Ilustración: Aída Moya.
El gobierno de Enrique Peña Nieto quiso desmarcarse de la estrategia calderonista de combate contra el crimen lanzando un programa de prevención del delito. Las estrategias poco claras y la falta de indicadores impiden cantar loas o censurar sus resultados.
¿Qué fue primero, el crimen o el delincuente? La respuesta se antoja sencilla de dilucidar y hasta puede que sea respondida con certeza.
El criminal no nace, se hace, dicen infinidad de discursos, cosas de la formación, del entorno dañino para las criaturas, del enemigo en casa, de la sociedad. La pobreza, mal multidimensional según las mediciones de las autoridades de todos los colores y niveles, sirve como caldo de cultivo para generaciones y generaciones de desventurados que encuentran en la vida criminal una forma rápida y eficiente, aunque mala para la salud a final de cuentas, de salir de apuros y ascender en la escala social.
En el viejo oeste, esto nos lo han enseñado los westerns, la ley era decididamente fácil de imponer, bastaba con ser rápido, tener buena puntería y mostrar una estrella reluciente a un lado del corazón. Luego de eliminar al grupo de facinerosos en turno, el comisario enfundaba el arma, el pueblo quedaba en paz, y la vida seguía hacia la prosperidad, eterna promesa incumplida de la civilización bien educada.
El esquema de los comisarios locales, estatales o federales, sin embargo, no funcionó en el México del nuevo siglo. Por ello, el presidente Felipe Calderón decidió subirle al volumen y hacer del combate a la delincuencia una guerra, a veces de guerrillas, a veces de trincheras, a veces un mero trámite donde no se tomaban prisioneros.
Y 121 mil 683 muertes violentas después, según dato del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), llegó el nuevo gobierno. Enrique Peña Nieto cambió la estrategia del fusil contra fusil por un par de líneas de acción bienintencionadas: crear un nuevo cuerpo de comisarios y estropear la máquina productora de brazos criminales. A la Gendarmería Nacional no le fue nada bien con el Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia (Pronapred), todavía es pronto para celebrar o descartar los resultados.
PREVENIR PARA MEJORAR
La prevención del delito, y en esto los discursos público, privado, civil, académico y demás coinciden, es un componente central en toda estrategia de control del crimen y la violencia. Para prevenir, la fórmula también reúne numerosas coincidencias, deben atenderse factores de riesgo, esos que llevan al individuo a cometer actos criminales.
El objetivo, de un color claro y acuoso, es vacunar a las persona antes que lidiar con la enfermedad de la violencia, la delincuencia y el caos.
Para ello, hay que definir metas específicas, precisar las conductas criminales que se pretende erradicar, delimitar los factores de riesgo.
Este requisito fue omitido en el Pronapred del gobierno mexicano, al menos esa fue la opinión de la organización civil México Evalúa que, en 2013, elaboró un estudio a propósito de la estrategia de prevención de Enrique Peña Nieto. Antes de hablar de dicho estudio hay que ofrecer un contexto.
EL MENSAJE
"Las ciudades, los pueblos, las carreteras, deben volver a ser espacios de tranquilidad", esta fue una de las frases dirigidas por Peña Nieto al pueblo mexicano en su primer discurso como presidente.
"Para lograr resultados, trabajaremos con estrategia (...), a fin de combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia y la paz", afirmó el titular del Ejecutivo federal.
El gobierno de EPN comenzó su lucha contra la violencia y el crimen curándose en salud -tarea que los gobiernos panistas facilitaron- con las cifras oficiales de sus antecesores.
En los períodos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el presupuesto destinado a la Secretaría de Seguridad Pública y sus órganos administrativos aumentó un 538 por ciento (de 6.3 mil millones de pesos a 40.5 mil millones de pesos). La inversión, sin embargo, no tuvo un reflejo positivo en las cifras de incidencia delictiva. Los crímenes del fuero federal aumentaron en un 83 por ciento (de 78.309 a 142 mil 971 casos).
