"Yo soy como soy; si espantoso o guapo, depende de quién sea nombrado juez".
Herman Melville
Ste próximo 30 de noviembre concluyen los períodos de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su remplazo tendrá consecuencias importantes. Los nuevos ministros servirán durante 15 años y dejarán una huella jurídica significativa.
La reforma judicial de 1994 es, a mi juicio, el mayor legado de Ernesto Zedillo. Los dos ministros que terminan su gestión fueron, de hecho, nominados por Zedillo en 1995. No sorprende que Sánchez Cordero se haya caracterizado por ser una activista jurídica, incluso de izquierda, mientras que Silva Meza haya sido conservador y creyente en la función limitada de la Corte como intérprete y no como creadora de leyes o derechos. El entonces presidente Zedillo no buscaba impulsar una filosofía jurídica ni premiar a excolaboradores o aliados sino que eligió a jueces de carrera. Más tarde vinieron académicos, pero no políticos. Esta filosofía se mantuvo en buena medida en los siguientes sexenios hasta que el presidente Enrique Peña Nieto la rompió en este 2015, al postular a Eduardo Medina Mora a la Corte pese a no tener experiencia ni como juez ni como jurista.
Quizá por su falta de experiencia, Medina Mora se ha quedado a veces solo. En agosto, por ejemplo, fue el único ministro que votó en contra de declarar inconstitucional una disposición de Campeche que negaba a las parejas del mismo sexo el derecho de adoptar niños.
Hoy parece que el presidente Peña se apresta una vez más a impulsar una designación política. Raúl Cervantes, dos veces diputado federal y actual senador con licencia del PRI, está buscando la nominación a una de las dos próximas vacantes. Cervantes tiene un doctorado en derecho y ha encabezado un despacho de abogados, pero no ha sido juez ni tiene trayectoria en investigación jurídica. Su experiencia ha sido eminentemente política. Fue presidente del Senado apoyado por Peña y pidió licencia en septiembre de 2014 para aspirar a la Corte.
Pese a lo que algunos argumentan, no pienso que Cervantes esté impedido legalmente de ser ministro de la Corte. Su licencia del Senado se hizo a tiempo y como marca la ley. Si bien su exesposa, la empresaria Angélica Fuentes, levantó una denuncia en su contra por actos de violencia, Cervantes no ha sido condenado por ningún delito con pena de más de un año de cárcel. El requisito de "gozar de buena reputación" es, por supuesto, subjetivo. Lo que realmente preocupa, así, es que el presidente rompa con el principio de proponer para la Corte a jueces o juristas y regrese a la vieja práctica de nominar a políticos.
La Suprema Corte se ha convertido en esta nueva etapa en una verdadera fuerza jurídica y moral porque ha sido independiente y ha evitado la partidización. Sería lamentable hoy impulsar a candidatos como simples representantes de partidos políticos. De igual manera preocuparía un sistema de cuotas que estableciera que los nuevos ministros tienen que ser necesariamente mujeres.
En este momento sólo cinco de los 11 ministros son jueces de carrera. Lo más correcto sería escoger entre jueces y magistrados a dos -hombres o mujeres-- respetados por los propios colegas por su capacidad y honestidad. Ésos serán los mejores ministros. aunque no estén ahí para servir al presidente.
Cuando Zedillo postuló al primer grupo de ministros del actual sistema, entre ellos a Silva Meza y a Sánchez Cordero, ni los políticos ni los periodistas sabían quiénes eran. Fue una buena señal. Veinte años después sería un retroceso regresar al sistema de nombrar a políticos que representen a un presidente o a un partido.
Sobre la liberación de cuatro militares en el caso Tlatlaya, el abogado Juan Velásquez dice que las pruebas de la acusación son sólo afirmaciones contradictorias de tres mujeres. Añade que no tiene sentido pensar que los militares habrían cometido una ejecución masiva y dejado vivas a estas mujeres para que testificaran en su contra.
(Internacionalista)
Twitter: @SergioSarmiento
