Si la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera no es el reintegro de la lotería criminal a la nación, el gobierno debería jugar por el premio mayor.
Y el premio mayor no consiste en estampar el sello de "preso" sobre la foto del capo, recibir una estrellita o un helicóptero por parte de la DEA e ir por el siguiente en la lista. No, el premio mayor es hacer de la recaptura oportunidad para ensayar una serie de acciones, estrategias y políticas que, en su combinación, le den un mejor horizonte al país frente al crimen y la corrupción.
Supone, sí, tomar riesgos pero también conjurar peligros. Si en otros campos el gobierno ha mostrado osadía, por qué no también en éste.
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La recaptura de Joaquín Guzmán debe cerrar el ciclo de la interminable política del decapitamiento de los cárteles que, más allá de la pasajera satisfacción, sólo ha arrojado por resultado la fragmentación del crimen organizado en bandas más violentas, así como la diversificación de su actividad delincuencial. Una consecuencia que le ha significado al país perder o cercenar el derecho a la vida, la integridad, el patrimonio, la libertad y el desarrollo.
Bien se reseñó en estas planas cómo el larguísimo listado de capos presos o abatidos no ha reducido el tráfico, el comercio y el consumo de drogas como tampoco los infames delitos -secuestro y extorsión- que golpean directamente a la población. Por cada criminal, preso o muerto, ha surgido otro peor: menos experto e inteligente, más ambicioso y bárbaro. El fracaso de esa política que tanto fascinó a Felipe Calderón sangró al país: más de setenta y seis mil muertos.
Es comprensible la gana gubernamental por exhibir como trofeo a Joaquín Guzmán Loera y encantar a la sociedad desmontando su leyenda y mostrando sus casas, escondites, túneles, coches y riqueza, pero sustanciar la hazaña de su recaptura -digna de reconocimiento- no puede ni debe parar ahí. Agotarla en ese nivel supone, pese a la negación, reiterar una política al servicio de las agencias de Estados Unidos y no del interés nacional.
La condición creada por la recaptura, en la circunstancia, posibilita una acción de mucho más fondo. El capo es fuente viva de información clave para conocer y desmantelar a su organización como también para proceder contra sus cómplices en el servicio público y privado que trabajaron con y para él. Tan sólo los coches del criminal son una muy sólida pista para dar, al menos en ese rubro, con quienes lavaban parte de su enorme fortuna que, desde luego, no guardaba en un colchón.
Hasta recuperar y procesar esa información y, sobre todo, traducirla en acción contra quienes en público demandan un Estado de derecho, pero en privado lo tuercen, el gobierno podrá pensar en la extradición del capo. Hacerlo antes, sería reivindicar la política calderonista: aprehender y extraditar de manera expedita a los criminales, en atención al interés extranacional.
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Eso en cuanto al capo, en cuanto a la política de combate al crimen organizado es el momento para salir de la persecución como el único recurso a aplicar.
Hay condiciones para combinar la persecución del tráfico con la prevención, regulación y rehabilitación del consumo de drogas y, por esa vía, abatir la delincuencia en su conjunto. El crimen, aun cuando Calderón alimentó la ilusión, no va a desaparecer y, entonces, es menester ensayar nuevas fórmulas para acotarlo y administrarlo. Los problemas -como dice Silvia Hernández- exigen solución; los fenómenos, administración. El tráfico y el consumo de drogas son un fenómeno, no un problema. Los fenómenos no desaparecen. Por algo, cabe la traducción de la Drug Enforcement Administration (la DEA) como la Administración de la Aplicación de Drogas. Sólo la perversidad o la ingenuidad justifican la ilusión de que, con la persecución, se acaba el fenómeno.
En favor de la posibilidad de ensayar nuevas fórmulas, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se encuentra en trámite legislativo la iniciativa para regular el comercio y el consumo de marihuana y elevar el gramaje mínimo de las dosis de consumo personal de otras drogas. Un recurso que, combinado con una fuerte política de prevención y rehabilitación, plantea una opción distinta a la practicada sin resultado desde hace décadas y cuyo sello es el del fracaso. Es una pena, desde luego, el titubeo del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que primero impulsa el debate de la regulación y luego lo sepulta, sin embargo, el gobierno federal debería prestarle atención a esa iniciativa y, si se quiere, a título de ensayo, explorar un derrotero distinto al de la sola persecución que siembra muertos en el país, sin abatir el narcotráfico ni la actividad criminal derivada.
Ese es el verdadero desafío del gobierno frente a la recaptura de Joaquín Guzmán Loera.
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¿Quiere el presidente Enrique Peña Nieto desmarcarse de la política de su antecesor y recuperar parte de la soberanía entregada a Estados Unidos? Es el momento. ¿Quiere mover a México rompiendo "mitos y paradigmas y todo aquello que ha limitado nuestro desarrollo"? Es el momento. ¿Quiere reposicionar al país en el concierto mundial y, aprovechando la coyuntura, sumarse a los países que exploran una vía distinta a la de la persecución? Es el momento. ¿No es él quien habla del Momento de México?
La coyuntura, la circunstancia, la condición y la atmósfera nacional e internacional soplan a favor, es el momento.
Ahora, si no hay la decisión verdadera de darle un enfoque distinto al combate al narcotráfico y el crimen, ni sentido tiene resistir la petición de extraditarlo a Estados Unidos. Si la decisión es seguir el dictado de las agencias estadounidenses, a no dudarlo, el momento de México es entregarlo, reclamar la estrellita, el helicóptero nuevo y más armas.
Si esa es la decisión, entonces, mejor asumir sin rubor que la política es más de lo mismo, con un añadido: un programa nacional para construir más cárceles y cementerios.
