"Si les parece bien no voy a hacer ninguna otra declaración", dice el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuando la prensa le pregunta sobre su casa en Malinalco. Esa que le "compró" al Grupo Higa con un préstamo no bancario a una tasa de interés del 5 por ciento, cuando la del mercado era del 12 por ciento. Esa que Higa "vendió" sin ganancia alguna, como reportó el Wall Street Journal la semana pasada. Esa sobre la cual afirma "estar tranquilo". Pero nosotros no lo estamos ni nos parece bien su silencio. Su opacidad. Su reticencia a airear, transparentar, explicar. Admitir el conflicto de interés y renunciar por ello. La transacción de su casa en Malinalco -legalmente permisible, éticamente inaceptable- daña a la SHCP y al país.
Porque lo que niega que ocurrió en cualquier democracia funcional se llama "apariencia de indecencia". Apariencia de impropiedad. Apariencia de incorrección. El uso de un puesto de poder para asegurar privilegios privados, como la obtención de una casa a menos de la mitad de su valor real. El mal uso de su posición, como personaje cercano a Enrique Peña Nieto, para conseguir un préstamo preferencial que ningún otro ciudadano habría logrado. La violación de estándares de conducta que cualquier funcionario público debería respetar, vitales para que los ciudadanos puedan tener confianza completa en la integridad del gobierno. Videgaray, al hacer lo que hizo, contravino su deber, su misión, su propósito como alguien en la vida pública y política del país.
Y podrá argumentar que no violó ninguna ley. Que no actuó en contra de ningún reglamento. Que -como escribió Samuel Butler- "el canibalismo es moral en un país de caníbales". Si la ley no sanciona el conflicto de interés, entonces adelante. Si las reglas que no estableció el viejo PRI permiten el enriquecimiento del nuevo PRI, qué mejor. Como tantos más, Luis Videgaray se beneficia de los bajos estándares de la era.
Estándares al ras del suelo que nadie criticaba o percibía o denunciaba porque eran pilares del priismo. La práctica permitida era -y sigue siendo- llegar al poder para conseguir casas, promover negocios, adjudicar contratos, traficar influencias. Y he allí una de las causas de la corrupción política y uno de los detonadores de la desigualdad social y una de las raíces del retraso económico. Las decisiones favorables -para el Grupo Higa y otras empresas- a cambio de pagos redituables. Las reglas no escritas que permiten ser empresario privado y representante público, secretario de Hacienda y evasor de impuestos. Las reglas no escritas que el PAN y el PRD y el PVEM se saben ya de memoria y por eso guardan silencio ante una costumbre que tan caro le cuesta a la credibilidad institucional.
Gran parte del problema proviene de huecos legales que permiten conductas cuestionables. En México parece no haber impedimentos constitucionales y legales que impidan hacer lo que Videgaray hizo. Duerme tranquilo porque ni siquiera existe una entidad equivalente al U.S. Office of Government Ethics. Porque nadie está vigilando si la conducta de un funcionario público viola la reputación de la institución para la cual trabaja. Porque nadie se ve obligado a renunciar, como en el caso del congresista Aaron Schock, que dejó el puesto sólo 12 horas después de que el periódico Político reveló que recibió un reembolso de miles de dólares de dinero público por el uso de su automóvil privado. Él también -como Videgaray- argumentó que "no había violado la ley".
Pero en política importa tanto o más la percepción que el hecho mismo. Y en ese caso, como en el de nuestro secretario de Hacienda, la percepción compartida es de incorrección. De abuso del puesto. De privilegios por encima de los ciudadanos cuyos impuestos gasta. Del uso inapropiado de su posición. De una situación definida en el artículo "What is a conflict of interest?" de Lars Bergstrom en el Journal of Peace Research, en la cual alguien tiene dificultades para llevar a cabo sus labores oficiales/fiduciarias porque hay un conflicto entre sus intereses y los de su empleador. En este caso, los empleadores somos nosotros, los ciudadanos, cuyos intereses se vieron afectados con una transacción irregular que benefició a un particular que ahora es -ni más ni menos- el secretario de Hacienda. Por ello Videgaray no puede seguir en un puesto donde cobra impuestos, vigila créditos, aprueba licitaciones y dispone de dinero público. Permitir que siga despachando en la SHCP es equivalente a aceptar que el canibalismo es moral porque somos un país de caníbales.
