Cuatro hombres y una mujer tendrán a su cargo hoy una de las decisiones más importantes del país. Los ministros de la Primera Sala --la sala penal y civil-- de la Suprema Corte de Justicia considerarán un proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar que, en caso de ser aprobado, significaría un primer y radical cambio en la prohibición de las drogas en nuestro país. El dictamen implica la legalización del cultivo y transporte de marihuana para el autoconsumo, en principio sólo para quienes buscaron el amparo de la justicia federal, pero tarde o temprano para el resto de la población mexicana.
El dictamen del ministro Zaldívar es expresión de un espíritu liberal que, al parecer, no ha desaparecido de un sistema legal que se ha vuelto cada vez más conservador y paternalista. "La Constitución -escribe el juzgador--no impone un ideal de excelencia humana, permite que cada individuo escoja su propio plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los demás."
Si bien el ministro reconoce que la marihuana puede ser perjudicial para la salud, añade que se trata de afectaciones menores o similares a las que producen sustancias no prohibidas como el alcohol y el tabaco". La ciencia avala sus consideraciones. Las "supuestas afectaciones -añade-- no pueden considerarse como razones válidas para intervenir el derecho al libre desarrollo de la personalidad".
Se espera que la ministra Olga Sánchez Cordero, progresista más que liberal, respalde el dictamen de Zaldívar. Se necesitaría un voto más para avalar la sentencia. Tanto Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como José Ramón Cossío tienen reputación de liberales. El ministro Jorge Mario Pardo Rebollo es quizá más conservador, pero las posibilidades de aprobación del dictamen son altas. Tres de cinco votos legalizarían el cultivo y transporte de marihuana para el autoconsumo. El peor riesgo sería que se optara por someter el caso al pleno, donde el voto de los 11 ministros sería más incierto.
Se han ejercido enormes presiones contra los ministros. Tanto el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón, como el subsecretario de prevención, Arturo Escobar, han hecho declaraciones públicas en contra de la propuesta liberal. El gobierno de Peña Nieto se aferra al parecer a la posición conservadora de mantener la prohibición y castigar a las personas por conductas que, si acaso, sólo a ellos dañan. Supongo que es inevitable. Los principales beneficiarios de la prohibición son los narcotraficantes, pero en segundo lugar están los comandantes y funcionarios que tienen empleos bien remunerados y pingües posibilidades de corrupción en la guerra contra las drogas. A la posición del gobierno se ha unido la Iglesia Católica a través del semanario Desde la Fe: "La Iglesia enseña que este uso irresponsable de la libertad conlleva efectos opuestos a los que se buscan."
Mucho se ha hablado de la importancia de esta decisión en términos utilitarios. Se ha dicho, por ejemplo, que la legalización de la marihuana para el autoconsumo sería un golpe contra el mercado negro. En algo ayudaría, es cierto, porque reduciría el mercado negro, pero sólo la legalización del uso y comercio de todas las drogas permitiría el fin de la guerra que tanto daño ha hecho a los mexicanos.
Más que por razones utilitarias hay que defender el dictamen del ministro Zaldívar por un principio liberal: el Estado no tiene derecho a imponer normas de virtud personal al individuo por conductas que no afectan a los demás.
ASTUDILLO
Héctor Astudillo asumió ayer el gobierno de Guerrero. Con 48 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2014, Guerrero es el estado más violento del país. El gobierno, de hecho, ha dejado de gobernar. Astudillo ganó la elección y le toca una enorme responsabilidad en la que sólo se le puede desear éxito, para bien de los guerrerenses y de los mexicanos.
