El Centro Federal de Reinserción Social Número 14 se suma a la estructura de centros penitenciarios del país a partir de este lunes, con el ingreso de una quinta parte del total de internos que albergará.
Después de casi tres años en proceso de construcción, se determinó que sus instalaciones resguardarán a reos de mínima y media peligrosidad, que estén sujetos a proceso o sentenciados por delitos del fuero común y federales.
Incorporar a quienes hayan cometido un delito de orden común al centro federal, fue determinación del Gobierno del Estado, a partir de que en esta región se erradicó el Centro de Readaptación Social Número Dos y desde finales de 2012 detenidos, procesados y sentenciados son remitidos al Cereso de la capital.
Aunque en principio se había descartado la posibilidad de visitas presenciales para los reclusos por tranquilidad de quienes viven en los alrededores, ayer el gobernador, Jorge Herrera Caldera dijo que después "de una labor de convencimiento social sobre los beneficios de su operación" se abrió a este esquema, de manera que el contacto con los familiares no sólo será virtual.
A partir de su operación, el Estado de Durango dará cumplimiento en un 85 por ciento de aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, según el gobernador.
La historia del Cefereso de Gómez Palacio inició con la construcción a mediados de 2011, en la cual se aplicó una inversión total de cuatro mil 600 millones de pesos por la Promotora y Desarrolladora Mexicana SA de CV, la cual diseñó el proyecto, construyó, equipo y habrá de operar el centro penitenciario por un período de 20 años, según el esquema de Asociación Público-Privada, implementado por el gobierno de Felipe Calderón.
Con una superficie total de cien hectáreas situadas en el ejido Seis de Octubre, el centro penitenciario podría crecer físicamente en un período de 18 meses, para ampliar su cobertura a cuatro mil internos.
Al igual que los reclusorios del país, éste aplicará un modelo de reinserción social basado en el trato individualizado, progresivo y técnico, que parte de la evaluación biológica, psicológica y social para encontrar la etiología del delito que cometió cada persona y reconvertirlo hasta hacerlo congruente con su vida, hasta que poco a poco avance hacia la reincorporación a la sociedad.
COSTOSO
Lo caro que resulta sostener a una sobrepoblación generalizada en los sistemas penitenciarios, está obligando al gobierno a contemplar nuevos esquemas de operación, como el diseño de una industria federal de reinserción social que pronto comenzará a replicarse en los estados del país.
El Comisionado del Órgano Administrativo Descentralizado, Prevención y Readaptación Social, José Luis Musi Nahmias explica que el Consejo Nacional Consultivo de Industria Penitenciaria incluirá a los empresarios, en la formación de sociedades mercantiles que generen dinero para inversionistas, el propio centro penitenciario y los internos "igual que si trabajaran en la calle".
Devolver la vocación productora a las cárceles es el punto de partida de esta iniciativa, de manera que los Ceferesos se conviertan en fábricas como era antes, cuando en Lecumberri se imprimían libros de texto y propaganda política o se elaboraban pasteles para grandes vendedores.
Musi señala que en el Cefereso de Gómez Palacio aún no se tiene estimado el costo de manutención de los internos, pero basta saber que su construcción implicó cuatro mil 600 millones de pesos, y que los "servicios de hotelería penitenciaria " que ahí se prestarán serán de 90 y 100 millones mensuales.
Refiere que en Estados Unidos están devolviendo la libertad a reclusos por lo caro que resulta mantenerlos; en nuestro país, el Gobierno federal asume el sistema penitenciario como una institución de carácter social, cuya inversión debe redituar en la reincorporación social de las personas que ahí se encuentran.
Cuestiona también la vocación penalizadora de los legisladores, pues esto ha dado lugar a casos como el del Distrito Federal, donde de los 40 mil reclusos la mitad cometió delitos por montos menores a cinco mil pesos, y de estos 20 mil la mitad delinquió por menos de 500 pesos.
