Recuerdo a María, una indígena brutalmente golpeada que llegó a un refugió para personas víctimas de abuso familiar, y a su hijo Juan de once años de edad y grandes ojos, o así lo parecían por el terror que se había instalado en su mirada. Poco a poco, a medida que se fueron relajando madre e hijo pudieron descansar de su victimario. Hasta que un día Juan comenzó a agredir a María. Primero con insultos, luego a golpes. La reacción del niño parecía absurda luego de haber sufrido en carne propia las lesiones de la violencia de su padre. Pero justamente los abusos recibidos se convirtieron para él en una terrible lección hasta transformarse en una conducta aprendida.
La violencia y los abusos en contra de los menores de edad no sólo es inadmisible por una razón ética y de justicia elemental, al tratarse de seres humanos vulnerables; es también doblemente terrible porque esos abusos reproducen y perpetúan la violencia contra las generaciones futuras. Un niño abusado y violentado tiene enormes posibilidades de convertirse en un adulto abusador y violento.
Recientemente el ejecutivo de la República envió un proyecto de ley para la defensa del menor. Un propósito necesario porque México, junto con Chile, es el único de los países de la región que carece de un sistema integral nacional de defensa a favor del menor. Las leyes vigentes en nuestro país han quedado obsoletas hace tiempo con respecto al referente internacional que constituye la Convención sobre los Derechos del Niño, una declaración que ha sido firmada por la mayor parte de los países del orbe. El problema es que no todos los firmantes acatan ya no digamos las normas sino el espíritu de esa declaración de principios.
Redim, la Red por los derechos de la Infancia en México, desarrolló una metodología para comparar las leyes vigentes en materia de protección a menores en nuestro país, que data del año 2000, con los lineamientos de la Convención. El índice que va del 0 al 10, en el cual el 10 representa una concordancia absoluta con los criterios internacionales, deja a México con un miserable 3.2
En otras palabras, buena parte de los derechos humanos imputables a la condición de infantes no son reconocidos por nuestras leyes. El tema es importante porque, como la propia Redim lo señala, el reconocimiento es la primera etapa, ya que sin reconocimiento, los derechos no pueden ser respetados ni tutelados. El respeto es fundamental para dar efectividad a los derechos y consiste en la abstención del Estado de interferir directamente con el ejercicio legítimo de un derecho. La protección consiste en prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos por parte de particulares y proveer remedios efectivos. La obligación de realización consiste en tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras para cumplir con los derechos. De esta manera, los derechos humanos orientan y limitan la acción del Estado, imponiendo deberes y estableciendo objetivos a cumplir.
Frente a este panorama la buena noticia es que viene un proyecto de ley para actualizar la legislación sobre la infancia. La mala noticia es, según los especialistas, que el proyecto que ha enviado Los Pinos no es mejor de lo que hoy en día existe. Según la propia metodología de la Redim, en la comparación con los criterios de la Convención internacional sobre el tema, la propuesta de ley ronda apenas 3.0. Es decir, menos aún que lo que ahora tenemos. Si bien el proyecto incorpora algunos conceptos más modernos sobre los derechos de los niños, se trata más bien de florituras verbales que de realidades efectivas.
Entiendo que los aspectos jurídicos, pedagógicos, psicológicos, de salud pública y éticos sobre la infancia son cada vez más un asunto de especialistas. Compete a la opinión pública, toda vez que se trata del futuro de nuestros hijos, pero lo que haya de establecerse tendrá que abrevar en el trabajo de muchos miembros de la comunidad que estudian y laboran en estos temas. No es mi caso. Pero sí es urgente que la propuesta que está haciendo el Gobierno sea desmenuzada, corregida e incluso sustituida si fuese necesario. Lo importante es abrir el debate público y convertirlo en un asunto que atañe a todos. En otras palabras, nuestros hijos son demasiado importantes para que su futuro dependa de lo que decida la clase política. ¿No cree usted?
@jorgezepedap
www.jorgezepeda.net
