"Es la economía, estúpido", decía el letrero colgado en la casa de campaña de Bill Clinton cuando contendió por la Presidencia. Estaba allí para recordarle al equipo en qué ámbito debía centrar su atención; en dónde debía focalizar su energía. "Es la corrupción, estúpido", es el banderín que debería estar colgado detrás del escritorio de Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Porque un tema que era subsidiario se ha vuelto central. Porque algo que no incidía en la credibilidad o en el funcionamiento del gobierno en México, ahora lo hace. Aquello que tiene al equipo de Peña paralizado, acorralado, acalambrado, es un asunto que siempre se consideró "normal" y ya no lo es. La corrupción gubernamental como ácido corrosivo que corre por el andamiaje aplaudido de las reformas estructurales. Frenando, parando, obstaculizando, acabando con lo que se había prometido o lo que se podía lograr.
No siempre fue así. "El que no transa no avanza" era la frase común y compartida. Los mexicanos presenciaban -pasivamente- escándalos telenovelescos, acusaciones increíbles, evidencia de la podredumbre que corría por los pasillos del poder. Leían -pasivamente- sobre el posicionamiento cada vez peor en los Índices de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Vivían -pasivamente- en lo que el académico Stephen Morris bautizó como "la cultura de la corrupción". Y los datos lo revelan. Según una encuesta citada por Morris en "Corruption and Mexican Political Culture", 70 % piensa que casi todos o muchos en el gobierno son corruptos. Dentro del sector privado, 39 % afirma que necesita hacer pagos extraoficiales para influir en el contenido de leyes, políticas públicas y regulación. Aun entre auditores internos del gobierno federal, 60 % reconoce que son "frecuentes" los actos de corrupción en las áreas que supervisan. Entre la población, 62 % responde que ha sido necesario pagar un soborno para resolver algún problema. La corrupción nace y florece en "áreas oficiales donde hay que completar un trámite". En la calle, en los juzgados, en las prisiones, en las licitaciones, en las aduanas. Y no es denunciada porque 77 % piensa que los culpables nunca son sancionados. Porque sólo 14 % cree que la principal causa de la corrupción es "la falta de aplicación de la ley", mientras que 44 % piensa que es "la cultura y la educación de los mexicanos".
De allí la urgencia de que algo cambie en la conciencia de los mexicanos y en la cabeza de quienes los gobiernan. La Casa Blanca y la casa de Luis Videgaray y las licitaciones inexplicables y el papel del Grupo Higa y Ayotzinapa deben ser vistos como una sacudida. Como un serio llamado de atención que ya empieza a surgir en las encuestas como problema principal. Como un recordatorio de que el mal uso de un puesto público para la obtención de una ganancia privada tiene efectos negativos para el país. Está vinculada con menores niveles de crecimiento del PIB. Limita los beneficios de la apertura comercial. Hace más difícil atraer la inversión extranjera. Genera una propensión a crisis monetarias, producto de decisiones presupuestales y financieras irresponsables. Desvía recursos que deberían estar destinados a la provisión de bienes públicos, como escuelas y hospitales y carreteras. Informe tras informe de competitividad global, el World Economic Forum señala que el principal factor que afecta hacer negocios en México es la corrupción. Lleva a la falta de confianza en las instituciones, a la falta de credibilidad del gobierno, a la desilusión de los mexicanos con su país y consigo mismos.
Por eso la urgencia del involucramiento ciudadano para sacudir a un gobierno que entiende demasiado bien lo que la corrupción significa. Por ello su renuencia a combatirla, a asumirla como aquello que está hundiendo al gobierno de Enrique Peña Nieto. Por eso el congelamiento del Sistema Nacional Anti-Corrupción en el Senado, torpedeado por el PRI que no quiere fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, no quiere que se fiscalice en tiempo real, no quiere que se examinen fideicomisos públicos, no quiere incorporar la extinción de dominio por enriquecimiento ilícito, no quiere que se eliminen los secretos fiscal, bursátil, fiduciario o bancario en las investigaciones, no quiere un Fiscal Anti-Corrupción verdaderamente independiente y autónomo, como lo han propuesto 32 organizaciones civiles recientemente. Porque el PRI sigue pensando que "Es la corrupción, estúpido", pero como lema para gobernar, no como exigencia para cambiar.
