Hundida en la crisis de confianza y credibilidad generada por ella misma, desesperada por el entorno económico y el curso de las reformas emprendidas, asediada por la corrupción y la violación de los derechos humanos, nada aventurado es que la administración peñista ensaye revitalizar la cohabitación con el panismo y asegurar el proyecto económico compartido.
Ahí se explica por qué la práctica de designar por cuotas, plenas o compartidas, a los integrantes de los órganos autónomos y del pleno de la Corte. De esa manera, la administración federal y su oposición leal, el panismo, aseguran enclaves fundamentales en la conducción de la justicia, las elecciones, el acceso a la información, la economía, el comercio, la competencia y las telecomunicaciones. Así, aun cuando la actual administración perdiera la próxima Presidencia de la República, amarraría por abajo el proyecto económico en sociedad y complicidad con el panismo.
Llegado el caso, el presidente Enrique Peña viviría una paradoja: inspirado en el salinismo remataría su sexenio al estilo zedillista, dándole la bienvenida a la alternancia. Alternancia limitada, desde luego, al turno en la administración, pero no en el gobierno del destino. Hasta un candidato común o, incluso, uno independiente-dependiente pero presentable, decente y controlable les vendría a modo.
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A nadie escapa el carácter transexenal y estructural de la mayor parte de las reformas emprendidas, como tampoco que su suerte inmediata y mediata depende del entorno económico que, de momento, es adverso y las hace tambalear.
Llevar a puerto seguro esas reformas exigía una condición indispensable: gobernar el tiempo de maduración a partir de cierta estabilidad económica, y el control del malestar social a partir del dominio de las variables que lo inflamaban o lo apagan. La evidencia está a la vista. Se incumplió esa condición. El entorno económico, ajeno a la administración, desvaneció la estabilidad; y la pérdida del control, propia de la administración, ante la corrupción, la impunidad y la violación a los derechos humanos inflamó el malestar social que, en el colmo del problema, no encuentra en los partidos tradicionales vías de participación. La administración está en un grave apuro.
De haberse cumplido aquella condición, el carácter de las reformas hubiera escriturado la residencia de Los Pinos y el destino nacional a la corriente tricolor que, desde hace más de un cuarto de siglo, intenta perpetuarse en el poder. Sin embargo, las variables fuera y dentro de su control que siempre desconsidera o minusvalora, de nuevo, la colocan en un predicamento.
Tal circunstancia obliga a la administración a revitalizar su relación con el partido con el que, desde 1988 y pese a las diferencias, ha encontrado al socio y cómplice para sostener el proyecto económico que, si bien favorece la exportación, no derrama sus beneficios hacia adentro ni abate la desigualdad.
De ahí que, desde ya, urge mirar con lupa la relación de la administración peñista con el panismo. La administración requiere de esa fuerza, así sea al precio de desocupar otra vez la residencia oficial de Los Pinos. Dolor fuerte, pero soportable visto que, durante los doce años que el panismo se acomodó en ella, se sostuvo el régimen económico sin democratizar el político.
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Más allá de los matices, el discurso priista y el panista convergen en el proyecto de fondo y, ahora tristemente, en el encubrimiento de las malas prácticas o los errores.
El panismo practica la esgrima oral ante la violación de los derechos humanos de nacionales y migrantes porque, en el fondo, uno de los suyos -Felipe Calderón- plantó la semilla del desprecio por su vigencia. Condena, pero no mucho la fuga de "El Chapo" porque la primera escapada del criminal fue bajo el gobierno de otro de los suyos -Vicente Fox-. Impulsa sin gran empeño la lucha anticorrupción porque, yendo a fondo, muchos de los suyos compartirían celdas. Critica el régimen político, pero sin desgarrarse las vestiduras porque cuando pudo reformarlo no quiso. Mira sin queja el mercado petrolero porque, cuando era jauja, gastaron las divisas sin sentido. Censura quedito el peso de las grandes televisoras sobre la administración porque ellos las nutrieron en su tiempo. Callan ante los términos del combate al crimen porque el error de origen les pertenece.
Sociedad y complicidad. Así juegan el panismo y el priismo. Comparten el proyecto y encubren vicios o corruptelas porque ninguno ha hecho de la alternancia la alternativa. Desde luego, interpretan a su modo tal cohabitación. El priismo presume ir así a la modernidad, el panismo festeja lo que considera su victoria cultural. Y a ambos los mueve ganar elecciones sin conquistar el gobierno ni asegurar el Estado en un marco de derecho, justicia, desarrollo, igualdad y bienestar nacional.
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Orilla a ensayar ese acercamiento a la administración el relevo de los dos ministros salientes de la Corte, la sucesión en la Universidad Nacional, el cuadro electoral inmediato, así como el desvanecimiento del perredismo.
Si en el origen el Pacto por México incluía a la administración, el priismo, el panismo y el perredismo, este último resultó el más damnificado. La reforma fiscal no rindió los frutos sociales esperados, la educativa lo alejó de las bases magisteriales disidentes, la petrolera supuso una abdicación y la electoral no rindió los añorados dividendos y, por si eso es no bastara, la lucha caníbal a su interior y el encubrimiento de la corrupción en sus gobiernos lo hunden.
Desde esa perspectiva, si el estilo de nombrar colaboradores o postular candidatos al Poder Judicial tenía por sello el pago de servicios, el capricho o la amistad, ahora, exige sumar al panismo y privilegiar el sistema de cuotas, plenas o compartidas, porque está en juego el porvenir de las reformas y la administración de ellas.
El problema es qué harán con los panistas y los priistas aún creyentes de sus postulados fundamentales y resistentes a la idea de emparentarse hasta la endogamia.