Entre 2007 y 2012 la tasa de denuncia por homicidio doloso por cada 100 mil habitantes creció 95 por ciento, la de secuestro 177 por ciento y el robo con violencia en un 27.9 por ciento. El robo a negocios con violencia creció un 62 por ciento, el robo a casa habitación un 37 por ciento y el despojo de vehículo con agresión incluida aumentó en un 112 por ciento. El robo a carreteras se incrementó en un 223 por ciento.
Los factores que influyeron en el incremento de la violencia, según el equipo peñista, fueron las actividades de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, las juventudes mexicanas en su calidad de víctimas y generadores de violencia, el crecimiento desordenado de las ciudades, la pérdida de valor e interés por la educación formal como mecanismo de ascenso social, la formación de modelos de comportamiento ligados a la cultura de la ilegalidad, el impacto del efecto migratorio y las deportaciones de inmigrantes.
¿Qué se propuso el gobierno de Enrique Peña Nieto? Lograr un México en paz, incluyente, con educación de calidad para todos, con crecimiento económico sólido y sostenido.
Los pilares de la estrategia gubernamental para combatir al delincuente que se gesta en el caldo de cultivo, y multidimensional, de la pobreza están contenidos en el documento Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
El primero es el compromiso de implementar el Programa Nacional de Prevención del Delito, seguido por la promulgación de la Ley de Víctimas, la creación del Código Penal Único y la puesta en marcha de la Cruzada contra el hambre. Todos cumplidos.
Luego vienen los sectores vulnerables con la promesa de ofrecer un Seguro para Jefas de Familia y la Pensión para Mayores de 65 años, misiones harto complicadas con el entorno económico adverso, la caída en los ingresos nacionales y los recortes al gasto social.
Enseguida, aparecen tareas impostergables de todo plan de gobierno: la reforma educativa (insuficiente pero ya instalada), el impulso a la infraestructura nacional, poner en ceros el déficit presupuestal, racionar el gasto, apoyar la inversión y ordenar las deudas de los estados.
También se incluyeron las ideas de retomar los trenes de pasajeros y de hacer del acceso a internet de banda ancha un derecho constitucional. Buenos deseos, sin duda.
LA MALA EVALUACIÓN
México Evalúa destacó que el gobierno peñista decidiera colocar en el centro de su estrategia de seguridad al programa de prevención de la delincuencia.
Los esfuerzos de la administración federal se enfocaron en 57 demarcaciones de "intervención prioritaria" y 43 destinos mexicanos catalogados como un segundo ámbito de intervención. Las del primer grupo sí recibieron recursos extras.
La primera crítica de la asociación hacia el programa fue que las autoridades omitieron dar a conocer los detalles del proceso de selección de prioridades.
La segunda fue que los recursos se distribuyeron con base en factores que nada tienen que ver con el objetivo de reducir situacioness que generan violencia y delincuencia: la proporción de la población y la proporción de homicidios.
Los analistas de México Evalúa se quedaron con la duda acerca de si pesaron más los factores de población geográficos y de incidencia delictiva o los factores de riesgo a la hora de seleccionar las demarcaciones de atención urgente.
Los opacos criterios del programa impidieron saber si a los lugares de urgente intervención se otorgaron cantidades acordes a los problemas y a los objetivos que se pretenden lograr.
Además, la mayoría de los diagnósticos en los proyectos de prevención presentados por las autoridades locales carecieron de evidencia sólida y tanto de indicadores como de metas que hicieran posible la evaluación del impacto.
LA PREVENCIÓN DE CALDERÓN
Si bien la estrategia militarizada (acciones policíaco-militares) fue el componente central del combate contra la inseguridad del presidente Calderón, también había una pizca de prevención del delito. El segundo gobierno panista pretendía atacar frontalmente el fenómeno delictivo, recuperar territorios y devolver las condiciones mínimas de seguridad.
