Es cierto, hay una intentona desestabilizadora. Y es cierto, combatirla con violencia sólo generará más violencia.
Esa certeza que, ahora, se reitera en coro por los Poderes de la Unión y sus acólitos -como si la sola afirmación resolviera el problema-, exige definir qué desestabiliza y qué violenta. Sin claridad en ello, se corre el peligro de dar palos de ciego o golpes con tolete y, en la confusión, ir directo sin escalas a donde no se debe llegar.
¿Qué atenta contra el Estado?
La asociación de crimen y política que sacrifica a la ciudadanía no sólo ocurre en Iguala. Y pensar que el problema se resuelve con presentar, como gran trofeo del Estado de derecho, a un presidente municipal y su esposa para después guardar silencio es un error.
¿Cuántas asociaciones más hay? ¿Qué se hace frente a ellas? Hay muchísimas y se hace muy poco. Tres ejemplos recientes, a título de ilustración.
En menos de ¡dos años!, el PRI ha consumido cuatro gobernadores en Michoacán -Fausto Vallejo, Jesús Reyna, Fausto Vallejo y Salvador Jara- y no ha logrado constituir un solo gobierno. En sustitución del gobierno, se designa a un comisionado, Alfredo Castillo, que no puede con el problema. ¿Cuál es la postura del PRI frente a la catástrofe? La más absoluta indiferencia. ¿Cuál, la de la soberanía popular frente a la ruptura del orden constitucional? La complicidad y el silencio. Eso desestabiliza y atenta contra el Estado.
Hace ya más de un año, se "ausentaron" los jóvenes de Tepito que festejaban en el Heaven. Como en Iguala, la policía capitalina colaboró con el crimen entregando a las víctimas. ¿Cuál fue la reacción del secretario Jesús Rodríguez y del procurador Rodolfo Ríos? Del primero, pegarse a la pared. Del segundo, dejar a la Procuraduría General de la República dar con los cuerpos en una fosa y desenterrarlos. ¿Qué hizo Miguel Ángel Mancera? Dejar en el puesto a sus colaboradores. Eso desestabiliza y atenta contra el Estado.
Hace apenas unos días, el Partido Verde echó mano de un grupo de golpeadores contra los cirqueros. Los golpeadores laboran en la delegación Cuajimalpa que encabeza el priista Adrián Rubalcava, y están plenamente identificados, ubicados y denunciados. ¿Qué se hace frente a ello? Congelar la indagatoria, mientras el delegado argumenta no poder hacer nada porque los servidores públicos pidieron el día para ir a tundir a los cirqueros y el diputado verde Jesús Sesma jura no conocer a esa banda que lo apoya. Eso desestabiliza y atenta contra el Estado.
Una patrulla militar ejecuta a un grupo de presuntos bandoleros en Tlatlaya, Estado de México, incluyendo a dos de sus víctimas y cargando con las sexoservidoras encontradas en el sitio. A ellas las torturan colaboradores del gobernador Eruviel Ávila hasta configurar la puesta en escena, mientras el gobernador festeja la valiente acción del Ejército.
Viene la revelación de lo ocurrido seguida de la presión social y, hasta entonces, se acelera la indagatoria. Resultado: tres soldados son acusados de homicidio... ni un solo oficial. Y la institución armada, lastimada por los suyos, critica a quienes la critican.
Eso desestabiliza y atenta contra el Estado.
En la conciencia, no en el alma de varios funcionarios anida un dato: hay infinidad de fosas en diversos puntos del país, donde yace un número indeterminado, pero elevado de personas. Lo saben, pero lo niegan y, entonces, la pena de los familiares de esas 22 mil personas no encuentra alivio ni consuelo, ni siquiera pueden pasar de la incertidumbre a la incredulidad. Esos desaparecidos no fueron noticia y, entonces, ni valen la pena del Estado. Responder parcialmente sólo por cuarenta y tres no es una respuesta. Que el Estado no encare el problema atenta contra la estabilidad.
Se estiman en más de 120 mil los muertos de la guerra de Calderón contra el narcotráfico y, a casi dos años de concluida su gestión, el exmandatario se siente orgulloso de su actuación. No ve por qué rendir cuentas. No abatió al crimen, pero sí bañó en sangre al país y Felipe Calderón puede caminar tranquilo, dicen, por las calles... de Boston, desde luego.
De ese asunto y del fracaso de doce años en el gobierno, Acción Nacional ni por error hace la autocrítica. Lo importante es ver quién hereda los restos del naufragio, aunque el país se haya ido a pique. La alternancia sin alternativa se reduce a una cuestión de turnos. Tal impunidad y pusilanimidad desestabiliza y atenta contra el Estado.
Más de once millones de personas viven, es un decir, en pobreza extrema y más de 53 millones sufren pobreza. En contraste, sólo 16 mexicanos aparecen en la lista de los millonarios de Forbes. De pilón, se cuentan cinco millones de analfabetas. Frente a la evidencia del fracaso, cada sexenio se cambia el nombre de la política social, no la política social. Tal desigualdad social desestabiliza y provoca violencia.
Se estima en más de seis millones el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los "ninis". Más de un crucero de esta o aquella otra ciudad exhibe las formas de ese fracaso del Estado. La duración del semáforo en rojo es la oportunidad que el Estado les otorga para sobrevivir, mientras el crimen descubre en ellos mano de obra barata. Eso desestabiliza y provoca violencia.
La renuncia de los partidos a ser instrumentos de la ciudadanía. La suma de la oposición al partido en el poder. La abdicación del Poder Legislativo a equilibrar al Poder Ejecutivo a cambio de bonos. La ilusión de poder reponer el presidencialismo sin medida. La voracidad de representantes y servidores públicos para convertir el presupuesto en el botín de su enriquecimiento. La complicidad de los partidos en la práctica de la corrupción. La conversión del moche en extorsión política. La rapacidad de ministros y magistrados... todo eso desestabiliza y atenta contra el Estado.
Es cierto, hay una intentona desestabilizadora. Por eso, el jefe del Ejecutivo debería de ser muy cuidadoso al señalar a los autores, está confundiendo a sus aliados con el enemigo.
