Tristeza. Los familiares exigen con mensajes la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos.
A ocho años de la explosión en una mina de Pasta de Conchos, bajo la tierra siguen atrapados los cuerpos de 63 de los 65 mineros que fallecieron en el accidente.
Desde el 19 de febrero de 2006, las familias de las 65 víctimas han recurrido a juzgados, tribunales e instancias internacionales para recuperar los restos atrapados en la mina propiedad de Grupo México. Pero hasta ahora nada han logrado.
Ayer, senadores y diputados de PRI, PAN, PRD y PT se comprometieron a impulsar un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales a agilizar los trámites que permitan la recuperación de los cuerpos.
Allí, la asesora de la organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auebach, aseguró que las familias ganarán el reclamo interpuesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Eso lo saben los legisladores", dijo, y por eso consideró que es mejor llegar a acuerdos "antes de que las peticiones se conviertan en obligaciones".
El sacerdote Carlos Rodríguez advirtió que el caso de la mina cobrará visibilidad desde las instancias de la CIDH, y el gobierno de México se va a encontrar con la disyuntiva de un litigio internacional o resolver el problema en el ámbito nacional.
Familiares de las víctimas de Pasta de Conchos estuvieron ayer en la Ciudad de México. Entre ellos estaba Yolanda Ramos, madre de Mario Alberto Ruiz Ramos, el joven de 26 años que falleció en la mina hace 8 años.
"Es mi hijo, quiero velarlo, y sólo así estaré más tranquila", dice la enfermera jubilada Yolanda Ramos.
"Quiero velarlo", "quiero tener un lugar al cual llevarle flores", "quiero saber que su alma descansa", expresaron familiares de 46 de los 63 mineros que integran la asociación Familia Pasta de Conchos.
En el encuentro que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores, la diputada petista Loretta Ortiz Ahlf, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que al asesorar a las familias de los mineros que fallecieron en la queja interpuesta ante la CIDH, se percató de que en México no está legislado el proceso para exigir el derecho al rescate de los cadáveres.
Aseguró que el hecho de que no se le haya retirado la concesión a Grupo México, después de que "es obvio que no cumple con las reglas básicas de seguridad", también es una manera de atentar contra los derechos humanos.
Alejandro Encinas, senador perredista, dijo: "Estamos frente a una actividad económica que actúa con absoluta impunidad, que no tiene una regulación específica para garantizar los derechos laborales y la seguridad de los trabajadores".
Para Cristina Auebach, asesora de las familias de los mineros muertos, lo importante es que las cámaras de Diputados y Senadores se unan no sólo para apoyar el rescate de los cueros, sino para prohibir los llamados pocitos.
Aseguró que después de los 65 fallecidos en Pasta de Conchos, "hemos podido documentar la muerte de 105 mineros más en minas, plantas de beneficio y transporte de carbón". Hasta 2012, dijo, la mayoría de los siniestros sucedió en pocitos o tiros verticales.
El senador panista Javier Corral admitió que el Senado está obligado a prohibir los pocitos, mientras que Encinas aseguró que esa cámara revisará el dictamen de la nueva Ley Minera para hacer más estrictas las medidas para las compañías.
Pese a los hechos en Pasta de Conchos, las condiciones de trabajo en las minas no han mejorado.
Juan López, un trabajador de una mina terrestre en Coahuila, dijo en el foro que se llevó a cabo en el Centro Pro de Derechos Humanos (ProDH), que cada semana gana mil 100 pesos, y que de acuerdo con la cantidad de toneladas que un trabajador logre reunir al día, se le otorga un bono por 150 pesos.
Además denunció que cuando algún compañero se accidenta el "seguro de la empresa" sólo le da 600 pesos por semana.
Los trabajadores tampoco gozan de prestaciones de ley, explicó Cristina Auebach. Las viudas de los mineros de Pasta de Conchos, por ejemplo, reciben 3 mil 100 pesos, cada una, no importa si tienen 3 o más hijos.
Respecto del amparo que interpuso Grupo México para evitar el peritaje que realizaba la Procuraduría General de la República, con el fin de analizar las condiciones de la mina para el posible rescate de los cuerpos, Auebach aseguró que las investigaciones continúan, y que no podrían detenerse ante cualquier acción legal de Grupo México.
En 2013 la PGR acordó con familiares de los mineros comenzar una investigación para ver la posibilidad de rescatar los cuerpos y determinar responsables.
Con la nueva administración tenemos la oportunidad de un nuevo peritaje para que esto se resuelva, dijo Auebach. "Pero si me preguntan sobre la posiblidad de salvar los cuerpos, pues que lo diga Jesús Murillo Káram".
Por semana paga la empresa como seguro.