Un caso de éxito de la administración calderonista fue el programa Todos Somos Juárez (TSJ), 160 compromisos en materia de educación, economía, empleo, desarrollo social, salud y seguridad pública. Desde 2010 hasta el fin del sexenio la inversión en este plan rebasó los cinco mil millones de pesos.
La relación de acciones incluyó: apoyos a mil 379 pequeñas y medianas empresas por 835 millones de pesos para conservar 18 mil 073 empleos; entrega de 10 mil 240 becas de capacitación para el trabajo; 891 talleres de formación de valores y de habilidades laborales para 25 mil 872 personas, cobertura universal de salud en el municipio; cinco mil 486 becas para educación media superior; rescate de 19 espacios públicos (unidades deportivas, gimnasios, centros comunitarios) y demás.
La tasa de homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, se redujo en un 78 por ciento desde la implementación de TSJ, pero el programa careció de una línea base, reglas de operación e indicadores para la evaluación de resultados. Por ello, los analistas de las estrategias de prevención del gobierno mexicano se ven imposibilitados para determinar en qué medida contribuyó a abatir los niveles de violencia en ese distinguido punto del mapa nacional de la violencia.
Peña Nieto encargó a las secretarías de Gobernación, Hacienda, Desarrollo Social y Educación la elaboración del Programa Nacional de Prevención del Delito.
La definición del gobierno mexicano para el concepto "Prevención del delito" es: acciones enfocadas a disminuir las amenazas, el riesgo y las oportunidades de que el delito ocurra mediante la identificación y eliminación de las causas, elementos de oportunidad y condiciones sociales que permiten a la delincuencia desarrollarse y fortalecerse.
Esto podría significar que las autoridades entienden la prevención como el conjunto de planes y programas destinados a atenuar las precarias condiciones sociales y económicas de la población asociadas con la elección de una carrera criminal (la pobreza, por ejemplo).
También podría interpretarse como el conjunto de planes y programas de atención a individuos o grupos que, en un momento dado, podrían inclinarse por un modo deshonesto de vida, tratar con las raíces del delito, diseñar y construir entornos (hacer cambios en el espacio físico de las comunidades) que favorezcan el desarrollo integral de las personas.
EL PROGRAMA
Más allá de las posibles interpretaciones, el programa peñista se concentra en atender las condiciones socioeconómicas asociadas por el imaginario técnico al desarrollo del delito y a los grupos en situación de convertirse en activos de la vida criminal.
La administración federal anunció un policromo conjunto de acciones enmarcadas en uno o varios de los ocho ejes que componen el programa, si bien los redactores federales se abstuvieron de dotar de sentido y contenido a cada uno: Seguridad ciudadana, Juventudes, Mujeres, En condiciones de vulnerabilidad, Convivencia, cohesión comunitaria y participación ciudadana, Cultura ciudadana y cultura de la legalidad, Cultura de la paz y Urbanismo social y acupuntura sociourbana.
Los tres ejes que recibieron más recursos fueron el de Urbanismo social y acupuntura sociourbana, el de Juventudes y el de Convivencia, cohesión comunitaria y participación ciudadana.
Una queja hacia la redacción del documento, extendida al compromiso del gobierno federal con la prevención, es que no se precisan los factores que, al ser atendidos, reducen el riesgo de cometer actos delictivos.
Además, subrayan varios analistas, en el cuerpo del programa se observan los mismos síntomas que hacen de las instituciones de seguridad organismos débiles y poco aptos para cumplir con la función que les ha sido encomendada, cosas como la incapacidad de los gobiernos locales para diseñar diagnósticos y establecer indicadores con el rigor necesario a la hora de construir y ejecutar estrategias de prevención bien fundamentadas y eficaces.
EL LADO DE COAHUILA
En la relación inicial de demarcaciones prioritarias del Pronapred aparecieron Saltillo, Durango capital y la Zona Metropolitana de La Laguna. En las demarcaciones prioritarias, en conjunto, se repartieron dos mil 250 millones de pesos.
