Propuesta. Desde Coyuca de Benítez, Enrique Peña Nieto (EPN) pidió al país, "Superar este momento de dolor" refiriéndose al caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, asesinados o secuestrados por la policía de Iguala el 26 de septiembre pasado.
Difícil que la sociedad ya movilizada obsequie la petición presidencial. Lo ocurrido en Guerrero es un episodio más de una cadena de fallas de un sistema político que tiene al país sumido en la violencia, la corrupción, la impunidad, el atraso económico y la desigualdad social. Para superar tan lamentable situación, sería necesario, como en el mundo físico, acciones de igual magnitud en sentido contrario. Sin embargo, lo que hay es apenas un decálogo de medidas donde la más llamativa es la policía estatal única. Eso no puede neutralizar a las fuerzas que llevaron a esa noche de los cuchillos largos de Iguala.
Identificación. La crisis que se inició en Guerrero persiste y se complica. Y no es claro de qué manera va a incidir en la coyuntura la identificación de un fragmento óseo y una pieza dental como perteneciente a Alexander Mora, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
En principio, pareciera que la identificación de los restos del joven Mora hecha en los laboratorios de la universidad de Innsbruck confirman, en parte, la versión que el procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer el mes pasado en el sentido que los estudiantes secuestrados pudieron haber sido asesinados e incinerados por sus captores. Sin embargo, el hallazgo en Innsbruck se topó con la incredulidad de los afectados.
Los padres de las víctimas simplemente se declaran escépticos de que los restos examinados en Austria realmente provinieran del sitio en que la PGR asegura que fueron encontrados -en el río San Juan, en Cocula- y, en cambio, insisten en que se investiguen otras posibilidades, al ejército, por ejemplo, ya que la desaparición pudiera ser responsabilidad de una institución gubernamental y no de una banda criminal, como sostiene la versión oficial. El padre de Alexander Mora culpa al gobierno, así, en general, del asesinato de su hijo, (La Jornada, 8 de diciembre).
Las Partes. Para examinar la crisis en sus partes, se puede partir de lo más evidente. Lo primero que salta a la vista es la falta de confianza en las instituciones. Se acepta, por ejemplo, la veracidad del estudio de Innnsbruck pero ya no las circunstancias en que se asegura que se encontró el material examinado. Y es que frente a desapariciones forzadas la experiencia obliga a los guerrerenses a la duda, pues a partir de la "guerra sucia" de los 1970, en Guerrero las autoridades locales y federales se volvieron expertas en desaparecer a sus prisioneros. La documentación más reciente sobre esa brutal experiencia que tampoco se ha superado, se encuentra en José Enrique González Ruiz et al, "Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Informe Final", (2014).
Hoy queda claro que el gobierno ha sido incapaz de arrebatar la iniciativa a los familiares de los normalistas. Las movilizaciones masivas de protesta y exigencia de esclarecer lo ocurrido en Iguala han seguido teniendo como núcleo a un par de círculos concéntricos: a los padres de los desaparecidos y a los otros normalistas de Ayotzinapa. Y es que a ojos de una parte de la sociedad mexicana y de quienes en el exterior nos observan, ese pequeño grupo de extracción campesina tiene algo de lo que el gobierno carece: credibilidad y legitimidad.
El punto más débil de la posición presidencial ha sido la combinación de falta de credibilidad con insensibilidad. Al inicio de la crisis, EPN optó por mantener su agenda e irse a China y Australia en vez de ponerse al frente de la respuesta a lo que ya era una situación fuera de lo ordinario. Y por lo que hace a la credibilidad, la coincidencia de lo de Iguala combinado con el embrollo mayúsculo de la cancelación sin explicación de la licitación del gran proyecto del tren rápido México-Querétaro y del conflicto de intereses en torno a la propiedad de esa gran mansión de la familia presidencial ("La Casa Blanca"), han disminuido, y mucho, la credibilidad de la figura presidencial, como bien lo revelan las encuestas, (Reforma, 4 de diciembre).
Dice mucho sobre la naturaleza misma de la actual coyuntura política que un pequeño grupo de origen fundamentalmente campesino, haya sido capaz de movilizar a masas urbanas hasta poner a la defensiva al círculo central del poder y al régimen mismo. "Fue el Estado", es uno de los slogans más repetidos en las manifestaciones de los inconformes.
Y así se llega al meollo de la crisis: en el índice de percepción de corrupción, México ocupa el último lugar dentro de la OCDE, (Transparencia Mexicana, http://www.tm. org.mx/ipc2014/). Lo ocurrido en Iguala simplemente abrió las compuertas de un hartazgo con la corrupción. A ojos de muchos, la capacidad del crimen organizado para imponerse por vía de una violencia salvaje se explica, en buena medida, por su estrecha y añeja asociación con autoridades e instituciones públicas.
¿Y Ahora Qué? Por el momento, el gobierno y los sectores más conservadores del país esperan que el calendario -las vacaciones de fin de año- lleven a la desmovilización, pues las autoridades no tiene forma de lograrlo sin recurrir a la represión ¿Y si la movilización persiste? En tal caso, conviene subrayar que represión sin legitimidad sería una jugada de alto, muy alto riesgo.
RESUMEN: "SI SE DESCARTA LA REPRESIÓN, PARECIERA QUE EL TIEMPO ES EL ÚNICO RECURSO DEL GOBIERNO PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL SEXENIO".
