, pero el tercero le dio una patada que lo dejó en el suelo, donde recibió una golpiza de cinco policías más. Lo levantaron y lo subieron a la patrulla, ahí continuaron golpeándolo y agrediéndolo verbalmente. Intercalando entre los insultos la amenaza de: "te vamos a desaparecer". Dos horas después fue puesto a disposición del ministerio público. Ahí, la prima de Alejandro fue testigo del arribo de los granaderos cargando cajas con restos de bombas molotov, mismas que quisieron hacer pasar como pertenencias de Alejandro, a lo que él se negó rotundamente. Narra que después los policías trataron de interrogarlo, pero en su derecho de guardar silencio, decidió no responder. Mientras pudo ver y escuchar la declaración de un policía que repetía con nitidez lo que otras personas le dictaban. El personal del ministerio público les anunció que debían hacerles un peritaje en las manos para comprobar que no habían utilizado bombas molotov. Alejandro aceptó con la tranquilidad de ser inocente. Los resultados fueron positivos.
Después de 15 horas de detención, el ministerio público concluyó que no había suficientes elementos para probar los delitos por los que habían sido consignados: portación de objetos para agredir, ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad. Fijó una fianza de 12 mil 500 pesos para cada uno. Con apoyo ciudadano se pagaron las multas. Sin embargo, cubiertas once fianzas, el MP decidió que los cuatro muchachos restantes no podrían salir bajo fianza, con el argumento de que habían recibido nuevos elementos para inculparlos. Entre ellos estaban Alejandro y Samantha, la única mujer detenida.
Ambos fueron trasladados al reclusorio norte y al de Santa Martha, respectivamente. El abogado Federico Anaya preguntó la razón de la consignación, a lo que la autoridad respondió que habían recibido un oficio de orden federal. Su caso fue tomado por el abogado Sergio Soto, defensor de los detenidos de San Bartolo Ameyalco y de Sandino Bucio. Soto solicitó la libertad bajo caución. La jueza la concedió previa fianza de 50 mil pesos que de nueva cuenta se juntó con apoyo ciudadano. Así que siguen en calidad de inculpados con auto de formal prisión.
Aquí sólo una muestra de las detenciones arbitrarias en las que participan policías, jueces y autoridades. El discurso del presidente Peña Nieto contra la violencia "mezquina", la cuestionable actuación de la PGR y el apoyo incondicional del Gobierno del Distrito Federal apuntan hacia un mismo objetivo: criminalizar la protesta.
Si como señala Jesús Silva Herzog Márquez: en México hemos alcanzado el pluralismo y nos resta únicamente transitar hacia la legalidad, me temo que sin legalidad el pluralismo sigue siendo una quimera.
Analista política y activista ciudadana