Sin embargo, las cifras de incidencia criminal muestran que, al menos en tres delitos de alto impacto, los estados de Coahuila y Durango comenzaron a mostrar mejoras en años anteriores a la implementación del Pronapred o en los ejercicios inmediatamente posteriores a su puesta en marcha. En cualquiera de los casos, la sospecha acerca de la utilidad o la inutilidad de las acciones del programa, está justificada.
En el reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el desglose histórico (desde 1997), Coahuila reportó 175 denuncias por homicidios dolosos en 1997, esa fue la cantidad más alta hasta que en 2008 se integraron 179 expedientes por asesinato, en 2009 la cifra ascendió a 240 casos, en 2010 se situó en los 407 reportes, en 2011 creció a 660, 2012 cerró con 771, 2013 con 645 y en 2014 el total del ejercicio fue de 390 casos.
En el caso de los secuestros, en 1998 los agentes del Ministerio Público estatal reportaron tres denuncias, cifra que se superó hasta las cinco carpetas integradas en 2008, un año después hubo 17 casos, para 2010 se reportaron 91 secuestros, 2011 acumuló 16, 2012 tuvo 24, en 2013 se acumularon 29 denuncias y al cierre de 2014 se integraron 16 expedientes por este ilícito.
En cuanto al delito de extorsión, el registro comienza con 89 denuncias en 2009, marca que no se superó hasta los 104 casos de 2013, el ejercicio siguiente (2014) cerró con 89 denuncias.
EL LADO DE DURANGO
En la entidad duranguense los homicidios dolosos mostraron un incremento sustancial a partir de los 430 reportes de 2008. Al año siguiente hubo 930 denuncias, en 2010 se registraron mil 024 casos, la incidencia bajó a 764 carpetas en 2011, a 618 expedientes en 2012, a 476 averiguaciones en 2013 y a 315 hechos denunciados en 2014.
Los secuestros sumaron 21 denuncias en el 2000. La marca no fue superada hasta los 37 casos de 2009, al año siguiente hubo 79, en 2011 y 2012 bajó a 67 y luego a 50 carpetas por este ilícito de forma respectiva, en 2013 volvió a 21 hechos denunciados y en 2014 se reportaron una decena de privaciones de la libertad.
Las extorsiones tuvieron en 2005 un registro destacado con 118 denuncias, en 2010 se acumularon 265 expedientes, cifra que bajó a los 108 en 2011. En 2012 se abrieron 86 carpetas, al ejercicio siguiente fueron 82 y 47 en 2014.
Lo dicho, delitos de alto impacto en Coahuila y Durango comenzaron a mostrar una tendencia a la baja en años previos a la implementación del Pronapred.
DENUNCIAS CONTRA VÍCTIMAS
Una característica de las cifras oficiales es que dificultan el análisis, se resisten a revelar la parte de verdad que les corresponde. En los párrafos anteriores se habla de denuncias y no de víctimas porque las procuradurías estatales manejan solamente el número de carpetas de investigación o averiguaciones previas iniciadas por los delitos. Sin embargo, una misma carpeta puede contener más de una víctima de un hecho delictivo. Además, los registros de las dependencias suelen arrojar inconsistencias cuando se comparan con los números que manejan las instancias federales.
En el reporte del número de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada entidad federativa, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública consignó que en 2014 hubo, a nivel nacional, 35 mil 955 víctimas de homicidio (17 mil 324 personas perdieron la vida en hechos dolosos), mil 839 secuestrados y seis mil 139 extorsionados.
Coahuila aportó 828 víctimas de homicidio (449 en hechos dolosos), 27 secuestrados y 91 extorsionados. El año pasado, como se mencionó líneas arriba, la entidad gobernada por Rubén Moreira reportó 390 denuncias por homicidio doloso, 16 por secuestro y 89 por extorsión.
