¿De verdad lo que ocurrió la noche del viernes y la madrugada del sábado en Iguala fue que a un grupo de policías municipales, celosos de su deber, se les pasó la mano cuando quisieron recuperar unos autobuses que los estudiantes normalistas habían "tomado" en la terminal? El procurador de Guerrero, Iñaky Blanco, dijo ayer en su conferencia de prensa: "Es indudable que existió, creo yo, un uso excesivo de la fuerza. Creo yo también que la respuesta de los elementos policiales no fue proporcional, por el contrario, me parece que fue desmedida". Dijo esto después de confirmar que 16 elementos de la policía municipal dispararon esa noche, que varios de los jóvenes atacados reconocieron a los policías como las personas que les dispararon, que las imágenes de las cámaras de seguridad confirmaron la presencia en el lugar de las patrullas municipales y que tienen testimonios de otros policías que vieron esa noche a normalistas detenidos en los separos de la policía municipal. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Por qué los "yo creo", y "me parece"? Si los policías actuaron como autoridad es evidente el uso excesivo de la fuerza, pero la verdadera pregunta es si lo hicieron como policías o como brazo armado de un grupo criminal.
Varios elementos llevan a hacerse esa pregunta. En Guerrero el secuestro, o la toma de autobuses, por parte de normalistas es (desafortunadamente) muy común. Lo que no lo es, es que los policías les disparen a matar por eso y que luego se lleven detenidos a un número indeterminado en sus patrullas y que tres días después sigan sin aparecer. Tampoco se explica por qué varios testimonios dicen haber visto, junto a los policías que dispararon, a civiles armados. Y que esa misma noche, en tres lugares distintos, comandos armados dispararon de forma aleatoria contra los coches y autobuses que circulaban por la zona. Está además el ataque al autobús que transportaba al equipo de tercera división "Los Avispones de Chilpancingo", que regresaban de Iguala luego de disputar un partido y que también fue atacado en la carretera. Un saldo total de 6 muertos y 25 lesionados.
Tampoco parece un hecho menor que luego de que los policías municipales fueron detenidos, "familiares y amigos" se manifestaron en el exterior para exigir que se les dejara libres, amenazando con "rescatarlos". El procurador Iñaky Blanco lo narró así: "Por razones de seguridad determinamos el traslado de estas personas de la ciudad de Iguala a la ciudad de Acapulco. Por qué no decirlo, fue un momento crítico en torno a las instalaciones del cuartel de la policía estatal. Se concentró un aproximado de 100 personas... que se desplazaban en lo que aparentemente son taxis. Algunos de ellos amenazaban incluso con rescatar a los detenidos". Entre "los familiares", según reportó el periódico "El Sur" apareció una manta que atribuía la detención de los policías a que las autoridades estaban auspiciando la llegada del grupo delincuencial "Los Rojos" a Iguala, una ciudad cuyo control atribuyen fuentes informadas al grupo Guerreros Unidos.
Quizá resulta menos complicado y comprometedor presentar la historia de una veintena de policías enloquecidos que dispararon contra estudiantes y desaparecen a otros, antes de plantearse la pregunta de saber a quién obedecen realmente los policías en Iguala. Porque lo que está claro para cualquiera que haya escuchado las entrevistas que dio ayer el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, es que, a él, no. Ni una palabra de la tragedia que se vivió en su ciudad ni de su responsabilidad, pero -eso sí- largos minutos en los que narró detalladamente el baile en el que estaba y los nombres de los grupos que estaban tocando.
Encarcelar a 22 policías no va a resolver nada si no se atiende en este municipio, como en otros en el país, el problema de fondo: que son grupos criminales los que tienen el control de las instituciones locales.
