de investigación Monex no llevará a castigar a nadie,
pero sería deseable que la ciudadanía lo conociera y
reflexionara sobre su contenido"— Lorenzo Meyer
¿Sorprende? En ciertos carteles que anunciaban corridas de toros solía repetirse dos veces el número de animales a torear. Se leía: "6 Hermosos Toros 6" y luego los detalles. Pues bien, ahora podría imprimirse y distribuirse un cartel político de alerta nacional con el título "13 Veces lo Permitido 13", pues una comisión de diputados en la legislatura pasada presentó un informe sobre el gasto total en la campaña de la coalición "Compromiso por México" que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto (EPN) y donde se afirma que el gasto fue, al menos, trece veces superior al permitido por ley, (http://es.scribd.com/doc/276530829/INFORME-Final-Monex).
Si el entorno político en que vivimos fuera distinto al que tenemos, los datos y conclusiones del Informe Final de la Comisión de Investigación MONEX, (IFCIM) constituirían un escándalo nacional e internacional mayúsculo que llevaría de inmediato a que las instituciones se vieran obligadas a dar el siguiente paso: la verificación de las acusaciones que contiene el IFCIM y llegar a una conclusión creíble y que efectivamente sancionara lo que se llegara a comprobar y así impedir que en las futuras elecciones se repitieran las ilegalidades del 2012.
En principio, los ciudadanos tenemos derecho a esperar que instancias imparciales verifiquen los datos duros recabados por los legisladores. Finalmente, estos diputados son actores en la interminable lucha por el poder y, por tanto, lo suyo no es necesariamente el compromiso con la verdad y la imparcialidad. Sin embargo, desde ahora podemos tener la certeza de que esa investigación a la que hipotéticamente tenemos derecho no tendrá lugar y que el IFCIM va a quedar como un documento que, en el mejor de los casos, será de utilidad a los historiadores que busquen dar cuenta del fracaso del intento democratizador mexicano cuyo momento culminante tuvo lugar al despuntar el siglo XXI, pero que muy pronto perdió rumbo y entró en un proceso prematuro de decadencia.
Los Datos. Creada en noviembre de 2012 a petición de un grupo de diputados del PRD, MC y PT, la comisión nació tras un segundo intento, pues el primero fue anulado por los interesados en que no se investigara el financiamiento de la pasada campaña: PRI, PVEM y PNA. El objetivo de la comisión -donde quedaron integrados diputados del PAN y de la coalición ganadora- era dejar en claro eso que la opinión pública conoció como "caso Monex", es decir, averiguar el monto y origen del dinero usado para adquirir las tarjetas repartidas a potenciales electores de las clases populares por la maquinaria de Enrique Peña Nieto (EPN) y, en general, investigar cómo se financió esa campaña.
Resultado. La comisión asienta que su trabajo no fue fácil pues desde las instancias del gobierno, del PRI y de sus aliados, se le obstaculizó en todo lo que se pudo, pero finalmente sobrevivió y sí logró desenterrar mucho.
De entre los datos encontrados destacan los 26 tipos y las cantidades de tarjetas usadas por el PRI para recompensar a sus votantes: tarjetas de variantes de Monex, Soriana, Bancomer, Banamex, WalMart y Santander. Las triangulaciones del financiamiento imposibilitaron que la comisión precisara el origen de los recursos, pero dejó establecidas muchas pistas. Las empresas que costearon las tarjetas tejieron una red de transferencias de recursos que sólo una investigación acuciosa y desde el gobierno podría destejer. Como sea, sumando el costo de la canasta de tarjetas y otros gastos de campaña -espectaculares, propaganda en la prensa, en el cine, en Internet, con tarjetas telefónicas prepagadas y datos semejantes-, la comisión concluyó que la campaña de EPN rebasó el tope permitido por la ley por, al menos, $4,263,835,749 lo que, en principio, la nulifica como base de la legitimidad del gobierno.
Sería ingenuo suponer que la Secretaría de Hacienda, la PGR o la autoridad electoral van a investigar realmente a las empresas, empresarios y a las operaciones mencionadas en el IFCIM. El resultado, literalmente increíble de la investigación llevada a cabo recientemente por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en relación a la forma en que la familia presidencial y miembros del círculo del poder se hicieron de algunas de sus mansiones -vía conflicto de intereses- demuestra que andar por ese camino lleva a ninguna parte.
El Retorno al Autoritarismo. Lo presentado por la comisión o por la SFP si produce efectos inmediatos aunque, desafortunadamente, éstos son negativos: el aumento en el desencanto ciudadano, el cinismo frente al proceso político y a la estructura institucional. Y en eso no somos excepción, el nuestro es un caso entre varios que están impulsando un retroceso mundial de la democracia, tal y como lo sugiere un teórico de las transiciones, Larry Diamond, en "Facing up to the democratic recessión", (Journal of Democracy, enero 2015, pp. 141-155). La fecha de inicio de este retroceso global la coloca Diamond en 2006 y coincide perfectamente con nuestro "haiga sido como haiga sido".
Es verdad que hasta hoy el proceso político mexicano no ha desembocado en algo tan desastroso como los finales de las primaveras árabes, pero si las elecciones que vienen tienen el mismo carácter que el IFCIM encontró en las del 2012, entonces la regresión de nuestra vida pública difícilmente tendrá arreglo.
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