En 2014, Durango acumuló 640 víctimas de homicidio (315 muertes dolosas) 15 individuos privados de su libertad y 47 afectados por extorsiones. Las cifras de denuncias por homicidio doloso y extorsión sí coincidieron con el desglose de víctimas, en el caso de los secuestros hubo una disparidad toda vez que se integraron sólo diez expedientes.
RECURSOS
El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia entregó a Coahuila, en 2013, recursos por más de 87 millones de pesos, pero el estado regresó 11 millones a la Federación. El director del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia estatal, Sergio Sisbeles, explicó a medios de comunicación que no tuvieron tiempo para ejercerlos.
En 2014 se destinaron 87.2 millones de pesos a Coahuila; los municipios favorecidos fueron Torreón, Saltillo y Matamoros.
En 2013, a Durango se le asignaron 88.4 millones de pesos, 51.1 millones para la Comarca Lagunera y 35.3 millones para la capital y al año siguiente 88.8 millones de pesos; 53.3 millones para la Zona Metropolitana de La Laguna y 35.4 millones para la capital.
El dinero fue ejercido en acciones como talleres de prevención, cursos de educación artística, fomento de la práctica de disciplinas deportivas y la construcción de espacios para el desarrollo de las actividades mencionadas.
Un caso emblemático del programa en tierras laguneras fue la refundación de la colonia Nuevo México, en el surponiente de la ciudad de Torreón, junto a las piedras de la Sierra de las Noas. Dicha colonia fue escenario frecuente de las disputas entre el cártel de Sinaloa y Los Zetas, desde 2007 hasta 2012.
La vuelta de los habitantes de esta zona fue de interés para medios internacionales como El País de España. En la nota titulada En mi casa vivía el narco, elaborada por Sonia Corona y publicada el 3 de noviembre del año pasado en el diario ibérico, se relata, de forma somera, la historia de un lugar cuyas casas eran testimonios derruidos de las batallas entre grupos criminales, con un par de centenares de familias que prefirieron el camino del exilio antes que vivir bajo la permanente amenaza del crimen organizado.
La salida de los agentes del desorden permitió la vuelta. Cerca de 80 familias participaron de la refundación. Les dieron pintura y materiales de construcción para poner en pie sus casas. Los postulados de la Teoría de la Ventana Rota en marcha: cambiar de imagen y reforzar las reglas de un sitio para mantener al margen a los delincuentes.
La periodista destacó que el gobierno federal realizó una inversión cercana a los ocho millones de dólares (alrededor de 122 millones de pesos) en la Comarca Lagunera para construir centros recreativos donde se aprenden oficios.
EL EJERCICIO 2015
Este año, Coahuila ejercerá un presupuesto cercano a los 100 millones de pesos del Pronapred. A Torreón le tocan 42.6 millones de pesos a invertirse en conceptos como la recolonización de la Colonia Nuevo México, la construcción de la Línea Verde y los trabajos de rehabilitación del Cerro de la Cruz.
La Línea Verde es un buen ejemplo de lo que las autoridades pretenden hacer para ayudar a los barrios de La Laguna a superar su condición de zonas conflictivas. Se trata de levantar un espacio recreativo y cultural a lo largo de cinco kilómetros de vías del ferrocarril en desuso en el suroriente de la ciudad, un área con ciclovía, canchas de usos múltiples, skatepark, alberca, gimnasios al aire libre, juegos infantiles, andadores y diez vagones habilitados como espacios culturales al servicio de unas 20 colonias de alta marginación. Este proyecto comenzó a ejecutarse en noviembre del año pasado.
Recreación y deporte para alejar a niños y jóvenes de actividades delictivas, esa es la premisa.
A Durango le autorizaron 85 millones de pesos para perseguir objetivos como incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y los actores sociales en la prevención de la violencia y la delincuencia, reducir la vulnerabilidad de las poblaciones de atención prioritaria, generar entornos que favorezcan la convivencia y la seguridad ciudadana, además de fortalecer las capacidades institucionales.
