Un antídoto al descontento. Una vacuna contra la frustración. La esperanza como la mejor forma de confrontar nuestra condición imperfecta, en palabras del historiador Edward Gibbon. Condición imperfecta evidenciada por Ayotzinapa y la Casa Blanca y Tlatlaya y la licitación cuestionable del tren México-Querétaro, entre tantos síntomas más de la descomposición política y la violencia social. Condición que puede ser combatida mediante la acción concertada, la propuesta planteada. Condición que puede ser superada mediante la terquedad de los que piensan que si se empeñan en hacer lo correcto, el amanecer llegará. El tiempo nublado pasará. Mientras esperamos y trabajamos y no nos damos por vencidos. Mientras intentamos ponernos a proponer para desafiar al poder que parece omnipotente e incambiable.
Como proponen 12 sociedades de alumnos mexicanos estudiando en el Reino Unido quienes me envían un documento de 10 propuestas para reiniciar el debate sobre seguridad pública en el país. Allí planteadas hay cuestiones diversas, ideas precisas, puntos tangibles, medidas medibles. Para no sólo salir a marchar o quemar autos de la policía o incendiar oficinas de gobierno o tomar casetas en las carreteras. Para contribuir a la reconstrucción y no sólo ser cómplices de la destrucción. Para recordar que la queja debe estar acompañada por el diagnóstico y la denuncia por la solución. Para leer y discutir y nutrir en https://issuu.com/propuestamx/docs/propuestafinal/1?e=0.
Y para que lo ocurrido en Ayotzinapa no vuelva a ocurrir, lo cual requerirá cambios profundos a nivel institucional. Propuestas que coloquen los derechos humanos como una prioridad central y no como una variable residual en la agenda del Estado mexicano. Propuestas para reducir los altos niveles de criminalidad, de corrupción, de impunidad. Propuestas para debatir lo que está fallando en México y romper la inercia. Dejar atrás la pasividad. Exigir una respuesta ante la falta de liderazgo. Crear un piso mínimo de ideas para mejorar la seguridad pública a través de cambios a las instituciones encargadas de la prevención de la violencia y la provisión de la justicia. Como el Ejército. Como la policía. Como las cortes. Como las procuradurías. Como los ministerios públicos. Como Los Pinos.
Hace falta debatir qué hacer con la policía, más allá de desaparecerla a nivel municipal y reemplazarla por el mando único. Hace falta entrenarla, regularla, normarla e incrementar la eficacia y la eficiencia de los mecanismos de control institucional. Hace falta reconocer que la corrupción policial no sólo se debe a la lógica individual de los policías, sino a un entorno de incentivos sociales, legales, políticos e institucionales que los lleva a actuar de esa manera. No hay mecanismos reales de control o contrapesos y será imperativo crearlos o fortalecerlos.
Ello aunado que en parte importante de los 2 mil cuerpos policiales en México, los policías trabajan turnos de 24x24. Y perciben 4,000 pesos por mes. Y 68 por ciento sólo cuenta con educación básica. En estas condiciones enfrentan un reto más grande del que pueden asimilar. Si el propio Estado mexicano viola los derechos humanos de los policías, no debe sorprender que los policías violen los derechos de los ciudadanos. Un mejor futuro policial entrañará revisar las políticas de ingreso, evaluación y ascenso. Entrañará crear un nuevos "ethos policial" para que valoremos a la policía en lugar de sentirnos aterrorizados por ella.
Y entrañará también ponernos a evaluar, a reportar qué resultados se obtuvieron con las medidas que se instrumentaron. Pasar de un paradigma de "seguridad pública" a un paradigma de "seguridad ciudadana". Con reportes y encuestas que incluyan indicadores capaces de medir el miedo al crimen (y no sólo la incidencia delictiva) y también la confianza policial (y no sólo reportar los millones de pesos invertidos en seguridad pública). Con mecanismos de evaluación sistemática del gasto público en seguridad, para saber si está funcionando como debería.
En pocas palabras, se trata de colocar al ciudadano en el centro. Alinear sus prioridades con las del gobierno, que muchas veces han sido ignorar los problemas o maquillarlos con cifras amañadas o estrategias de relaciones públicas fallidas. Garantizar las capacidades de aprendizaje institucional a la luz de casos tan desastrosos como el de San Fernando y el de Iguala y el de Tlatlaya. Obligar al Estado a recordar su tarea fundacional: proteger la vida de sus ciudadanos en lugar de estar involucrado en sus muertes.