Pero datos más concretos, como los del Centro de Análisis de Políticas Públicas "México Evalúa" establecen que con 242 mil 756 personas bajo prisión hasta inicios de 2013, representan un costo al erario de 36.4 millones de pesos, 15 de ellos destinados a la modalidad de prisión preventiva.
Estos recursos -refiere el estudio- servirían para apoyar a cinco mil 142 familias en condición de pobreza durante todo un año, con base en los costos por beneficiarios de programas sociales.
Musi admite la necesidad de invertir más recursos en la prevención de los delitos, pues "a diario en las escuelas podemos atestiguar peleas entre los niños y los jóvenes, pero no se le da la misma importancia a una riña entre reclusos, dentro de estas instituciones antinatura que son las cárceles".
SE DUPLICÓ EL GASTO; SE ELEVARON LOS DELITOS
Todo el gasto aplicado al rubro de seguridad pública durante los últimos años, no se refleja directamente en la reducción de los índices delictivos de nuestro país, por el contrario.
Durante el sexenio de Felipe Calderón -a partir del cual se impulsó la construcción de Centros Federales de Reinserción Social bajo el esquema de Aportación Público -Privada (APP), se duplicó el gasto público para la seguridad, pero paradójicamente el índice delictivo creció en un 84 por ciento.
Un informe de la Auditoría Superior de la Federación establece que la tasa media de crecimiento anual de incidencia delictiva (delitos por cada 100 mil habitantes) fue del 10.8 por ciento de 2006 a 2012,
La ASF contrastó las cifras de incidencia delictiva nacional con el comportamiento de los recursos ejercidos en fondos y subsidios de ayuda federal aportados por estados y municipios para fortalecer la función de seguridad pública. Sin embargo, no fue posible establecer elementos para dimensionar en qué medida el gasto federal que ejercieron los Estados contribuirá en su fortalecimiento, pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no generó los indicadores de resultados necesarios.
En 2012, a través del Subsidio de Apoyos en Materia de Seguridad Pública, el SESNPS otorgó a 31 de las 32 entidades federativas 1,956,142.6 miles de pesos para su aplicación en los 14 Programas con Prioridad Nacional.
De 2006 a 2012, los recursos federales transferidos a las entidades federativas para fines de seguridad pública crecieron 13.8 por ciento en promedio anual, al pasar de 6,686,500.0 miles de pesos en 2006 a 14,509,318.6 en 2012.
En tanto que los datos estimados de la incidencia delictiva para el mismo período muestran que ésta se incrementó a un ritmo de 10.8 por ciento en promedio anual, al pasar de 10,735.0 delitos por cada 100 mil habitantes en 2006 a 19,830 en 2012, con un promedio anual de 15,201 delitos por cada 100 mil habitantes.
Esto permite inferir que el aumento sostenido del gasto para la seguridad pública no ha logrado revertir la dinámica delictiva prevaleciente y, en consecuencia, no se han alcanzado los fines de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, ni tampoco preservar las libertades, el orden y la paz públicos en el territorio nacional, encomendados a la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.
El índice delictivo en nuestro país de 2006 a 2012
Millones de pesos costó el Cefereso
Sobrepoblación
La sobrepoblación es uno de los obstáculos para la reinserción efectiva.
⇒ A inicios del año pasado la población penitenciaria en el país superaba las 242 mil personas
⇒ La capacidad instalada de los penales era para poco más de 195 mil internos
⇒ En proporción, en nuestro país hay más de 200 internos por cada 100 mil habitantes, cifra que en Latinoamérica sólo está rebasada por Panamá y Chile
⇒ El DF, Baja California, Sonora y Colima son los que tienen más población penitenciaria
'La apuesta es formar sociedades mercantiles que generen dinero para sostener a los Ceferesos”. J. LUIS MUSSI, Comisionado de Prevención y Readaptación Social