A principios de este año, Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, declaró que los índices de hechos violentos van a la baja en Durango, destacó los proyectos comunitarios diseñados para activar el deporte, la cohesión social y reducir los problemas de violencia en beneficio de más de 26 mil habitantes, alabó y puso la etiqueta de ejemplo nacional y cosas por el estilo.
El camino adoptado por la administración federal y seguido por los gobiernos locales, sin embargo, difícilmente dará resultados tangibles en los primeros días, meses y años.
La percepción que tienen no sólo los habitantes del país (más del 67 por ciento de la población considera que la nación es insegura, dato del INEGI) sino los gobiernos de otras naciones ("en cualquier lugar puede desatarse la violencia", dicen los constantes reportes del Departamento de Estado del vecino del norte), indican que la inseguridad goza de buena salud, es decir, seguirá dando de qué hablar, Tlatlaya, Ayotzinapa, Veracruz, Guerrero, Jalisco, y antes de eso Monterrey, Tamaulipas, Torreón, Durango, Zacatecas. Otras caras del paraíso, como diría Francisco Amparán. Aún es muy pronto para juzgar los resultados, y evaluar será aún más complicado si las autoridades no elaboran diagnósticos apropiados ni indicadores de impacto adecuados.
LA VIOLENCIA INSTALADA
Un planteamiento que puede hacer cualquier observador es el siguiente: ¿Qué incentivos está recibiendo un individuo para tomar una X o Y decisión, en este caso delinquir o no hacerlo?
Espacios recreativos y culturales, cursos de artes y oficios, pintura y cemento, escobas, lecciones en materias como respeto al individuo, al sexo opuesto, a la autoridad y a la legalidad... La lista puede extenderse tanto como se desee.
Un político dijo, a propósito del programa de pisos firmes de un gobierno estatal, que todo había salido bien; entre el cemento que se dio a los municipios y la donación directa hecha por los tiempos electorales, el indicador se mejoró. Sin embargo, los habitantes de las comunidades en extrema pobreza que dejaron atrás el suelo de tierra, seguían sin opciones de conseguir un empleo bien remunerado, servicios básicos, educación de calidad y demás factores que elevan el coeficiente de desarrollo humano.
El crimen en general, en cambio, sigue ofreciendo incentivos que la honradez no ofrece. En el Índice Global de Impunidad 2015, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), México quedó en segundo lugar, sólo por debajo de Filipinas, superó a Colombia, Turquía y Rusia.
El estudio evaluó a 59 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Las recomendaciones para México fueron atender la funcionalidad de las fuerzas de seguridad y reforzar la estructura del sistema de justicia.
En cuanto a los delitos que no se denuncian, en el Índice de Paz de México 2015 se destacan los altos niveles de la llamada "cifra negra" en ilícitos como las violaciones (ocho de cada 100 se reportan a las autoridades) y los asaltos (se denuncian 23 de cada centena).
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014, los delitos para los que no se inició averiguación previa sumaron el 93 por ciento de los ilícitos cometidos en territorio nacional.
En un escenario de impunidad a ultranza, donde las posibilidades de ser atrapado son escasas, con una clase política experta en hacer barquitos de papel legal, el resultado previsible es que seguirán reproduciéndose las insuficiencias de formación, el entorno dañino para las criaturas, el enemigo en casa, la sociedad.
La cuestión no es ofrecer incentivos, sino una salida con el mayor beneficio tanto individual como colectivo. Es el dilema del prisionero, aunque con ciudadanos apresados en las condiciones precarias o deslumbrados por las promesas de una carrera criminal exitosa.
La prevención, cuando no hay castigo en el otro extremo de la soga, ni un comisario que haga valer la placa, se parece a una suma incompleta, y en esas condiciones, el único recurso disponible, inacabable, un tanto inútil, es conjeturar.
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