Es provechoso que el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, explique los motivos tras la irritación militar porque permite revisar asuntos de fondo.
Se sienten difamados. Para el general secretario "hay quienes están interesados en desprestigiar a las Fuerzas Armadas" con "declaraciones, muchas de ellas sin sustento". Tiene razón. Hay quienes lanzan acusaciones superficiales que ignoran la metamorfosis vivida por las fuerzas armadas. Hace algunas décadas sí eran los que reprimían con órdenes verbales. Después del 2 de octubre y de la Guerra Sucia se niegan jugar ese papel, pero las guerras contra el crimen organizado los han regresado a una situación cada vez más difícil. No hay evidencia sobre una política de exterminio; sí existe una cadena de violaciones graves a los derechos humanos nacidas de los fallos de un Estado desvencijado. De ahí nacen críticas al ejército bien sustentadas.
Iguala es un caso paradigmático del desmoronamiento de las corporaciones policiacas y de las ambiguedades en que se mueven las fuerzas armadas. Según la explicación del general Cienfuegos, la pasividad militar en Iguala se debió a que la función de los militares es "apoyar a la autoridad" civil y en ese caso "la autoridad [era] la policía" que nunca les pidió ayuda. Por tanto, no podían salir del cuartel. Para el general había un dilema de fondo: "cuando [la policía] se está enfrentando a los jóvenes [la noche del 26 de septiembre] ¿A quién defendemos? ¿A la policía o a estos jóvenes que estaban enfrentando a la policía?".
El trasfondo de ese dilema es que la mayor parte de las policías no cumplen con su función y que algunas están al servicio del crimen organizado. El general Cienfuegos ha hablado sobre la "pobreza operativa y ética" de unas corporaciones policíacas que el Estado dejó "olvidadas muchos años" y cuya regeneración avanza bien poco por la falta de "compromisos […] en algunos estados para que esto camine". ¿Quién controla a estas policías? Si las fuerzas armadas se hacen a un lado nos dejan indefensos.
Hemos avanzado bastante en al conocimiento sobre lo que pasó en Iguala, pero sigue habiendo grandes huecos. En su Informe del 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que elementos del 27 Batallón sí supieron que los normalistas habían sido detenidos por la policía de Iguala. Como no pudo entrevistar a los militares, el GIEI dejó sin respuesta las siguientes interrogantes: "¿Qué hicieron [los militares] con esa información? ¿Qué acciones urgentes tomaron? ¿Informaron en ese momento a las más altas autoridades del Estado? ¿Qué instrucciones recibieron? En caso contrario, ¿por qué no informaron? ¿Por qué manejaron información restringida en el C4 esa noche?".
Se trata de información indispensable para entender la cadena de complicidades y responsabilidades tras esa masacre paradigmática. Siguen sin respuesta como se puede apreciar revisando las dieciocho cuartillas de la "Cronología de los acontecimientos de Iguala" que entregaron la semana pasada a los diputados de la Comisión Especial de Ayotzinapa (Araceli Damián me entregó copia de ese documento).
Los militares se rehúsan a que el GIEI entreviste a los integrantes del 27 Batallón e invocan la soberanía nacional o su falta de competencia jurídica. En realidad, su reticencia pareciera venir de un impulso a proteger a un Estado que, desafortunadamente para el ejército, es bipolar y suicida. Cuando las fuerzas armadas salen a combatir a grupos del crimen organizado terminan, en ocasiones, enfrentándose a otras instituciones del Estado (policías generalmente).
Los impulsos suicidas se advierten en el rechazo a curar enfermedades perfectamente diagnosticadas. Es bien sabido que el Poder Judicial está atrofiado, pero aun así el Presidente y su partido quieren poner a gente "suya" en la Suprema Corte; las policías están colapsadas, pero la mayoría de los gobiernos locales no se toma con seriedad reformarlas; condena al GIEI olvidándose que fue el Estado mexicano quien invitó y financió a sus expertos.
El laberinto que atrapa a los militares es hechura del mismo Estado y la forma más lógica de salvar a ambos es terminar con el pacto de opacidad que perpetua la impunidad e impide conocer a fondo los hechos y los responsables. El ejército y el ejecutivo deberían entender que en esta etapa de la historia el silencio es contraproducente e inviable.
Comentarios: www.sergioaguayo.org
Colaboraron Clementina
Chávez Ballesteros y Maura Álvarez Roldán.
