La conclusión del proceso legislativo de las llamadas reformas estructurales fue un excelente pretexto para saturar los medios masivos de comunicación con entrevistas del presidente Enrique Peña Nieto; como todos los años, desde septiembre de 2008, los titulares del Poder Ejecutivo nacional aprovechan su informe anual de labores para atiborrar pantallas de televisión, cuadrantes radiofónicos, el ciberespacio y espacios en los medios impresos con promocionales y entrevistas para difundir los presuntos logros de su gobierno.
En general se limitaban a los siete días previos y los cinco días posteriores al primero de septiembre, dado que es el margen que otorga el párrafo 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero en esta ocasión Peña Nieto se adelantó y desde el pasado lunes 18 de agosto empezó su paseo por los medios masivos de comunicación.
Como ha sido costumbre en los últimos años, los estrategas en comunicación les recomiendan a los políticos mexicanos no limitarse a los espacios noticiosos, sino al contrario, privilegiar espacios deportivos, de diversión familiar, espectáculos y programas construidos ad hoc para alcanzar una audiencia más amplia y diversa.
En esta ocasión Peña Nieto hizo su primera aparición en el programa matutino de revista del Canal 2 de Televisa, Hoy, a través de una serie de cinco entrevistas que iniciaron el pasado lunes y concluyeron el viernes, donde entre otras cosas presumió las presuntas bondades de las reformas estructurales recientemente aprobadas, donde la energética fue la estrella principal, pero incluyó incluso la "satanizada" reforma fiscal.
El martes 19 por la noche, en una virtual cadena nacional, los principales canales de televisión -públicos y privados- difundieron un programa especial de 90 minutos de duración, en el que seis periodistas, bajo la conducción de José Carreño Carlón, actual director del Fondo de Cultura Económica y ex director de Comunicación Social durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, preguntaban a Peña Nieto sobre los distintos aspectos de su gobierno.
El miércoles 20 se dirigió al público femenino a través de un programa radiofónico, conducido por la ex modelo y actual periodista de espectáculos, Maxine Woodside, donde reiteró los beneficios de las reformas y se dio tiempo para hablar de su vida personal.
Y para cubrir también a los medios impresos, el mismo miércoles 20 publicó en el diario británico Financial Times, un artículo titulado: "Nuestro programa de reformas construirá un mejor futuro para México", donde desde luego promovió que como resultado del Pacto por México se lograron 11 reformas estructurales, de las cuales seis -según su dicho- se dirigen a aumentar la productividad y competitividad de México. Incluyó, por supuesto, la reforma energética, la financiera, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, la fiscal, la educativa y, hasta la laboral, que fue una iniciativa preferente que envió en septiembre del 2012 el ex presidente Felipe Calderón, pero a la hora de presumir incluyó incluso lo que hizo su predecesor.
Hay dos hechos que muy difícilmente podrían ser controvertidos: uno, fue el equipo de comunicación del presidente el que promovió y, finalmente, consiguió estas entrevistas; y dos, las emisiones y publicaciones, en sí mismas, no fueron facturadas ni cobradas. Pero, también es un dato cierto que la difusión de las mismas lo recompensa el gobierno federal económicamente con creces, es decir, paga facturas a los distintos medios de comunicación que las difundieron por cantidades que superan con mucho el valor comercial de estos espacios, en el caso de que hubiesen sido cobrados.
El problema radica en que hay dos disposiciones constitucionales que pudiesen ser aplicables al caso. La establecida en la fracción IV del inciso B del artículo 6 que señala explícitamente: "Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión". Y el párrafo octavo del artículo 134, que indica: "En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".
Esta última disposición se estableció en la reforma electoral de noviembre del 2007, sin embargo, de inmediato los legisladores trataron de enmendar esta prohibición al introducir la disposición ya citada en la legislación electoral, para permitir la promoción de los gobernantes durante 13 días al año. Desde el 2008, los representantes populares aprovechan este hueco para aparecer en todo tipo de propaganda bajo el pretexto de sus informes de gobierno.
El mismo Peña Nieto lo hizo e intensamente en el 2010, con motivo de su quinto informe de gobierno como gobernador del Estado de México, lo cual fue sancionado por las autoridades electorales, aunque finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró la vía para culpar del hecho a las televisoras y no al Ejecutivo.
Hoy, sin embargo, no se trata de la difusión de promocionales, sino de presuntas entrevistas periodísticas que claramente tienen intenciones propagandísticas y que se presentan, incluso, fuera de los tiempos establecidos en la legislación electoral. Seguramente en los siguientes días arreciarán los promocionales y las entrevistas; el Ejecutivo federal aprovechará las ambigüedades y la irresponsabilidad de los legisladores para continuar su campaña propagandística con la plena complacencia de las autoridades responsables de vigilar el cumplimiento de la Constitución y la legislación, en este caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional Electoral.
